Cae parte del techo de una aula del colegio San Ignacio y se acentúa la incertidumbre ante el estado de este centro de San Fernando. IU pide a Cavada que garantice que no se va a cerrar el colegio San Ignacio en San Fernando.

La Fiscalía da traslado del caso denunciado por Plataforma 3R a raíz de los reparos del interventor tratados en pleno para que se abran diligencias judiciales. Según la formación, se consideran "inicialmente responsables penalmente" a 5 concejales del gobierno municipal y a 2 funcionarios, jefes de servicio.

El equipo de gobierno subraya que se trata de una recomendación que hace la institución y recuerda que la dirección facultativa de la obra sigue defendiendo lo correcto de la actuación, aunque en su momento se optara por acatar la resolución de Cultura para rehuir la polémica y no empañar la rehabilitación del Consistorio. El expediente sancionador de Cultura supuso una multa de 3.000 euros para el Ayuntamiento.

La Guardia Civil descartó en febrero cualquier indicio de ilícito penal tras la denuncia de Plataforma 3R. La formación, que carece de representación y que no se presentó a las elecciones, apuntó a una posible relación de connivencia entre la empresa que hacía las obras en el inmueble y el Ayuntamiento isleño al habérsele adjudicado un contrato.

La investigación abierta tras la denuncia presentada en 2021 por la formación política Plataforma 3R lleva al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 a abrir diligencias. Loaiza anuncia que el PP se personará en la causa en los próximos días. Ambas formaciones exigen la salida inmediata de la edil del gobierno municipal y elevan a presión sobre el ejecutivo al cuestionar las razones por las que Cavada no la ha cesado aún.

"El objetivo que nos mueve a ambos partidos es la defensa de la legalidad", dice José Loaiza.

Plataforma 3R considera que se "acata el requerimiento de la legalidad de la Junta de Andalucía" al dar por sentado que dicho lote incluye las banderas que se colocarán en el Ayuntamiento, donde todavía no se han colocado desde su reapertura.

La formación política local cuestiona que la propuesta tenga el visto bueno de Patrimonio para un entorno BIC.

Reclama que se den cuenta con detalle del uso y destino que se dan a los 370.000 euros al año que reciben de las arcas públicas.

Pide al gobierno local que tome "medidas serias" frente a las compañías suministradoras.