Apena que la labor de muchas gentes de bien en la Iglesia se vea eclipsada por las conclusiones del extenso informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre los abusos sufridos por menores de edad en el ámbito eclesial español. Me vienen a la cabeza los nombres de nuestros curas paisanos Pedro Gómez y Pepe Chamizo, y de otros contemporáneos suyos ya fallecidos como Sebastián Llanes, Andrés Avelino, Curro Correro o Francisco Rubiales. Todos ellos dedicaron o dedican aún su vida en favor de los marginados y de todo aquel que llama a sus puertas en demanda de ayuda. No cabe en la cabeza que bajo el mismo paraguas hayan podido desarrollar su labor personas de tanto mérito como las citadas y sátrapas capaces de atentar contra chavales indefensos. En el caso del Campo de Gibraltar, el informe constata la existencia de denuncias por presuntos abusos cometidos en un colegio de Algeciras, que vincula a la orden de los Trinitarios, y en el colegio Salesiano San Juan Bosco, de La Línea de la Concepción.

El Defensor ha sacado a la luz una realidad ocultada a conciencia hasta hace pocos años y ha puesto sobre la mesa la necesidad de reparar el daño causado. Y, tanto o más importante, nos recuerda la obligación de evitar nuevos casos. En España y según la encuesta presente en el informe, la cifra orientativa de víctimas en el ámbito religioso católico se elevaría a unas 440.000 personas, equivalentes al 1,13% de la población. De ellas, casi la mitad habrían sufrido abusos por parte de sacerdotes o religiosos, y el resto, a manos de laicos que trabajaban en sus instituciones.

Los crímenes más horrendos son los cometidos contra quienes carecen de cualquier modo de defensa y también de capacidad para denunciarlos posteriormente, ya sea a causa del trauma sufrido y/o la ausencia de medios para sacarlos a luz. Prácticamente y hasta la llegada del papa Francisco al pontificado en 2013, la Iglesia católica había contribuido en muchas ocasiones a ocultar los casos de pederastia cometidos en su seno. Era habitual, de hecho, que los religiosos implicados fuesen trasladados sin más a otros destinos, sin que las denuncias en su contra llegasen a los tribunales de justicia y sin ofrecer a las víctimas un apoyo más que necesario.

Francisco no solo ha atendido a muchas víctimas de manera personal, sino que dio pie a la creación, en 2014, de la llamada Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. A ello sumó la promulgación, en 2019, de dos leyes canónicas, que obligan a los obispos a abrir procesos contra cualquier denuncia de la que tengan conocimiento, y el levantamiento del llamado secreto pontificio, para que las autoridades civiles tengan acceso a la documentación que las diócesis tengan en su poder respecto a casos de pederastia.

El 11,7% de las personas entrevistadas dijo haber sido víctima de abusos sexuales durante su infancia o adolescencia

La pederastia es un mal extendido en toda la sociedad: el mismo informe revela que el 11,7% de las personas entrevistadas dijo haber sido víctima de abusos sexuales durante su infancia o adolescencia -especialmente en el ámbito familiar-, situándose ese porcentaje en el 17% de las mujeres y en el 6% en el caso de los hombres.

No se trata de criminalizar a la Iglesia como responsable de lo ocurrido, sino de exigir a sus responsables que actúen conforme a lo que predican y aparquen de forma definitiva una mala entendida indulgencia con los culpables de estos delitos. A la hora de elaborar el informe, las diócesis españolas han cooperado de forma desigual con el Defensor, dándose el caso de que hubo obispos que “riñeron” a la institución por hacer su trabajo, según ha dejado constancia su titular, Ángel Gabilondo. De acuerdo al principio de “tolerancia cero” con la pederastia dictado por el papa, la Conferencia Episcopal tiene una gran oportunidad para hacer público su respaldo total a las víctimas, su voluntad de compensarlas por su sufrimiento, su condena a los responsables de los hechos y su voluntad inequívoca de colaboración con las autoridades civiles para esclarecer hasta el final las denuncias.

"Lo sabían y dejaron que ocurriera. Podías haber sido tú, podía haber sido yo. Cualquiera de nosotros", se lamenta en Spotlight el actor que interpreta a Mike Rezendes, uno de los cuatro periodistas del equipo de investigación del Boston Globe que, a comienzos del S.XXI, destapó centenares de abusos a menores por parte de decenas de religiosos en aquella ciudad. Que el camino recorrido hasta ahora sirva para algo más que para hacer películas y ocupar páginas en los medios de comunicación.