La Oficina del Defensor del Pueblo ha localizado casos de abusos sexuales en la iglesia católica en Algeciras y en La Línea dentro de la profunda investigación realizada para la elaboración de un informe, encargado por el Congreso de los Diputados, que reúne los testimonios de 487 víctimas. 

En el anexo del documento, donde se recoge una tabla con la localización de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que le fueron comunicados durante el periodo de recogida de información y elaboración (del 1 de julio de 2022 al 9 de octubre de 2023), el Defensor del Pueblo cita al menos un caso en un colegio de Algeciras por determinar que vincula a la orden de los Trinitarios y que fue atendido por la Unidad de Atención a las Víctimas creada para abordar los trabajos. También aparece al menos un caso en el colegio Salesiano San Juan Bosco, de La Línea, que fue atendido por la misma unidad y que además aparece en distintas fuentes de la propia Iglesia católica, así como en una investigación previa realizada por el periódico El País.  

El listado incluye todos los casos reportados, sin descartar ninguna alegación, al margen de si estaban comunicados o no a la justicia civil o canónica, o si estaban prescritos, archivados o resueltos. Cada localización no implica necesariamente un solo agresor y una sola víctima. 

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho entrega este viernes a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, del informe, de 777 páginas y titulado Una respuesta necesaria. La Conferencia Episcopal Española ha convocado una asamblea el 30 de octubre para valorarlo.   

La atención a las víctimas ha sido el trabajo de un equipo formado por especialistas contratados para la ocasión (tres psicólogos, una trabajadora social, una criminóloga y un abogado-psicólogo sanitario, que han contado con el apoyo administrativo de dos personas). Las primeras víctimas fueron atendidas el 6 de julio de 2022.

El Defensor del Pueblo ha cumplido con el resultado de esta investigación con la encomienda recibida del Congreso de los Diputados tras la aprobación de una Proposición no de Ley (PNL), el 10 de marzo de 2022, que contó con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos de la Cámara Baja. 

“Se trata de un informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”, ha afirmado Ángel Gabilondo, quien ha puesto de relieve la importancia que las víctimas han tenido en todo momento a la hora de abordar los trabajos que ahora concluyen: “Las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este informe”.

El informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema. "Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos".

El equipo de Gabilondo reconoce que la Iglesia católica es una institución plural y que la Comisión Asesora, creada ad hoc, pudo detectar buenas y malas prácticas. Y el informe admite “el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida”.

Por su parte, los poderes públicos "carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica". "Sólo muy recientemente, el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada. La mayoría de casos que han llegado a ser denunciados, pese a ser una muy pequeña parte de la realidad del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial".

Recomendaciones

El informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020. La creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica. Así como diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y para prevenir hechos similares. Además, entre las recomendaciones se incluye que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos. 

Ángel Gabilondo, que ha dirigido los trabajos y presidido la Comisión Asesora de expertos, subraya que el Informe se ha configurado sobre la base de testimonios de las víctimas. “Escucharlas es encontrarse con la voz y la experiencia de un dolor. Y lo sucedido es para ellos y para la sociedad un verdadero desastre”. Y resalta, “el Defensor del Pueblo no tiene como misión juzgar, no es juez. No tiene como misión legislar, no es el legislador. Más bien analiza, pregunta, estudia, investiga y recomienda y sugiere”.

Los testimonios recogidos de la escucha respetuosa a las víctimas revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas. “En ningún caso el número de testimonios pretende dejar determinado el alcance cuantitativo del problema. Lo importante, cuando se ofrece un determinado número de testimonios de víctimas, es tener presente la singularidad personal de cada una de ellas y la inviabilidad de reducirla a una cifra en una contabilidad”, subraya el Defensor del Pueblo.

La mayoría de las víctimas conocidas son hombres. Y solo una pequeña parte de las personas acusadas de haber cometido abusos han sido juzgadas por parte de las autoridades civiles. La mayoría fueron mantenidas en sus puestos, trasladadas o, en menor medida, juzgadas a través de Derecho Canónico.

El 1,13% de la población adulta actual —unas 440.000 personas de 38,9 millones de adultos, aunque Gabilondo eludió calcularlo—, ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según la encuesta demoscópica para conocer la realidad de los abusos incluida en el informe, con entrevistas a más de 8.000 personas.