Me pregunto si los que se declaran defensores de la España plural saben lo que dicen. O de la España inclusiva, o de cualquier otra España adjetivada según la dosis de esnobismo que haya absorbido el consumidor de su hábitat. Quisiera llevar yo hasta sus moderadas inteligencias la idea de que la pluralidad empieza en dos y de que la genética nos informa de que no hay dos individuos iguales; bien que lo sean ante la ley, como lo son en España y demás reductos de gran parte del mundo civilizado. De ahí, la inclusión, ya implícita en el concepto de democracia, que es el sistema que impera a este lado del globo. No obstante, y con las reservas que impone la observación del lenguaje aludido por esos prójimos, me atrevo a sugerirles que traten de comprender en profundidad y extensión esos calificativos que emplean cuando les viene a cuento.

Pluralidad e inclusión son atributos sine qua non podríamos circular con comodidad por un Estado democrático de derecho; en el que estamos por hipótesis. Para serlo, es necesario y suficiente que ese Estado haya sido estructurado sobre una Constitución que preserve los principios de libertad y respeto, haciendo de este último un indicador de los límites que aquella no debe jamás sobrepasar, so pena de que nos invada el caos y no haya más remedio que imponerlo por la fuerza, quizás erosionando la libertad del individuo y de los colectivos. La violencia es patrimonio del Estado, nos decía el filósofo alemán Max Weber, que aunque no vivió mucho -murió con 56 años- tuvo tiempo de dejar dichas unas cuantas cosas importantes, tanto que ahí están, desafiando la mediocridad creciente sobre la que transcurren los acontecimientos.

La violencia, que puede ser verbal y lo es cuando atenta contra la dignidad de las personas, de las instituciones y de las creencias, no debe ser ejercida más que por el Estado y a través de organizaciones jerarquizadas -las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad- donde no caben planteamientos democráticos. Recuerdo con qué vehemencia se refería a esta cuestió Antonio García-Trevijano, el gran pensador granadino, cuando trataba de hacer comprender al personal la inevitable necesidad que tiene el Estado de recurrir a la violencia para imponer su autoridad y garantizar la libertad de sus ciudadanos. Así como la de la "subyugación ideológica" de la que hablaba Gramsci, para asegurar y fortalecer la viabilidad y habitabilidad del sistema.