La junta de portavoces del Ayuntamiento de Sanlúcar ha acordado instar a la Junta de Andalucía a que amplíe el plazo de “solo 24 horas” fijado para la presentación de solicitudes al Plan de Empleo de Playas Seguras 2020, que prevé la contratación de 52 vigilantes para la temporada veraniega en la ciudad, según ha informado el Gobierno local PSOE-Ciudadanos (Cs).

En su última reunión por videoconferencia del estado de alarma –el 30 de junio se celebrará un pleno ordinario “semipresencial” con una representación de los distintos grupos políticos de la Corporación municipal-, la junta de portavoces ha abordado dicho programa autonómico lamentando que “además de ser muy breve el plazo de presentación, existen numerosos problemas técnicos para poder realizar la solicitud, ya que incluso los correos electrónicos les vienen devueltos a los solicitantes”.

En su valoración de la videoconferencia municipal, IU ha criticado, además, que el Gobierno autonómico “ha vuelto a engañar” a los ciudadanos anunciando empleos con un sueldo “neto” de 1.900 euros, “cuando la realidad es que se quedará finalmente en 1.288 euros”.

En relación a este asunto, la coalición izquierdista ha lamentado que el Gobierno municipal “no pida explicaciones a la Junta por esta nueva burla a todos los sanluqueños”, además de censurar el “silencio” de las organizaciones locales del PP y Cs, los partidos que gobiernan en Andalucía.

En el mismo ámbito, la junta de portavoces del Consistorio también ha acordado pedir a la Administración autonómica que “en los próximos planes de empleo que ponga en marcha rectifique lo relativo a los sueldos de los contratados y permita a los ayuntamientos realizar los contratos según estipulen sus respectivos convenios, en lugar de estar limitados por parte de la Junta”.

En otro orden de cosas, el equipo de Gobierno ha informado a dicho órgano municipal que el Ayuntamiento se ha acogido al denominado Fondo de Impulso Económico con casi cuatro millones de euros.

De esa cantidad, dos millones serán para “dar por zanjada la deuda de casi 17 millones de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir”, entidad ya disuelta; y los casi dos millones restantes, para “hacer frente a la sentencia que obliga al Consistorio a devolver a la empresa –constructora- Chavsa el importe que abonó en el año 2007 por unos terrenos que el Gobierno local de entonces vendió como urbanizados y que nunca se urbanizaron”. Dicha firma privada “reclamó la reversión del dinero más los costes, lo que ha supuesto finalmente un montante de 4,5 millones de euros”.