El juicio por el caso Convenios Urbanísticos, que pretende esclarecer la supuesta adjudicación irregular de obras públicas entre los años 2007 y 2011 al constructor Felipe Castellano por parte del Ayuntamiento de Rota, gobernado entonces por Roteños Unidos y el Partido Popular, dio paso este martes a la práctica de la prueba testifical con la declaración de las dos personas que ejercieron como interventores en el Consistorio roteño a la fecha de los hechos, uno como titular y otro de forma accidental.

Ambos coincidieron en señalar que los tres convenios urbanísticos firmados entre el Ayuntamiento de Rota y la promotora de Castellano se suscribieron sin los preceptivos informes de Secretaría y de Intervención, si bien, matizaron, se adjuntaron al expediente a posteriori, después incluso de su aprobación definitiva. Los dos testigos indicaron al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz que estos informes deberían haberse adjuntado previamente. 

El primero en declarar fue el interventor titular, quien ocupó este cargo desde enero de 2009 hasta mayo de 2010. Este testigo ratificó, como ya hicieran los ex alcaldes y también acusados en este procedimiento Eva Corrales y Lorenzo Sánchez, que uno de los convenios por los que se adjudicó a Castellano la ejecución de varios proyectos urbanísticos se aprobó inicialmente en Junta de Gobierno "por vía de urgencia" y "sin que se aportaran los informes" preceptivos de Secretaría e Intervención. Esto se hizo así, argumentó, para cumplir con los plazos establecidos por el Gobierno para conceder las ayudas Reindus y justificar así las obras y su facturación ante Industria.

"Fue todo mi urgente", manifestó ante el tribunal el que fue interventor en Rota. "No tenía el contenido completo de los convenios, de ahí que yo requiriese que se incorporasen los informes y garantizar así la seguridad jurídica del asunto". "Esa fue mi preocupación -insistió- poner de manifiesto que no dispuse del tiempo necesario para comprobar todos los aspectos que debían confirmarse". "Menos mal que advertí que faltaban. Sin ellos, las garantías no hubiesen sido las mismas", apostilló este testigo.

Cuestionado por el fiscal sobre por qué se aprobaron los convenios de manera definitiva sin los referidos informes, el ex interventor dijo que no lo recordaba. "No debería haberse hecho así", aclaró no obstante.

Los otros dos convenios urbanísticos fueron aprobados "de manera ordinaria" en Junta Gobierno", afirmó el que fue interventor. "Si los vi en el orden del día, entendí que estaban conclusos, es decir, completos". Sin embargo, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, también carecían de los preceptivos informes de legalidad.