Los ex alcaldes de Rota Eva Corrales (PP) y Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos) regresaron ayer a la Audiencia Provincial de Cádiz para rendir de nuevo cuentas ante la Justicia por el caso conocido como Convenios Urbanísticos.

Con ésta, es la tercera vez que ambos ex regidores roteños coinciden en el banquillo de los acusados. Ya lo hicieron en el año 2015 por el caso Uniformes y en 2016 por el caso Horas Extra.

En esta ocasión, la Fiscalía Anticorrupción los procesa por firmar tres convenios urbanísticos entre 2007 y 2011 con los que supuestamente enmascararon una adjudicación directa de obras públicas a un conocido promotor roteño, Felipe Castellano, también acusado en este procedimiento.

Según el fiscal, con estos convenios el Ayuntamiento de Rota asumía la obligación de entregar un dinero procedente de subvenciones púbicas, en concreto, de las ayudas Reindus y del Fondo Estatal de Inversión Local del Plan E, a las empresas de Castellano a cambio de que éste comprase materiales de construcción y equipos de protección a las sociedades del que fue líder de Roteños Unidos.

Lorenzo Sánchez y Eva Corrales ofrecieron ayer ante el tribunal de la Sección Tercera versiones muy parecidas sobre las circunstancias “legales” en las que se firmaron estos convenios, aunque mantuvieron actitudes bien diferentes. Corrales, visiblemente nerviosa, rompió a llorar en un momento de su declaración cuando interpretó, de forma errónea, que el fiscal se había reído de una de sus respuestas. “No se ría, esto es muy serio”, le reprochó. Lorenzo, sin embargo, se mostró más seguro en su intervención, aunque sacó un folio de su bolsillo con anotaciones y fechas escritas a mano que le ayudaron a refrescar sus respuestas. “Hace ya muchos años de esto, hay cosas que no recuerdo”, manifestó.

"No dudé del celo y la profesionalidad de los técnicos municipales"

Fundamentalmente, Sánchez y Corrales vinieron a decir que suscribieron los convenios urbanísticos para la construcción de varios viales, un polígono industrial, un colegio y un centro de salud confiando plenamente en la legalidad jurídica y política de los mismos y en la labor de los técnicos municipales, a los que atribuyeron la responsabilidad última.

Los dos ex alcaldes admitieron que estos acuerdos se aprobaron inicialmente sin los informes preceptivos de Urbanismo, Intervención y Planeamiento aunque dieron órdenes para que se adjuntaran posteriormente al expediente. “No dudé del celo y de la profesionalidad de los técnicos municipales que se encargaron de esta tarea. La tramitación no era responsabilidad mía, es más, yo no tenía la facultad para desempeñar esa función”, dijo Eva Corrales.

Por su parte, Lorenzo Sánchez habló de “una cuestión de oportunidad”. “El objetivo de uno de los convenios era desarrollar un polígono industrial. Hacía 15 años que no se construía una nave en Rota. Nadie le metía mano a este asunto desde 2007 pese a ser una demanda ciudadana, así que nos planteamos impulsar este proyecto, en plena crisis, siempre amparados en el interés público”, aseveró el ex regidor de RRUU.

Bajo el paraguas de esta misma línea defensiva, la ex alcaldesa del Partido Popular, a la fecha de los hechos concejala de Planeamiento, apostilló que el convenio para la construcción de las naves nido se aprobó por vía de urgencia “para no perder las ayudas Reindus” a las que estaba ligado. “No ocultamos nada ni a Industria ni al Gobierno. Tuvieron constancias de todo lo que hicimos”.

"El objetivo era impulsar el suelo industrial de Rota"

Con ese “todo”, Corrales se refirió a la emisión de varias facturas (una de ellas, por importe de 2,6 millones de euros) que se abonaron a la promotora de Castellano antes incluso de que se aprobara definitivamente el convenio. “El objetivo único era impulsar el suelo industrial de Rota y para ello teníamos que aprovechar las ayudas Reindus”, expuso Corrales, quien, a preguntas del fiscal, negó que se emitieran estas facturas para justificar ante Industria proyectos que ni siquiera estaban ejecutados (y que tardaron años en materializarse).

Los convenios suscritos, insistieron los ex regidores roteños, tenían “sostén legal”, “solidez económica”. Además, “fueron aprobados por unanimidad por la Junta de Gobierno y el plenario, es decir, por los mismos miembros del PSOE que hoy son querellantes”. “Aquí [en el banquillo] estamos Eva y yo, pero esto lo aprobó toda la Junta de Gobierno, incluidos el secretario y el interventor”, recalcó Sánchez. “No tener ni un voto en contra nos dio una tranquilidad inmensa”, remató.

Cuestionado por el fiscal sobre el incremento de las ganancias de las empresas Coanda Costuras, Epis Rotasur y Pacheco Puyana –las tres sociedades en las que Sánchez tenía intereses particulares– durante la tramitación de estos convenios, el ex regidor de RRUU dijo que desconocía este dato aludiendo a que ya no tenía participación en las mismas.

Respecto a las empresas “invitadas” a ejecutar los proyectos urbanísticos, de las que resultó elegida la sociedad de Castellano, Sánchez afirmó que no era competencia suya realizar esas invitaciones. “Lo hacía Contratación”, concluyó.