-¿En qué situación se encuentran los juzgados gaditanos después de dos meses con una actividad mínima?

-La situación es preocupante. La paralización de la actividad ha sido casi total. Sólo se han practicado las actuaciones esenciales. Esto supone que muchos juicios se han suspendido y ahora hay que volver a encontrar fecha para ellos, lo que no es fácil debido a que las agendas de los juzgados ya estaban saturadas en muchos casos.

Además, se prevé una avalancha de asuntos en materias especialmente afectadas por el estado de alarma, como despidos, ERTES y ERES, divorcios, otros asuntos de familia, concursos de acreedores... lo que viene a agravar esa saturación.

Finalmente, no podemos olvidar que no será fácil dar salida a la enorme cantidad de escritos y solicitudes que se han ido presentando durante estas últimas semanas, cuando el Ministerio y el CGPJ habilitaron la posibilidad de presentarlos sin que al mismo tiempo levantara la suspensión de los plazos procesales. Es decir, los escritos se han presentado pero no se han podido tramitar, por lo que se han quedado atascados en el juzgado.

-Parece que el CGPJ y el Gobierno van de la mano a la hora de adoptar medidas encaminadas a descongestionar el atasco de judicial que se avecina. ¿Qué valoración hace de esas medidas?

-La coordinación entre el Ministerio, las comunidades autónomas y el CGPJ era imprescindible. En la Administración de Justicia las competencias están muy fragmentadas. Este modelo es ineficaz y esta crisis ha venido a poner de manifiesto todas las debilidades del sistema. Al final, ha sido el Ministerio de Justicia el que en buena medida ha asumido el mando y va marcando el ritmo.

En cuanto a las medidas propuestas, algunas son lógicas en el actual contexto sanitario, como las relativas a la limitación de aforo en las salas de vista, la limitación de acceso a los edificios judiciales o el uso de medios tecnológicos.

Otras son puramente cosméticas, para dar la apariencia de que se ha hecho algo, como por ejemplo la habilitación de 20 días del mes de agosto o que se declaren preferentes durante este año 2020 determinados procedimientos. Si un juzgado estaba saturado antes del estado de alarma y estaba señalando los juicios para el año 2021, de nada sirve que la ley declare preferentes algunos procedimientos: hasta 2021 no hay hueco en la agenda para celebrar esos juicios.

-Habilitar días de agosto así como más salas de vistas, celebrar juicios telemáticos, programar jornadas de teletrabajo... ¿Estos planteamientos sirven de algo si no van acompañados de una verdadera inversión?

-En absoluto. Los juicios telemáticos sólo se pueden celebrar si se dispone de los medios necesarios, incluyendo programas seguros que permitan la comunicación. El teletrabajo exige que las personas que tienen que teletrabajar dispongan de los equipos para hacerlo, lo que no sucede en Justicia de forma generalizada. En Andalucía los jueces sí disponíamos de firma electrónica y posibilidad de acceso remoto al expediente digital. Los funcionarios, en cambio, no. El juzgado es un equipo, si los funcionarios no tramitan, lo jueces no podemos resolver nada.

En cuanto a la habilitación de parte del mes de agosto, es una medida que apenas tiene efecto práctico y, por el contrario, causa un enorme perjuicio a abogados y procuradores. Estos colectivos se han opuesto radicalmente a esta medida, con razón, por el grave perjuicio para su vida personal y familiar. Por eso desde Francisco de Vitoria pedimos en su día que no se adoptase esta medida sin el consenso de estos profesionales. Mucho más eficaz resulta, como también propusimos, concentrar las vacaciones de todo el personal en agosto, como finalmente parece que sucederá en la práctica.

-Decía usted recientemente en un artículo de opinión que hace falta más dinero y menos normas. Explíquese.

-Lo que quiero decir es que nuestros gobernantes, cuando se enfrentan a un problema (por lo menos en el ámbito de la Justicia), parecen estar más preocupados en salvar su imagen pública que en solucionarlo. Aprueban una ley que establece en teoría un remedio, le dan publicidad a esa norma y con eso dan por zanjado el tema. No se involucran en la aplicación posterior de ese remedio. Pero a los ciudadanos que acuden a los juzgados no les interesa la teoría, sino la práctica. De nada sirve que la ley disponga que el juicio se celebrará en el plazo de diez días si en España el número de jueces por cada 100.000 habitantes  es aproximadamente la mitad de la media europea, porque entonces el juicio se celebrará cuando se pueda. El papel, es decir, la ley, lo aguanta todo, pero la realidad exige planificación y dinero.

-¿El coronavirus ha dejado en evidencia las carencias tecnológicas de una administración anclada en el pasado respecto a otras?

-Totalmente. Y lo ha hecho en dos sentidos. En primer lugar, la administración de Justicia ha tenido que paralizarse casi en su totalidad porque carecía de los medios tecnológicos necesarios para seguir desarrollando su actividad sin la presencia física de profesionales y ciudadanos en las sedes judiciales. Obviamente, no todas las actuaciones judiciales se pueden realizar de forma telemática, pero ni siquiera las que sí pueden hacerse de esta manera han podido salvarse de la suspensión durante el estado de alarma. Esto se debe a la falta de avances en la modernización de la Justicia.

En segundo lugar, esta crisis ha puesto de relieve la incapacidad de esta administración para adaptarse a las nuevas necesidades tecnológicas. Mientras que en otros ámbitos hemos visto cómo las administraciones han sido capaces de dotar a parte de su personal de medios para poder teletrabajar, esto ha sido imposible en Justicia. En parte, se debe a la fragmentación de las competencias entre el Ministerio, las comunidades autónomas y el CGPJ, que es ineficaz. Y en parte, a la escasa importancia que nuestros gobernantes dan a la Justicia desde el punto de vista presupuestario.

-Si tuviese usted luz verde, presupuestaria y legislativamente hablando, para reactivar la ya de por sí pesada maquinaria judicial. ¿qué propondría?

-Desde Francisco de Vitoria enviamos al Ministerio y al CGPJ un plan con las medidas esenciales que considerábamos necesarias para reanudar la actividad judicial y salvar del colapso a nuestros juzgados. Básicamente, pensamos que son necesarios planes de refuerzo específicos para atender los nuevos asuntos que tengan su origen en la pandemia y el estado de alarma y para que puedan celebrarse en un plazo razonable los juicios que han tenido que suspenderse durante estos meses.

Pero esto es coyuntural. Para que nuestra Justicia de el salto de calidad que necesita hace falta un planteamiento global. Hay que replantear el reparto de competencias entre las distintas administraciones, hay que reorganizar nuestro sistema de juzgados y tribunales, hay que revisar las leyes procesales, hay que incrementar las plantillas, hay que modernizar las herramientas tecnológicas de las que disponemos y hay que impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Todo ello de forma ordenada y con inversión suficiente.

Hay que invertir más pero también invertir mejor. Sobre todo es imprescindible que los responsables políticos asuman que una justicia moderna es un factor clave para una sociedad más respetuosa con los derechos de los ciudadanos. Pero también es necesario que los ciudadanos tomen conciencia de que sin una justicia eficaz sus derechos son papel mojado. ¿Qué justicia queremos? Eso es lo que los ciudadanos debemos preguntarnos.

-¿Cómo es su día a día en la fase 1 de la desescalada al frente de un juzgado de Violencia sobre la Mujer? ¿Ha aumentado el número de casos de violencia machista durante la pandemia? 

-La fase 1 de la desescalada en Justicia no ha supuesto gran novedad con respecto a la fase 0, porque las actuaciones judiciales y los plazos procesales siguen suspendidos, salvo en los asuntos declarados esenciales. Sólo se ha notado en cuanto a la presencia de funcionarios, que ha aumentado hasta el 30-40% de la plantilla.

En los juzgados de Violencia sobre la Mujer, como buena parte de nuestras actuaciones son esenciales (detenidos y órdenes de protección), hemos mantenido una actividad más alta que otros juzgados durante todo el estado de alarma. No hemos contado con medios especiales para el estado de alarma. Nos hemos arreglado con lo que teníamos más las herramientas que poco a poco nos han ido facilitando a todos los juzgados, especialmente de cara a poder celebrar comparecencias por sistemas de videollamada.

El número de asuntos que estamos teniendo en el juzgado durante el estado de alarma es equiparable en términos generales a los periodos de normalidad.