La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto al alcalde socialista de San José del Valle, Antonio González, del delito de prevaricación por el que venía siendo acusado tras no derribar una edificación ilegal de un vecino del pueblo y tampoco imponerle una multa económica por construir sin licencia.

El tribunal de la Sección Octava, con sede en Jerez, no aprecia que el primer edil vallense “haya dictado resoluciones arbitrarias tendentes a imponer su propia voluntad al margen de la legalidad vigente”.

La Fiscalía, única acusación personada en este caso, solicitaba para el regidor de San José del Valle la pena de 12 años de inhabilitación.

Esta causa se inició en el año 2015, cuando la Policía Local denunció que un vecino de la barriada de los Alcornocalejos había construido en su parcela una vivienda de unos 60 metros cuadrados con porche y una piscina desmontable, parcialmente bajo rasante, de unos 20 metros cuadrados. Ambas edificaciones, según un informe elaborado por un técnico del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), eran ilegales al encontrarse en una vía pecuaria, especialmente protegida desde el punto de vista urbanístico.

A partir de esta denuncia, Antonio González acordó en 2016 incoar dos expedientes, uno sancionador por la realización de obras sin licencia y otro de restauración de la legalidad urbanística, esto es, de derribo.

No obstante, tal y como apunta la sentencia, fue el propio González el que meses más tarde decidió archivar sendos expedientes al tener conocimiento de que el vecino denunciado estaba realizando los trámites oportunos ante la Junta de Andalucía para intentar legalizar la obra ejecutada.

Respecto al expediente de derribo, el tribunal entiende que el alcalde del Valle resolvió su archivo de una forma “contraria a Derecho”. Ahora bien, subraya que el primer edil no ‘aparcó’ este archivo objeto de controversia. “Consta acreditado que González requirió al vecino para que le informara sobre la solicitud de legalización ante la Junta” así como su “contacto con técnicos de la administración autonómica para conocer el estado del expediente”.

Según la resolución judicial, la actuación de Antonio González pone de manifiesto que no archivó el expediente sin más, sino que pese a las ilegalidades cometidas en la tramitación del mismo, finalmente dictó un nuevo decreto “con el claro propósito de restaurar la legalidad urbanística infringida”.

Por lo que se refiere a la gestión dada al expediente sancionador, el tribunal considera que el alcalde de San José del Valle lo archivó en un primer momento de manera “irregular” y sin ajustarse a la legalidad procedimental, si bien, incide, “no se aprecia que el acusado haya dictado resoluciones arbitrarias tendentes a imponer su propia voluntad al margen de la legalidad vigente”, en tanto que acabó incoando un nuevo expediente sancionador al dueño de la finca.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.