Al cierre del ejercicio 2018 se obtuvo un superávit de 41 millones de euros. “No me gusta hablar de superávit. Lo razonable sería dedicarlo a inversiones productivas, con incidencia en la sociedad de la provincia de Cádiz, y no para reducir la deuda con los bancos. Pero con la actual legislación, no es posible”, dijo el diputado provincial Jesús Solís.

La actual Ley de Estabilidad Presupuestaria establece una regla de gasto con límites estrictos, que impide que una institución -aún saneada- pueda invertir todo lo que su capacidad económica y financiera permite. En el año 2018, el techo de gasto para la Diputación de Cádiz se fijaba en 175 millones de euros, si bien finalmente dicho ejercicio se cerró con 182 millones efectivamente invertidos.

La diferencia, de 7 millones de euros supone “un incumplimiento de la regla de gasto”, según reconoció Jesús Solís, que se compensa con los datos del resto de principios que determinan la estabilidad y sostenibilidad de una administración pública: es el caso del superávit, cifrado en 41 millones de euros, o el ratio de endeudamiento que se sitúa en el 56% de los recursos corrientes y que se ha reducido en casi 50 puntos desde el inicio del mandato corporativo.

El desfase en la regla de gasto no supondrá ninguna consecuencia onerosa para la Diputación de Cádiz, según explicó Solís, que sí tendrá que comprometerse a no rebasar dicho límite en los dos próximos ejercicios. El responsable de Servicios Económicos añade una repercusión positiva: la regla de gasto se determina en función de las inversiones del año anterior, más un índice adoptado por el Consejo de Ministros. Por tanto, el próximo límite inversor se situará por encima de los 182 millones de euros.El grado de ejecución presupuestaria en 2018 alcanzó un 86 por ciento de los créditos inicialmente estimados, tanto en el ámbito de los gastos como en el de los ingresos.