El Ministerio de Hacienda ha autorizado finalmente la aplicación de la masa salarial de Puertos del Estado, que permitirá a sus trabajadores recibir las subidas salariales del 2,3% en 2020 y del 0,9% de 2021 aplicables a todos los empleados públicos que todavía no lo habían percibido.

Además, con la aprobación dos años más tarde de las partidas económicas pactadas con la firma del III convenio colectivo en abril de 2019, los trabajadores podrán acceder a la cualificación profesional que requieren gracias a una dotación adicional para al empresa del 1,6% anual para implantar medidas de productividad.

El desbloqueo de la situación se ha producido tras la advertencia por parte de los sindicatos UGT, CCOO y CIG de convocar movilizaciones para el próximo 16 de junio ante el Congreso de los Diputados tras el retraso de más de dos años en la aplicación del convenio.

A finales de 2020 también se movilizaron y a principios de 2021 llevaron a cabo un encierro de 17 días que desembocaron en distintos acuerdos con la empresa firmados en febrero y marzo que continuaron sin cumplirse por el retraso de Hacienda a autorizar las nuevas partidas económicas.

En este periodo, han sido necesarias, según exponen los sindicatos, innumerablesreuniones con gran parte del arco parlamentario, tanto de índole nacional comoautonómico, con grupos políticos, con altas instancias de todos los ministerios implicados, Proposiciones No de Ley introducidas en los parlamentos autonómicos,comunicados, cartas, notas de prensa, en resumen, un sinfín de actuaciones y depresión que finalmente han dado sus frutos.

No obstante, UGT recuerda en un comunicado que los puertos no dependen de los Presupuestos Generales del Estado, sino que se autofinancian con los beneficios económicos anuales que generan de en torno a los 300 millones de euros y, que, en el caso de 2020, retrocedieron a 104 millones por el impacto de la pandemia.

"Para UGT, CC.OO. y CIG estamos ante una buena noticia para los trabajadores y trabajadoras pero también para las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, que van a poder afrontar los retos que exige un mundo globalizado muy competitivo, adecuando su mayor recurso, las personas, a sus necesidades operativas en un marco de relaciones laborales estable", aseguran los sindicatos.

Se trata de un Convenio con una vigencia de ocho años, ya que era necesario -a juicio de los sindicatos- "un marco jurídico claro y amplio para solventar las ineficiencias generadas por el periodo de austeridad que sumió al sector, desde 2010, en una profunda crisis de relaciones laborales y la imposibilidad de adaptar los puestos de trabajo a lo que reclama la prestación de los servicios que tienen encomendados por la Ley de Puertos las Autoridades Portuarias".