Somdeco Un fallo técnico aplaza por séptima vez el juicio por la quiebra de la RTV de La Línea

El edificio en el que se encontraban las instalaciones de la RTV municipal de La Línea. El edificio en el que se encontraban las instalaciones de la RTV municipal de La Línea.

El edificio en el que se encontraban las instalaciones de la RTV municipal de La Línea. / erasmo fenoy

El juicio por la quiebra de la Sociedad Municipal de Comunicación (Somdeco), empresa del Ayuntamiento de La Línea encargada de la radiotelevisión pública, ha sido aplazado por séptima vez. La vista estaba prevista para este miércoles e iba a celebrarse de forma telemática, ya que la causa la lleva el Juzgado de los Mercantil número 1 de Cádiz y las partes acordaron no desplazarse debido a las restricciones sanitarias, pero debido a un fallo técnico ha tenido que suspenderse por séptima vez desde marzo de 2020. El abogado de los trabajadores afectados ha solicitado que la sesión se celebre cuanto antes. 

Al juicio estaban citados como encausados los antiguos miembros del consejo de administración de Somdeco, cuando en septiembre de 2011 se celebró la junta general extraordinaria en la que se inició el proceso de disolución de Somdeco: Gemma Araujo, como alcaldesa y presidenta del consejo; Francisco Espada, liquidador de la sociedad (ambos del PSOE), y los vocales Asunción Barranco (PSOE), María Teresa García Mellado (PP), Ángel Villar (PA) y Ceferina Peño (por entonces en IU). También participó en esa sesión el edil popular Juan Francisco García Medina, fallecido en 2012. El fiscal ha solicitado que todos ellos paguen a los acreedores con su patrimonio personal la cantidad que no se cubra con la liquidación de la sociedad al estimar que tuvieron "culpa grave" de la insolvencia de la empresa, cuya deuda asciende a 1.327.261,54 euros.

El fiscal pide responsabilidades a los miembros del consejo de administración por dos motivos principales: la suspensión de pagos a Somdeco por parte del Ayuntamiento, que era el que sustentaba la radiotelevisión municipal, y el hecho de que el concurso de acreedores no se solicitó hasta tres años después de la junta extraordinaria en la que se decidió la disolución de la sociedad. Esta postura coincide con la de la defensa de los extrabajadores de Somdeco, mientras que el administrador concursal considera que el concurso se produjo de forma fortuita al no detectar indicios de una mala gestión. 

El Ministerio Fiscal aprecia en estos consejeros y en el Ayuntamiento, como administrador de hecho, "culpa grave que ha influido decisivamente en la agravación de insolvencia" de la empresa pública. El fiscal ha propuesto cinco años de inhabilitación para cada uno de los consejeros para administrar bienes ajenos, la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa de Somdeco y que se les condene a pagar a los acreedores concursales "personalmente el importe de los créditos que no resulte cubierto por la liquidación de la masa activa generados desde el cese de la actividad" de la empresa, hecho que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2011.

El fiscal estima que el consejo de administración presidido por Araujo, hoy diputada en el Congreso por el PSOE, incumplió el artículo 164.1 de la Ley Concursal, una de las causas para calificarlo como culpable por la "generación y agravación del estado de insolvencia mediando dolo o culpa grave del deudor". En el caso de Somdeco el deudor era el Ayuntamiento de La Línea, que financiaba "casi de forma exclusiva" el funcionamiento de la sociedad. "Cuando dejó de hacerlo en 2013, la empresa dejó de tener viabilidad, y pese al acuerdo en la junta general extraordinaria del 1 de septiembre de 2011, en la que se acordó la disolución y liquidación, esta no se produjo de forma efectiva, continuando el incremento de las deudas de la sociedad porque no se produjo la solicitud del concurso hasta el 22 de octubre de 2014".

Al no haberse solicitado el concurso hasta después de más de tres años, la deuda se incrementó en más de 100.000 euros hasta situarse en 1.327.261,54 euros. Tampoco se presentaron las cuentas en el Registro Mercantil desde el ejercicio de 2009 ni se auditaron las cuentas, como estaba obligada la administración de Somdeco, empresa de la que era responsable del Ayuntamiento.

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