El área de Urbanismo del Ayuntamiento de La Línea sacará de nuevo a concurso en octubre la contratación de una empresa que se encargue de realizar las obras y actuaciones que necesiten las ejecuciones subsidiarias forzosas vinculadas a los expedientes de disciplina urbanística. Es decir, todas aquellas tareas que sean requeridas para restaurar el orden urbanístico alterado (demolición de construcciones ilegales, limpiezas o vallados de solares) que no hayan sido efectuadas por los propietarios tras un expediente sancionador.

El contrato también contempla que la adjudicataria se hará cargo de las ordenes de ejecución por motivos de seguridad y salubridad, y de las demoliciones de edificios que sean declarados en ruina en la ciudad. El coste de todas estas actuaciones, aunque las ejecute una empresa en nombre del Ayuntamiento, serán luego reclamadas a los propietarios por no acatar las sanciones.

"El Ayuntamiento tiene entre sus competencias velar por la normativa urbanística. Cuando se abren expedientes contra edificaciones sin licencia, solares sin vallar o sin mantenimiento, tras el trámite administrativo se suele obligar a la propiedad a ejecutar estas tareas. Si no las hace, la entidad local tiene la potestad de acometerlas a través de una ejecución forzosa y repercutir el coste al infractor", explica el concejal de Urbanismo linense, Juan Carlos Valenzuela, quien detalla que un contrato global resulta más rentable que acudir cada vez que es necesario a un expediente de contratación para que una empresa haga los trabajos.

La entidad local prevé un incremento a corto plazo del número de expedientes que se saldarán con ejecuciones subsidiarias forzosas, debido al mayor ritmo de trabajo en el departamento. En los últimos dos años y medio, los correspondientes al actual periodo corporativo, se han tramitado en el Ayuntamiento de La Línea 280 expedientes de disciplina urbanística de los que 27 han acabado ya en sanción. En los cuatro años precedentes (2011-2015) se incoaron 170 expedientes y se acordaron siete sanciones.

Del total de casos actuales que maneja el departamento de Urbanismo, una decena están pendientes de la ejecución subsidiaria. "La cifra puede elevarse hasta 30 o 40 en breve, porque hay bastantes expedientes en su tramo final", apunta Valenzuela. Por ello, contar con una empresa con una relación estable con la entidad local para estas funciones reportará agilidad para aplicar la normativa. "Ganamos agilidad, por tener ya una empresa localizada y dispuesta para las tareas que se le encomienden. Y también evitamos que se pueda incurrir en problemas por adjudicar varios trabajos de la misma categoría a una misma empresa, que se considere que se está troceando un contrato mayor", resalta el edil.

El primer concurso quedó desierto por el grado de clasificación que se exigía a las empresas, no porque no hubiera compañías interesadas en hacerse con el contrato. "Al quedar desierto por este motivo, la Ley de Contratos del Sector Público permite rebajar la clasificación exigida a las concurrentes sin tener que modificar el importe del contrato", especifica el edil.

La licitación, por tanto, volverá a contar con un precio base de 242.000 euros (IVA incluido) por cada año, con un periodo de dos años prorrogables a un tercero.

La empresa que asuma este servicio se encargará de las obras de demolición completa de edificaciones declaradas en ruina inminente así como la demolición de las actuaciones consideradas como ilegales para restablecer el orden urbanísitico. Entre las funciones previstas también se encuentran el desmontaje de instalaciones y elementos considerados al margen de la normativa urbanística (pérgolas, techados) o la reparación de inmuebles vinculadas a órdenes de ejecución no cumplidas y que puedan suponer un riesgo para los inmuebles adyacentes o las personas. La empresa que resulte elegida se encargará además de la limpieza y vallado de solares o de desinstalar carteles publicitarios instalados ilegalmente.

Parte de estas funciones, como la limpieza de solares, se efectúan con medios municipales, por lo que con este contrato se liberará al personal municipal de estas tareas de restitución o limpieza.

La compañía deberá contar con toda la maquinaria necesaria para efectuar estas tareas, así como para la gestión correcta de los escombros. Entre otros elementos, el adjudicatario deberá aportar una excavadora mixta, una retroexcavadora, un dumper, grúas de demolición con cabezal especial de mordaza de altura, grúas de elevación de material y plataformas para la elevación de trabajadores.

El pliego de condiciones recoge igualmente la relación que regirá entre los técnicos de urbanismo y la compañía, dado que todas las actuaciones deberán contar siempre con el respaldo de una sanción urbanística en firme y con un plan de obras y actuaciones que será fijado por los técnicos municipales.