Las empresas de servicios portuarios de Gibraltar, un nuevo factor de competencia para Algeciras con el acuerdo del Brexit

El Puerto de Algeciras y sus compañías reclaman igualdad de condiciones en el establecimiento de las empresas portuarias en Gibraltar tras el acuerdo con la UE

La Autoridad Portuaria de Gibraltar veta y dificulta la actividad de compañías españolas mientras que disponen de libertad de operaciones en España

La aplicación del control del CO2 al transporte en Gibraltar y la gestión del fondeadero, dos cuestiones pendientes

Gibraltar acepta la equiparación fiscal al IVA de España en tres años desde la aplicación del tratado con la UE

Un buque en la Bahía de Algeciras y, al fondo, Gibraltar.
Un buque en la Bahía de Algeciras y, al fondo, Gibraltar. / Erasmo Fenoy

Gibraltar/El Puerto de Algeciras y su comunidad empresarial reclaman que futuro tratado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar resuelva una de las posibles aristas en su aplicación que supondría para la dársena algecireña un factor añadido de competencia en el area del Estrecho: la actividad de las compañías de servicios portuarios radicadas en Gibraltar.

El futuro texto jurídico resultante del acuerdo político alcanzado el pasado miércoles en Bruselas regulará en la colonia británica la aplicación de dos de las cuatro libertades fundacionales del bloque comunitario: la libertad de movimientos de personas y mercancías. Ambos principios se encuentran integrados en el Tratado de Roma (1957) junto con las libertades para la prestación de servicios y movimientos financieros, que en el caso del pacto negociado -pendiente de redacción y aprobación- han permanecido al margen del proceso para dar encaje a Gibraltar en sus relaciones con el Campo de Gibraltar y, por añadidura, con el ámbito europeo.

La inquietud latente en sistema portuario fue puesta sobre la mesa en la reunión celebrada el viernes entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y los agentes sociales y económicos de la comarca que tuvo lugar tras otro encuentro previo con autoridades del Campo de Gibraltar y la Junta de Andalucía.

"Como Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, expusimos al ministro Albares y a su equipo las materias que consideramos fundamentales que se regulen en el tratado. Y que básicamente abarcan a la prestación de los servicios portuarios, la seguridad marítima y la gestión de las zonas de fondeo, el ámbito del medio ambiente marino o el control del dióxido de carbono en los buques a través del sistema ETS que se aplica en los puertos de toda Europa, entre otros aspectos", explica Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).

En el ámbito del Puerto de Algeciras, resulta especialmente preocupante la posibilidad de que nuevos servicios marítimos para pasajeros y mercancías entre Marruecos y Gibraltar se faciliten e incentiven en competencia con los que ya desarrolla la Autoridad Portuaria entre Algeciras y Tánger-Med y Tarifa y la ciudad de Tánger. Con el futuro tratado, tanto las mercancías como los pasajeros transportados tendrían acceso directo a la Unión Europea a través de estos servicios. "No todos los servicios son iguales. No es lo mismo el juego online que el bunkering, reparaciones o avituallamiento", complementa el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Fenoy, respecto a la consideración de los servicios como algo ajeno al alcance de la negociación política.

El Puerto de Algeciras advierte de la influencia que podría adquirir Reino Unido y el propio Gibraltar en un entorno comercial estratégico y de gran trascendencia para España y la Unión Europea como representa el Estrecho y al que el futuro acuerdo podría dar más alas. "Tenemos que esperar a ver la letra pequeña del convenio. Regulará mercancías y personas, pero no servicios, que es una cuestión que afecta directamente al Puerto de Algeciras. Son temas que deben estar sobre la mesa en la redacción del texto final que se prevé aprobar a finales de este mismo 2025", remacha Landaluce.

Hace ahora un año, en junio de 2024, Landaluce remitió al ministro Albares una carta en la que ya le advertía de las graves consecuencias que tendría para el Puerto de Algeciras la aprobación de un tratado sobre Gibraltar que no tuviese muy presentes las peculiaridades del Estrecho y de cada uno de los vértices del triángulo marítimo que junto con Algeciras, en territorio de la UE, componen Tánger, bajo la normativa marroquí, y Gibraltar, dependiente de Reino Unido. La competencia directa en el Estrecho que suponen los dos puertos extracomunitarios podría aumentar con un acuerdo sobre la colonia que obvie aspectos claves para la parte española.

La libertad de establecimiento

La principal demanda de las empresas portuarias se basa en el derecho de establecimiento que, en el contexto de la Unión Europea, garantiza la libertad de las personas físicas y jurídicas para establecerse y ejercer actividades económicas de forma permanente en otro Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de ese país. Esto implica la posibilidad de iniciar actividades por cuenta propia, constituir y gestionar empresas, y abrir sucursales o filiales.

Un buque en la Bahía con el perfil urbano de Gibraltar al fondo.
Un buque en la Bahía con el perfil urbano de Gibraltar al fondo. / Erasmo Fenoy

Pero en el ámbito portuario la situación no es igual a ambos lados de la Bahía de Algeciras. Mientras que las empresas gibraltareñas pueden instalarse en Algeciras cumpliendo los pliegos técnicos, la Autoridad Portuaria de Gibraltar veta y pone trabas constantes a las empresas españolas para operar desde la roca.

"Se puede constituir una empresa en Gibraltar sin problema, aunque después no se obtiene la autorización para poder operar, lo que genera el mismo agravio que hay ahora mismo y que parece ser que con las negociaciones no se va a resolver porque las actividades están catalogadas como servicios. En España, un empresario -comunitario o no- constituye su sociedad, se da de alta en Hacienda y en la Seguridad Social si tiene plantilla y no hay ningún problema. Luego, con el pliego de prescripciones particulares para el servicio portuario en cuestión, se informa de lo que debe cumplir y si lo hace, automáticamente el Consejo de Administración debe autorizar la actividad. Hay libertad de establecimiento. En Gibraltar no es así, depende de los permisos que conceden la Autoridad Portuaria y la Capitanía de Gibraltar, en función del servicio", explica Fenoy.

Landaluce planteaba en la carta que el nuevo marco de reciprocidad jurídica abarque un amplio espectro de situaciones, actuales y a futuro, y ser real. "En la actualidad las empresas gibraltareñas pueden establecerse y operar en España con una libertad efectiva que no existe, en la práctica, para las empresas de nuestra comunidad portuaria que deseen prestar sus servicios en el Peñón”, apuntaba la misiva, hoy en plena actualidad tras el acuerdo.

"La reciprocidad a la hora del establecimiento de las empresas es un tema que hemos vuelto nuevamente a poner encima de la mesa. Pero el acuerdo está enfocado para mercancías y para personas, no para servicios, aunque es un tema que evidentemente hay que seguir insistiendo, porque, si no, no habrá una reciprocidad ni un equilibrio", advierte Landaluce.

"Nosotros vamos a seguir insistiendo al Ministerio porque hay muchos tipos de servicios, un rango muy amplio. Y desde el punto de vista del derecho normativo debería abordarse", agrega el presidente de la Cámara de Comercio.

Seguridad marítima y fondeo

El Puerto de Algeciras también considera imprescindible que el tratado ponga negro sobre blanco la gestión de una materia clave en el Estrecho: la seguridad. Especialmente ante episodios de incidentes y posibles casos de contaminación, como sucedió en el caso del mercante OS 35 que se hundió frente a Gibraltar en agosto de 2022 y estuvo once meses varado hasta que fue posible vaciar toda su carga y remolcarlo para su achatarramiento. Una preocupación compartida con la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba) y la Asociación de Grandes Industrias (AGI), igualmente presentes en el encuentro con Albares.

La regulación de las zonas de fondeo resultan igualmente claves para el Puerto. Gibraltar gestiona dos áreas frente al Peñón, en los costados de Poniente (en el interior de la Bahía) y Levante -en las aguas en litigio con España que la colonia considera aguas territoriales- y ha mostrado su disposición a ampliar la segunda área de espera hacia el norte, ocupando una lámina de agua frente a San Roque donde España tiene en marcha una iniciativa para crear un fondeadero exterior que no termina de cristalizar.

La costa de San Roque en el área donde está planificado el fondeadero.
La costa de San Roque en el área donde está planificado el fondeadero. / Erasmo Fenoy

El proyecto se mantiene sin cambios desde que el pasado abril de 2024 la Dirección General de la Marina Mercante abriese el periodo de información pública. La administración propone la creación de dos áreas de fondeo, denominadas como Norte y Sur y reguladas por la Capitanía Marítima de Algeciras, con una sensible diferencia sobre el proyecto fallido que la APBA impulsó en 2016. Marina Mercante plantea ahora que los fondeaderos se habiliten entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, evitando así la temporada turística que suponía uno de los principales argumentos en contra desde San Roque. Sobre los planes de Gibraltar poco han trascendido desde entonces, más allá del riesgo de "colonzación" de estas aguas que están fuera del área en litigio con España.

"El tratado debe garantizar una regulación adecuada de los distintos espacios marítimos, sin entrar en las cuestiones de soberanía, que eso ya son otras cuestiones, junto con unas mismas garantías para la gestión medioambiental de vertidos, residuos y demás", enfatiza Landaluce.

Medio Ambiente

El acuerdo político preconiza la convergencia de la normativa ambiental en Gibraltar con la Unión Europea. En el ámbito marítimo, resulta crucial que el futuro tratado aclare si Gibraltar contará a la hora de aplicar el Emmisions Trading System (ETS), el sistema de control de las emisiones de dióxido de carbono en el transporte marítimo que beneficia a los puertos extracomunitarios y penaliza a los de Algeciras, Valencia o Barcelona, principales puertos nacionales de contenedores, sin lograr su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Cabe el riesgo de que Gibraltar se considere un puerto extracomunitario pero tenga capacidad logística (y acceso directo a la UE) como para convertirse en un muelle para deslocalizar actividades de transporte de mercancías.

El Ministerio considera amarradas cuestiones como la equiparación normativa en materia de vertidos y rellenos al mar, si bien desde el entorno portuario se mira más específicamente hacia la legislación del Green Deal, que afecta a la competitividad de los puertos, y al control de las emisiones. "Son cuestiones que también hay que seguir avanzando y que deben ser concretadas en ese acuerdo que está previsto que se pueda ya finalizar para otoño", resume Landaluce.

Inquietud entre los transitarios por el fin de la Aduana en La Línea

La Asociación de Transitarios del Campo de Gibraltar (Ateia) mostró el jueves su preocupación por las consecuencias del principio de acuerdo sobre Gibraltar para la estructura profesional y operativa del sector aduanero en la comarca.

"Si bien valoramos cualquier avance que promueva la cooperación, la estabilidad y el desarrollo en el Campo de Gibraltar, no podemos obviar que dicho acuerdo podría derivar en la supresión de la aduana física en la Verja, cuya competencia ejerce actualmente la Aduana de Algeciras, afectando de manera directa a decenas de profesionales y empresas especializadas en representación aduanera, transitarios y logística", avisó el colectivo profesional.

La entidad reclama "claridad inmediata" sobre el futuro de la Aduana en La Línea y sobre el rol que desempeñarán los representantes aduaneros y operadores logísticos en el nuevo modelo (ante los controles para mercancías en el puerto), así como una participación activa del sector logístico y aduanero en las mesas técnicas o institucionales que desarrollen los mecanismos de aplicación del acuerdo (su redacción). Ateia igualmente exige garantías para el mantenimiento de la actividad profesional y del empleo asociado.

"En la Aduana de La Línea operan una veintena de compañías transitarias que desarrollan su actividad y con un importante número de personal que se van a ver afectadas. El ministro Albares tomó nota de la situación y quedó en darnos más información", especifica Carlos Fenoy.

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