El acuerdo sobre Gibraltar: llave para que España desbloquee el acceso de Reino Unido a los proyectos de Defensa europeo

La aprobación de un tratado entre la Unión Europea y Reino Unido para regular las relaciones de Gibraltar con los 27 abre la posibilidad de que la parte británica tenga acceso a proyectos de Defensa europeos, una situación a la que hasta ahora España se ha venido oponiendo "por el prolongado estancamiento" de las negociaciones para la consecución de dicho acuerdo. Así lo sugiere un nuevo informe emitido por el think tank británico 'UK in a Changing Europe' (laboratorio de ideas 'Reino Unido en una Europa Cambiante', en español), donde se expone cómo han divergido las normas y regulaciones del Reino Unido y la Unión Europea en el período comprendido entre octubre de 2024 y junio de 2025, constatando desde esa fecha "un giro hacia la alineación", con 21 casos de aproximación regulatoria identificados, frente a los cuatro del informe anterior.

Este "alineamiento", que bien podría llamarse "renuncia al Brexit", no es gratis. Los británicos asumen la regulación comunitaria en aras de evitar los efectos no deseados, dando paso a una fase de "coordinación", donde ambas partes adoptan medidas comunes sobre cuestiones de "interés compartido" a cambio de un acceso más fluido al mercado europeo, indica el informe, denominado UK-EU Divergence Tracker Q4 2024 – Q2 2025 y redactado por el académico Joël Reland de la King's College de Londres.

Este análisis se da en el contexto de la guerra de ruso-ucraniana, cuando el bloque de los Veintisiete ha empezado a poner más énfasis en su capacidad de defensa, popularizando el término Autonomía Estratégica, utilizado en muchas ocasiones por Josep Borrell, ahora ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Este concepto se refiere a la capacidad de la Unión Europea para tomar decisiones en política exterior, seguridad y defensa de manera independiente y en función de sus propios intereses, sin depender de terceros actores. Precisamente, estas son las nuevas políticas que interesan a Reino Unido a la hora de participar de "manera coordinada".

No obstante, Reino Unido sigue presentando disparidades con la UE, según el informe del académico, especialmente en lo relacionado con los servicios financieros, donde los veintisiete han implementado nuevas regulaciones de productos que no han sido replicados por el país anglosajón.

Gibraltar como llave

Los británicos han puesto el ojo a dos elementos de la política comunitaria vinculadas a la Defensa: el jugoso Instrumento de Acción de Seguridad para Europa (SAFE, por sus siglas en inglés), una herramienta financiera de la UE que apoyará a los Estados miembros que deseen invertir en la producción industrial de defensa mediante adquisiciones conjuntas, centrándose en capacidades prioritarias y que cuenta con una partida de 150.000 millones de euros; la participación en otras partes de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y, por otro lado, la participación el programa PESCO, o Cooperación Estructurada Permanente (CEP), una iniciativa que busca fortalecer la cooperación en defensa entre sus Estados miembros y la movilidad, simplificando procedimientos, de tropas y equipamiento militar en el Viejo Continente (en los países participantes, todos los miembros comunitarios salvo Malta).

Si bien la financiación de proyectos como SAFE -aprobado en mayo de este mismo año- están pensados para solicitantes comunitarios, este mecanismo contempla la colaboración con países de la Asociación Europea de Libre Comercio, del Espacio Económico Europeo, con Estados que hayan celebrado asociaciones en materia de seguridad y defensa con la UE, como Reino Unido; y terceros que puedan realizar acuerdos bilaterales o multilaterales, como Japón o Corea del Sur.

"Reino Unido también ha aceptado demandas de negociación de la UE (sobre pesca, movilidad juvenil y Erasmus+) para obtener concesiones económicas; y el acuerdo alcanzado sobre Gibraltar debería llevar a España a poner fin a su oposición a la participación del Reino Unido en proyectos de defensa de la UE", sugiere el académico, que equipara, indirectamente, el acuerdo sobre la colonia a una llave para las partidas económicas del bloque comunitario vinculadas al sector de la seguridad y defensa.

Paralelamente, según el think tank, España no solo habría bloqueado la participación del Reino Unido en ciertos esquemas de cooperación militar de la UE debido al contencioso sobre Gibraltar, sino que podría haber vetado igualmente otros acuerdos para profundizar en la cooperación bilateral "si la cuestión no se resolvía".

Un acuerdo 'incierto'

El académico indica que el acuerdo político logrado sobre Gibraltar -a pesar de que no se ha publicado y su "naturaleza sigue siendo algo incierta"- y debe concretarse ahora en un tratado internacional, es un signo más de alineamiento con los planteamientos de Bruselas. En concreto, el informe pone en duda la integración de la colonia en el espacio Schengen, ya que el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido calificó como “noticia falsa” la idea de que así fuera.

Según Reland, Gibraltar mantendrá una política de visados independiente, y la Verja abierta con España no se basa en una adhesión formal a Schengen, sino en la creación de controles dobles (británicos y de la UE) en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, un modelo similar al de la estación de St. Pancras en Londres, donde funcionarios franceses realizan controles migratorios de forma anticipada en territorio británico.

Aún así, "Gibraltar se integrará de facto en el espacio Schengen, permitiendo a las personas cruzar libremente la frontera con la UE sin controles de pasaporte", señala. Y añade que "Reino Unido había sido reacio a permitir la presencia de funcionarios españoles en el aeropuerto de Gibraltar -prefería que fueran agentes de Frontex- por temor a que ello "socavara simbólicamente la soberanía de Gibraltar frente a España". Sin embargo, "parece haber cedido en este punto".

A este respecto, el Gobierno británico ha señalado que el acuerdo final incluirá “una cláusula acordada por todas las partes que deja explícitamente claro que el Tratado no afecta a la soberanía” y que el pacto cuenta con el apoyo del Gobierno llanito.