El Gobierno de Gibraltar ha emprendido acciones legales destinadas a anular la decisión adoptada por la Comisión Europea sobre la práctica de acuerdos tributarios en Gibraltar. La correspondiente solicitud fue presentada el pasado miércoles al Tribunal General de la Unión Europea, ubicado en Luxemburgo.

La Comisión Europea planteaba dudas sobre la compatibilidad de los acuerdos tributarios de Gibraltar con las normas europeas de ayuda estatal. Aunque la decisión no incluye ninguna conclusión definitiva y simplemente abre una investigación formal, el Gobierno del Peñón ha decidido impugnarla por motivos de procedimiento.

En particular, el Gobierno de Picardo considera que la decisión se adoptó siguiendo un "procedimiento erróneo". También estima que carece de un "razonamiento adecuado" y que contiene "varios errores importantes de hecho y de Derecho", lo que a juicio del Gobierno respalda su creencia de que la decisión se adoptó de manera "imprevista y precipitada", tan sólo semanas antes de que Joaquín Almunia dejara su cargo como comisario de Competencia, responsable de las normas sobre ayudas estatales.

El Gobierno gibraltareño está representado por el fiscal general, Michael Llamas, y el bufete estadounidense con oficina en Bruselas Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

De forma paralela, la semana pasada Gibraltar también presentó alegatos sustantivos en relación con el procedimiento administrativo en curso.

Sobre estas acciones, el ministro principal, Fabian Picardo, comentó: "El Gobierno no escatimará esfuerzos para proteger el sector de los servicios financieros de Gibraltar. Aunque la decisión no contiene ninguna conclusión definitiva, era importante que refutáramos las considerables deficiencias que contiene. Asimismo, el Gobierno sigue convencido de que la práctica de acuerdos tributarios en Gibraltar no constituye una ayuda estatal".

"Este caso viene de lejos, y se ha extendido a lo largo de los dos últimos años. Sobre esta cuestión hemos intercambiado cartas desde mi oficina y desde el Gobierno del Reino Unido con la actual comisaria, Margrethe Vestager, que heredó esta decisión del comisario español anterior. Todos hemos intentado persuadir a la Comisión de que adoptara un enfoque razonable, pero estos esfuerzos han sido en vano. Esta es la razón por la que se ha llevado a cabo una acción ante los tribunales. Al mismo tiempo, seguimos cooperando con la Comisión en lo que respecta al procedimiento administrativo siguiendo nuestro compromiso por brindar certeza al sector lo antes posible en este sentido", sentenció Picardo.