La Corte Suprema del Reino Unido decidirá hoy si el Gobierno británico puede poner en marcha la salida del país de la Unión Europea sin la participación del Parlamento o si este tiene derecho a participar, algo que podría influir en el calendario del proceso.

La cuestión principal es si el Gobierno de Theresa May necesita la aprobación de los diputados antes de presentar formalmente ante la Unión Europea (UE) la petición de salida del bloque. También los parlamentos regionales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclaman su derecho a decidir. En una instancia previa, el Tribunal Superior dio la razón al Parlamento pero el Gobierno apeló la decisión. La prensa británica consideraba ayer que la Corte Suprema podría confirmar la primera sentencia.

En caso de que así sea, el Ejecutivo británico teme dos consecuencias. Por un lado, el contenido del Brexit podría suavizarse ya que la mayoría de los parlamentarios son pro-europeístas. Por otro, el calendario del proceso podría verse alterado, si bien en una votación no vinculante la mayor parte de los diputados se mostró a favor de no retrasar el inicio de las negociaciones de salida. Según los medios, el Gobierno tiene preparado un texto legislativo muy breve que debería ser aprobado rápidamente por el Parlamento si la Corte Suprema falla en favor de este último.

Pero también podría ocurrir que el máximo tribunal británico diese la razón al Gobierno o que remitiese el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque esto último parece poco probable.

La primera ministra británica tiene previsto enviar a Bruselas la declaración de salida de la UE antes del 31 de marzo, un paso necesario para que comience la negociación. May considera que el ajustado voto favorable al Brexit del referéndum de junio pasado es suficiente para poner en marcha el proceso.

Algunos expertos creen que la Corte Suprema podría optar por no ponérselo fácil a May. Los jueces podrían establecer requisitos para evitar que el Gobierno tuviese un cheque el blanco, dijo a dpa Jo Murkens, de la London School of Economics and Political Science. "Todavía hay muchos obstáculos constitucionales que superar" antes de que pueda presentarse la petición de salida del bloque, apuntó. "Creo que la Corte abordará esos obstáculos", agregó el experto en derecho constitucional.

También se espera con expectación si los 11 jueces de la Corte Suprema conceden la capacidad de influir a los parlamentos regionales de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Ese sería el mayor peligro para el plan de May.

Escocia quiere mantener una relación tan estrecha como sea posible con la UE y según el ministro principal de Gales, Carwyn Jones, el Reino Unido nunca estuvo tan desunido como ahora. En cuanto a Irlanda del Norte, se encuentra sumida en una crisis de Gobierno. El 56% de los norirlandeses votaron a favor de la permanencia en UE en el referéndum y para el partido Sinn Fein el Brexit es una "acción hostil".

Hace una semana, May anunció su intención de llevar a cabo un Brexit duro, lo que supondría la salida del Reino Unido del mercado común europeo. May aspira a alcanzar un acuerdo comercial posteriormente con Europa.