La confianza de los españoles en la Justicia y en el Estado de Derecho ha bajado en los tres últimos años, a causa de la crisis económica, según una encuesta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, ha presentado los datos del IV Barómetro del CGAE sobre La imagen de los abogados y de la Justicia en la sociedad española, en la que el 84 por ciento de los encuestados opinan que la Justicia es lenta y que su lenguaje y procedimientos son complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio. El sondeo, elaborado por Metroscopia, refleja que la mayoría de los españoles (el 54 por ciento) cree que el Estado de Derecho en España es peor que en los países más avanzados.

Carnicer ha señalado que la crisis económica ha provocado el descenso de las percepciones de la población sobre la Justicia y sobre el Estado de Derecho, aunque los abogados mantienen la confianza de la ciudadanía. Para el presidente del CGAE, el informe pone de manifiesto que es el momento de acometer una "gran reforma de la Justicia", a través de un pacto de Estado, que no sea tan efímero como el del año 2001, como pide un 89 por ciento de los encuestados.

Un 55 por ciento de los preguntados dice que en materia de protección de derechos fundamentales España se encuentra en un nivel intermedio dentro del grupo de los países más avanzados, mientras que un 31 por ciento la sitúa en el grupo de cola. La mitad de los entrevistados considera que la Justicia funciona mal o muy mal, y otro 58 por ciento, que da una imagen anticuada, mientras que el 76 por ciento cree que en la práctica la sentencia es papel mojado, ya que o no se cumple o se cumple tarde y mal.

El barómetro, de ámbito nacional, elaborado a partir de 4.000 entrevistas telefónicas entre el 7 y el 22 de julio pasados, revela que los ciudadanos (un 62 por ciento) creen que, con frecuencia, los jueces no dedican la atención ni el tiempo adecuado a cada caso y más de la mitad que tienden a estar "fuera de onda" con respecto a lo que ocurre en la sociedad y no actúan con total independencia. La mayoría de los entrevistados (un 54 por ciento) considera que los medios que el Estado destina para garantizar la defensa jurídica son insuficientes y sólo un 27 por ciento opina que son suficientes.

Del sondeo se desprende un "severo veredicto" de los españoles sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que ocho de cada diez piensan que este órgano necesita "una reforma urgente y profunda", siete de cada diez creen que decide sobre cargos y nombramientos de jueces más por criterios políticos que profesionales y seis de cada diez consideran que no es independiente del Gobierno o los partidos políticos.

Entre los españoles que alguna vez ha acudido a un abogado (un 55 por ciento), el grado de satisfacción con los servicios recibidos es puntuado con un 6,9 por ciento. Para un 85 por ciento de los encuestados, es necesario exigir una formación adicional para ser abogado, lo que significa un apoyo mayoritario a la Ley de Acceso a la Abogacía, que entra en vigor en octubre. Los abogados se mantienen entre los primeros puestos de valoración ciudadana, justo por debajo del Rey y por encima de otros colectivos jurídicos (como notarios, jueces y fiscales) e instituciones como el Defensor del Pueblo.