La polémica de las videocámaras instaladas por el Gobierno en distintos puntos de la ciudad no ha terminado. Más allá de la denuncia que, como partido, presentará el PSOE por un supuesto atentado contra la intimidad, es ahora un particular el que ha denunciado en Fiscalía la operatividad de dichas cámaras.

La denuncia se ha presentado por lo que podría constituir una clara intromisión al derecho a la intimidad de los ceutíes al anunciarse la puesta en marcha de estas cámaras sin que hayan pasado por una comisión de videovigilancia.

La Fiscalía se ha tomado en serio la denuncia ya que ha solicitado un informe al Ayuntamiento para que detalle cuántas cámaras funcionan ahora y, sobre todo, qué misión es la que tienen, si realmente están destinadas sólo al tráfico -como reconoce Presidencia- o pueden llegar a violar la intimidad de las personas, como, por ejemplo, teme el denunciante. La Ciudad, que todavía no es conocedora de dicha denuncia, mantiene que sólo están operativas 15 cámaras y que todas ellas están sirviendo para el control del tráfico, siendo por ello inviable que puedan coartar o violar la intimidad de las personas.

Litigios al margen, el hecho es que la existencia de varias cámaras en un solo punto, como es el caso de las cercanías del Caballa, hace sospechar a quienes por allí residen que su presencia excede de la mera funcionalidad de tráfico, por lo que se quiere que se aclare este extremo.

La Fiscalía trabaja ahora en conocer, vía informe oficial, cómo se está ejerciendo la videovigilancia hasta el punto que, de los resultados que perciba, podría llegar a actuar de oficio si considera que puede atentarse el derecho de los ciudadanos. En Melilla, donde también están operativas las cámaras, sí se ha citado la comisión de videovigilancia reconociéndose las cámaras que están operativas para comprobar que se habían anulado sus funciones ajenas al tráfico rodado