Los retos en el Campo de Gibraltar del sucesor de Zornoza al frente del Obispado

En la penumbra, iluminado sólo por la luz de unas velas, Rafael Zornoza habla a través de un megáfono a pilas. Es 28 de abril de 2025 y el apagón que paraliza a toda España no le impide que lleve a cabo el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes en la iglesia de La Palma de Algeciras. El gesto refuerza la idea labrada durante años de que considera al Campo de Gibraltar como una parte esencial de su diócesis, con personas y comunidades que merecen visibilidad. Pero esa cercanía que a menudo mostró con los feligreses de la comarca estuvo salpicada de etapas repletas de grandes tensiones, sobre todo en torno al uso y la titularidad de determinados inmuebles y solares urbanos. Así es la herencia que dejará un obispo que en estos días se encuentra en el punto de mira de la opinión pública tras conocerse que está siendo investigado por el Vaticano por unos supuestos abusos sexuales a un menor, mientras lucha contra "un cáncer agresivo". El Papa aceptó este sábado la renuncia que le presentó el 31 de julio de 2024 al cumplir 75 años. Su sucesor tendrá varios retos en el Campo de Gibraltar. Hasta que León XIV nombre un nuevo obispo, la Diócesis estará dirigida por un administrador apostólico, Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla.

Los hechos por los que se investiga a Zornoza se remontan a los años 90, cuando era rector del Seminario de la Diócesis de Getafe, de la que luego sería obispo auxiliar antes de recalar, en el año 2011, en la Diócesis de Cádiz y Ceuta tras su nombramiento por el papa Benedicto XVI.

El obispo saliente habló siempre abiertamente de la zona del Estrecho (y por tanto del Campo de Gibraltar) como “muy singularmente afectada” por la presencia de migrantes y por los desafíos que ello plantea. En una homilia este mismo año resaltó que los migrantes pueden “ensanchar nuestro corazón”, señalando explícitamente la realidad de la comarca. Zornoza presidió en varias ocasiones los cultos en honor de la Virgen de La Palma en la parroquia de la Plaza Alta de Algeciras, donde se refirió precisamente a la realidad migratoria del Campo de Gibraltar como lugar "muy singularmente afectado".

Además, siempre tuvo presentes a Algeciras y La Línea a la hora de conceder las medallas de la Iglesia diocesana (Pro Ecclesia Gadicense et Septense) a personas de las dos localidades del Campo de Gibraltar. En el programa de cursillos de la diócesis aparece la comarca como lugar de encuentro para cursos de cristianismo, lo que muestra que la zona no es marginal en su planificación pastoral, sino activa en la propuesta formativa de la diócesis.

Algeciras

En Algeciras, el obispo tuvo sus tensiones durante años con el Ayuntamiento, principalmente por la entonces llamada casa de acogida La Esperanza, hoy Centro de Puertas Abiertas Padre Andrés Avelino, que se mantuvo más de una década sin actividad. Después de que el edificio cerrara sus puertas por el peligro de derrumbe que sufría, el equipo de Gobierno local reaccionó y, aunque no tenía obligación de hacerlo, acometió las obras necesarias para que pudiera reabrir, con el compromiso del Obispado de que le devolvería parte del dinero invertido cuando cobrara del Seguro. El objetivo era no dejar en la calle a todas las personas que atendía el centro junto a la parroquia. Varios años después de terminar la obra, la casa de acogida seguía cerrada y el Ayuntamiento no había recibido el dinero que le correspondía. Hace unos meses, el centro reabrió bajo la gestión de la Asociación Humanos con Recursos, tras un convenio con el Ayuntamiento de Algeciras.

También tuvo sus tiras y afloja el Obispado con el Ayuntamiento algecireño a cuenta de la espadaña de la Capilla de San Antón, cuyo deterioro llevaba años certificado por los técnicos municipales antes de que se actuara. Finalmente fue el Consistorio el que se encargó de rehabilitarla con fondos europeos en el marco de la Edusi del Barrio de la Caridad. la capilla reabrió sus puertas en septiembre de 2024 después de una rehabilitación integral.

El gran reto del sucesor de Zornoza en Algeciras se encuentra en La Piñera. Allí, la falta de acuerdo entre el Obispado y el Ayuntamiento sobre la cesión de un terreno en desuso de 1.100 metros cuadrados anexo a la parroquia del Espíritu Santo mantiene bloqueada la vieja aspiración del barrio de contar con un centro de estancia diurna y participación activa para mayores. Esta instalación fue anunciada en firme por primera vez en marzo de 2022 durante el acto de distinción del padre Pedro Gómez Mancilla como Hijo Adoptivo de la ciudad. El encargado fue el alcalde, José Ignacio Landaluce, que eligió aquel día en el teatro Florida para realizar el anuncio porque el proyecto es un viejo sueño del cura, que hace años que viene advirtiendo del problema humano y social que amenaza al barrio y sus alrededores por el progresivo envejecimiento de la población. Al principio parecía que las dos partes estaban de acuerdo. El Obispado cedería el espacio al Ayuntamiento y este, con ayuda de la Junta de Andalucía, levantaría el centro para combatir los efectos en los mayores de una de las zonas con más graves índices de exclusión social de Andalucía. A cambio, el Ayuntamiento cedería un terreno en El Cobre para que la Iglesia construyera allí una nueva parroquia. Sin embargo, ambas partes no terminan de pactar la permuta (o cualquier otra fórmula) y el centro diurno está en el limbo, lo que mantiene preocupados a los vecinos.

San Roque

La relación entre el Ayuntamiento de San Roque y el Obispado de Cádiz vivió en 2022 uno de sus episodios más tensos en décadas, a raíz de una serie de disputas por la titularidad y el uso de varios inmuebles eclesiásticos situados en el municipio. Lo que comenzó como un cruce de comunicados institucionales acabó convirtiéndose en un conflicto político de relevancia provincial.

El detonante del enfrentamiento fue la reclamación del Obispado sobre una parcela utilizada desde hacía años como aparcamiento público en la barriada de La Paz. Según la Diócesis, el terreno lo adquirió en 1975 con la finalidad de construir un templo que nunca se llegó a levantar y, por tanto, seguía siendo de su propiedad. El Ayuntamiento, sin embargo, defendía fue cedido y que la falta de cumplimiento del uso pactado habilitaba la reversión del suelo a titularidad municipal.

A este primer choque se sumó rápidamente un segundo: la situación de la Casa de Ejercicios Cristo Rey, un edificio cerrado desde el año 2000 y cuya conservación, según el Ayuntamiento, era deficiente. El Consistorio solicitó oficialmente su devolución para darle un uso público, mientras que el Obispado defendía sus derechos sobre el inmueble.

Ruiz Boix llegó a acusar al Obispado de intentar beneficiarse del valor inmobiliario de los terrenos y de mantener en abandono edificios cedidos hace décadas. La Diócesis respondióa recordando que la propiedad estaba inscrita a su nombre y que la cesión no contemplaba una cláusula automática de reversión. Las declaraciones subieron de tono y colocaron el conflicto en el centro del debate político local, con críticas al supuesto “desinterés” de la Iglesia por el patrimonio cedido y, en sentido contrario, reproches al Ayuntamiento por “injerencias” en bienes de titularidad eclesiástica.

Tras semanas de declaraciones cruzadas y cobertura mediática, ambas instituciones escenificaron una distensión pública. Medios de ámbito religioso informaron de un encuentro formal en el que alcalde y obispo sellaron lo que se describió como un gesto de reconciliación. Aunque no trascendieron los detalles completos del acuerdo, el mensaje común fue rebajar la tensión y reconducir las conversaciones sobre el patrimonio afectado.

Ahí se encuentran, en cualquier caso, las pistas acerca de los retos del sucesor de Zornoza.

Tarifa

En un municipio como Tarifa con un patrimonio arquitectónico e histórico valiosísimo, las discrepancias entre el Ayuntamiento y el Obispado de Cádiz siempre han sido un tema relevante de debate local. Durante los últimos años, una serie de acuerdos, cesiones y promesas han generado críticas, reclamaciones de vecinos y un cruce constante entre la gestión pública y las necesidades eclesiásticas.

Uno de los puntos más controvertidos es el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Obispado por el que el Consistorio cedió una parcela urbana de 2.000 m² en Albacerrado a la Diócesis, a cambio de recibir las ruinas de la Iglesia de Santiago (unos 375 m²). El acuerdo, ratificado por el pleno municipal en 2024, suscitó un fuerte rechazo por parte de una plataforma ciudadana: Tarifa no se vende, que denunció que el suelo cedido era demasiado valioso para fines privados, sociales o residenciales.

Los vecinos y activistas de la plataforma consideran que el trueque perjudica los intereses públicos de Tarifa, ya que la parcela cedida es una oportunidad para desarrollo urbano con fines comunitarios. Por su parte, el alcalde y los firmantes del gobierno local han defendido el acuerdo argumentando la urgencia de intervenir en la espadaña de la iglesia, declarada en estado ruinoso, y que la rehabilitación del templo permitiría recuperar un enclave de alto valor histórico y cultural.

Además, tal como recoge el acta del pleno, el convenio obliga al Obispado a iniciar la construcción de al menos un templo o complejo parroquial en la parcela cedida, dentro de un plazo determinado. Esta condición genera expectativas: algunos residentes ven en ello una auténtica apuesta por recuperar un patrimonio olvidado; otros, escepticismo sobre si se cumplirá.

La Iglesia de Santiago no es un caso aislado. En abril de 2018, el pleno del Ayuntamiento acordó instar a la Junta de Andalucía a otorgar a dicha iglesia la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) por su “situación ruinoso-peligrosa” y su valor histórico. Ese acuerdo municipal refleja que muchos en Tarifa mantienen la esperanza de conservar no solo las ruinas, sino también su trascendencia patrimonial. Sin embargo, la vía administrativa se ha visto dificultada por el entramado burocrático y presupuestario: lograr una declaración de BIC y la reparación posterior es costoso, y parte de la responsabilidad recae sobre el Obispado, que debe asumir parte del coste para restaurar estructuras dañadas.

Otro foco de fricción viene de proyectos que, aunque pactados, no han prosperado: la iglesia de La Zarzuela, cuyo proyecto de construcción está paralizado desde 2014 por falta de financiación. El Ayuntamiento yel Obispado han celebrado reuniones para buscar recursos, pero no han conseguido cerrar el círculo necesario para retomar la obra.

En la pedanía de Bolonia, la relación entre Ayuntamiento y Obispado también ha generado malestar. La Diócesis proyectó construir una nueva capilla en un terreno cedido por el Ayuntamiento (unos 1.165 m²), pero el diseño previsto, según algunos vecinos, es demasiado pequeño para atender a la población local. Alegan que la capacidad propuesta no se ajusta a la demanda real y que el tamaño es significativamente inferior al de la antigua iglesia.

Jimena

En 2019, el alcalde de Jimena, Francisco Gómez (IU), propuso un plan de pagos al Obispado para saldar una deuda de 164.106,38 euros derivada de dos convenios firmados por gobiernos anteriores. El primero, de 2006, financiaba la rehabilitación del Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, donde el Ayuntamiento debía asumir trabajos técnicos por 121.266 euros que fueron adelantados por la Diócesis, ahora reclamados judicialmente. El segundo convenio, de 2007, establecía que el Consistorio abonaría 5.000 euros anuales durante diez años para el mantenimiento de las iglesias de Santa María Coronada y Misericordia, pero solo se pagaron 3.000 euros, generando una deuda pendiente de 51.739,84 euros. El Obispado exigió el cumplimiento en 2016 y, ante la falta de respuesta municipal, presentó denuncia. Gómez se reunió con los servicios jurídicos de la Diócesis para reconocer la deuda y preparar un plan de pagos que llevó al Pleno para su aprobación.