Un periplo estéril y con alto coste

Tras años intentando evitar lo inevitable, la sentencia del Tribunal Supremo que hoy difunde este diario obliga -se supone que ya de manera definitiva- al Ayuntamiento de San Roque a ejecutar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la adjudicación de la parcela 022-TG a la empresa VVERH y que ordena volver a adjudicar ese suelo excluyéndola.

Desde que hace siete años, en noviembre de 2004, la Justicia, en el orden de lo Contencioso-Administrativo, estimó el recurso que la otra empresa que queda en liza por esos terrenos, Sotogolf Costa, anulase la decisión de la mesa de contratación, se estableció una batalla judicial para intentar casar, primero, o inejecutar el fallo, después.

En estos siete años, la empresa que el TSJA consideró que debió ser excluida de la adjudicación y, con distintos gobiernos, el propio Ayuntamiento han tratado de conseguir que no se alterase a efectos práctidos el acto administrativo declarado nulo.

Todo este periplo en los tribunales, tan complejo como estéril, sitúa ahora al Consistorio en el que reside el de Gibraltar ante un verdadero atolladero y, además, en el peor escenario del mercado inmobiliario posible.

Para ejecutar la sentencia, el Consistorio debe liquidar el contrato con VVERH y adjudicar de nuevo la parcela a las única empresas que aún matiene su oferta, Sotogolf, aunque no forzosaamente en ese orden.

La liquidación supone que el Ayuntamiento recupere el suelo y VVERH los 6,4 millones de euros que pagó en 2002 por los terrenos, al margen de deshacer una serie de actos administrativos que, al derivarse del acto declarado nulo también lo son.

Evidentemente, San Roque no tiene guardados esos 6,4 millones de euros, por lo que depende de que el otro ofertante mantenga su puja (de 6,6 millones de euros) para obtener el dinero de nuevo y delvolvérselo a VVERH, si bien quedará por ver si ésta hace reclamaciones de intereses o por otros conceptos que le hayan generado gastos en todo este tiempo. El propio alcalde actual, Juan Carlos Ruiz Boix, cuando era opostitor en 2009 cifró en tres millones los intereses generados en los cinco años de recursos judiciales que se llevaban entonces. También hay otros particulares afectados en el área urbanística, que tienen que deshacer sus contratos con VVERH y pueden reclamar compensaciones. En caso de que también renunciase finalmente Sotogolf -o no formalizase en un contrato la oferta-, el aprieto para las arcas municipales sería mucho mayor, puesto que aunque podría volver a sacar a concurso el suelo, es previsible que las ofertas que llegasen fuesen sensiblemente inferiores a las que hicieron en 2002, al comienzo de la burbuja inmobiliaria que terminó por estallar en el verano de 2007, con el inicio de la grave crisis económica que aún sigue.

La complejidad de la ejecución, aunque es materialmente posible, como ha dictado tanto el TSJA como el Supremo, acabará por tener un alto coste para los sanroqueños, que son quienes pagarán los empecinamientos en mantener la decisión anulada a toda costa por los dos alcaldes anteriores: Fernando Palma y José Vázquez.