Las mafias del estrecho de Gibraltar se pasan del hachís a la cocaína por su mayor valor y para aprovechar la logística

Del tabaco al hachís y del hachís, a la cocaína. El movimiento asociativo de lucha contra las drogas alerta del cada vez más patente trasvase de las redes del narcotráfico del hachís al negocio de la cocaína, mucho más lucrativo por el alto valor que llega a alcanzar esta droga en el mercado negro en toda Europa.

La Coordinadora Alternativas denuncia que los alijos de cocaína en las costas y desembocaduras de los ríos en Andalucía comienzan a ser cada vez más frecuentes. Hasta ahora, los intentos de entrada de este estupefaciente en España se centraban en los puertos con la cocaína camuflada entre mercancías procedentes de Sudamérica, como la intervención del pasado 11 de diciembre en el Puerto de Algeciras que se saldó con dos toneladas intervenidas que se transportaban en un contenedor de piñas.

Ahora, además de esta vía tradicional, las redes alijan directamente en las playas aprovechando su estructura logística. "Estamos observando redes asentadas en la desembocadura del río Guadalquivir y otros puntos de la costa andaluza, como Barbate. Si la organización y logística usada para alijar el hachís les funciona, la van a utilizar también para la cocaína. Ante esto cabe el riesgo de más violencia contra las autoridades porque los narcotraficantes van a inducir con más vehemencia a que no se entregue la droga con facilidad. Es un cambio peligroso", resalta el presidente de Alternativas, Francisco Mena, a la hora de hacer balance de un intenso 2025 en cuanto a intervenciones de droga en Andalucía.

La cocaína sigue llegando desde Sudamérica, si bien hay redes que ya no esperan a que los mercantes utilizados como transporte toquen tierra. Ahora se emplean como nodrizas con compinches entre la tripulación que, en alta mar, arrojan las tabletas por la borda hasta las narcolanchas que la terminan de trasladar a tierra. Con ello se busca burlar los cada vez más exhaustivos medios tecnológicos y de intercambio de información policial en los puertos.

"La presión del Gobierno federal de Estados Unidos, con Donald Trump al frente, hacia los narcotraficantes de Venezuela va a provocar que buena parte de esa cocaína que se dirigía hacia el norte ahora intente introducirse en Europa. Por lo que los intentos de las mafias se verán incrementados de forma inminente", advierte el máximo responsable de Alternativas.

Más violencia frente a las autoridades

Alternativas también traslada su preocupación por el incremento de la violencia de las redes del narcotráfico y el contrabando frente a las autoridades a lo largo de 2025. A principios de diciembre, un contrabandista de tabaco intentó atropellar a un agente de la Guardia Civil y provocó varios heridos durante una persecución en Palmones.

"Nos preocupa el aumento de la violencia incluso en intervenciones de tabaco, que no tienen prácticamente sanciones penales. Hay una nueva generación, más joven, que se ha incorporado tanto al contrabando de tabaco como al narcotráfico. Es mucho más impulsiva, tiene menos sentido común. Hay mucho descerebrado entrando en este mundo que además pretende demostrar o ganar estatus para ascender en los escalafones", resalta Mena.

Alternativas mantiene su exigencia al Ministerio del Interior de más medios materiales y tecnológicos para proteger la vida y la integridad de los agentes. "Pero igualmente vemos necesario penar con más contundencia cualquier tipo de violencia hacia las fuerzas de seguridad. Un narcotraficante o un contrabandista no se puede ir de rositas tras agredir a un agente en acto de servicio. Hay que aplicar cambios en el Código Penal para sancionar con más fuerza el atentado a la autoridad. Y con un criterio más exhaustivo de los jueces. No podemos permitir que el principio de autoridad se esté perdiendo fruto de la impunidad que algunos creen tener después de haber agredido a un agente", subraya el presidente de Alternativas.

Un narcotraficante o un contrabandista no se puede ir de rositas tras agredir a un agente en acto de servicio — Francisco Mena - Presidente de Alternativas

El petaqueo, cuestión pendiente

"El petaqueo con gasolina es uno de los escalafones más bajos de las estructuras de las mafias, pero también uno de los fundamentales. Es escuela para futuros narcotraficantes y contrabandistas", recuerda el presidente de Alternativas. Mena destaca que las redes de abastecimiento para las narcolanchas han intensificado su actividad en 2025 por una mera cuestión de números: la mayor presión policial ha desplazado a las mafias del Estrecho a las provincias limítrofes y las distancias navegadas son ahora más largas.

"Debe sancionarse con mayor contundencia el transporte y almacenamiento de gasolina sin control. No se puede dejar sin castigar el decomiso de gasolina en una furgoneta. El día que ocurra una desgracia en la autovía con un vehículo de este tipo accidentado algunos se preguntarán que cómo ha sido posible", lamenta Mena.

El presidente de Alternativas saluda el consenso entre los jueces de Cádiz para considerar que el petaqueo de gasolina es una actividad delictiva de acuerdo al artículo 568 del Código Penal (CP), que considera que los responsables de dicha actividad ponen en riesgo consciente y voluntario la seguridad colectiva. La pena prevista se sitúa entre los tres y los ocho años de prisión.

Una oportunidad perdida

Por el contrario, Alternativas lamenta que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que el pasado mayo celebró dos jornadas de trabajo en Algeciras para conocer el trabajo policial y exposición a riesgos de los agentes, acabara sin apenas avances en la materia. Únicamente recomendó al Ministerio del Interior la reinstauración de la unidad especial antidroga OCON‑Sur, disuelta hace tres años, y el refuerzo de los recursos destinados a combatir el narcotráfico en el sur de España. Siquiera ha alentado a reconocer la peligrosidad a la que se exponen los agentes, que era el principal objetivo de los sindicatos policiales.

"La comisión perdió la gran oportunidad de ahondar no solo en el narcotráfico, sino en todas sus derivadas y condicionantes. No se abordó la situación de pobreza, desempleo, exclusión social y falta de oportunidades que suponen un caldo de cultivo para las mafias del narcotráfico. Se habló exclusivamente de medidas policiales, pero no de las sociales que también deben abordarse", considera Mena.

Fondo del decomiso

Una vez más, el Campo de Gibraltar se quedó al margen del reparto del Fondo de Bienes Decomisados del Narcotráfico del año 2024 que financia programas y acciones preventivas sobre drogodependencias. La comarca recibió en 2025 de forma directa apenas un 0,11% del total de 20,1 millones de euros con los que está dotado el programa, que se nutre del valor de subasta de los coches, viviendas y otros objetos que se intervienen a las mafias del tráfico de drogas.

Solo el Ayuntamiento de Algeciras resultó beneficiario directo del reparto -efectuado el pasado mes de mayo- con apenas 23.678 euros para sus programas municipales de prevención en materia de drogas. Esta infrafinanciación se debe a que el reparto de las subvenciones para las administraciones locales sigue un criterio estrictamente territorial que se ciñe a las capitales de provincia o grandes ciudades de más de 100.000 habitantes. El sistema no se plantea refuerzos para territorios donde las redes del narcotráfico tienen estructuras más potentes, como el caso de la comarca o la Costa del Sol, y donde a su vez se registran una buena parte del grueso de aprehensiones de efectos de todo tipo y dinero por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Desde septiembre hay una nueva persona al frente del Plan Nacional sobre drogas, Francisca Sureda. Su antecesor jamás demostró la más mínima sensibilidad hacia la particular situación de la comarca. A primeros de año solicitaremos una reunión para trasladar nuestras demandas", destaca Mena. Alternativas propone que se apliquen fondos específicos para la Mancomunidad que a su vez puedan distribuirse entre los ayuntamientos para financiar acciones preventivas. "No tiene ninguna lógica que La Línea, con su situación social, se quede sin recibir un euro. Ni San Roque o Los Barrios. Se trata de buscar soluciones con encaje legal e imaginativas para acabar con una discriminación constante", concluye Mena como primer objetivo para 2026.