Exteriores avanza en el tratado sobre Gibraltar sin informe de su Asesoría Jurídica Internacional

El médico mira por encima de las gafas y condescendencia al paciente, quien a sus cincuentaylargos le relata algunos achaques menores. Diagnóstico: “Usted padece del alma… del almanaque”. El Gobierno de España sufre de igual patología: ante el público se presenta con fuerza, aunque el tiempo se le echa encima. Pedro Sánchez ha consumido la mitad de su tiempo de legislatura sin poder aprobar desde entonces unos presupuestos generales del Estado -nos manejamos aún con las cuentas prorrogadas de la pasada legislatura- y sin abordar la necesaria y urgente reforma del sistema de financiación autonómica. La ecuación mágica para dar con la cuadratura del círculo, poner de acuerdo a todos los socios de investidura en los asuntos clave, en algo más que en el no a PP y Vox, sigue pendiente de ser resuelta.

El almanaque también cuenta en lo referente del tratado sobre Gibraltar. Después de casi cuatro años de negociaciones formales entre la UE y Reino Unido -con los gobiernos de España y del Peñón como coprotagonistas- para establecer un nuevo marco relaciones con la colonia, el consenso parece palparse con la yema de los dedos. ¿Se palpa porque realmente está todo atado o porque el tiempo se agota y ya no queda aliento para avanzar más? La duda asalta a la vista del “acuerdo político” desvelado a bombo y platillo el 11 de junio por las partes, del que tan solo se desprende el pacto para lograr el libre tránsito de personas y de mercancías entre el Peñón y La Línea de la Concepción, el cordón umbilical de la colonia británica con el continente.

“Brexit is brexit”, se proclamó en 2016 desde las instituciones europeas tras el referéndum por el que los británicos decidieron dejar la unión, con todas sus consecuencias. O todo o nada, se dijo. Y sin embargo ahora, en la negociación sobre Gibraltar, parecen obviarse aspectos nucleares de la UE, la razón de ser que mantiene unidos a 27 Estados. Libertad de movimientos para los individuos y los bienes, de acuerdo. ¿Pero qué ocurre con el libre tránsito de capitales y de servicios, los otros dos pilares del Tratado de Roma de 1957? ¿Habrá una frontera abierta con un territorio que España sigue considerando como un paraíso fiscal? A ninguno de esos dos temas clave se alude en las declaraciones oficiales escritas o escuchadas hasta la fecha. Pero habrá acuerdo y la Verja, se anuncia en titulares a cinco columnas mientras la claque aplaude, desaparecerá en enero de 2026.

Tampoco hay concreción conocida sobre otros muchos aspectos importantísimos y relativos a cuestiones tan variadas como la transposición de las directivas de la UE en materia de medio ambiente, para acabar con los vertidos contaminantes a las aguas y poner límites más severos a las emisiones atmosféricas, o para equipar la cobertura social de los trabajadores transfronterizos en materia de bajas y pensiones, entre otras muchas cuestiones de otros ámbitos que afectarán al día a día de las dos comunidades.

Mención aparte merecen las bases militares de la RAF y Royal Navy, así como su personal, el cual, según ha desvelado la parte británica -en una información no replicada por España- podrá entrar en territorio Schengen sin verse sometido a los controles policiales españoles. En la práctica y de confirmarse así en el texto, esa situación dejaría exclusivamente en manos británicas el acceso a la UE de ciudadanos de terceros países... y del armamento que tuvieran en su poder.

Cita en Londres

El próximo día 3, miércoles, Pedro Sánchez se reunirá en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, para escenificar ese consenso y tratar de poner la guinda a un tratado que el Gobierno -y el Ministerio de Exteriores, con José Manuel Albares al frente, en particular- pretende presentar como su mayor logro en materia internacional. No en vano la Verja, levantada por los británicos dos siglos atrás, divide desde entonces a dos comunidades unidas desde siempre y pese a los muchos obstáculos existentes por lazos familiares, sociales y económicos.

El complejísimo texto del acuerdo, que al tener carácter de tratado internacional deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y el legislativo británico, no ha podido ser analizado aún por la Asesoría Jurídica Internacional (AJI) de Exteriores, pese a que el dictamen de este departamento es preceptivo, a priori, aunque no vinculante, según varias fuentes consultadas por este periódico. Estas últimas muestran su sorpresa por ese hecho, teniendo en cuenta las innumerables aristas por lijar después de tres siglos -desde el Tratado de Utrecht- y que un documento de esas características se puede convertir en el futuro en un campo minado o transformarse en un gol en propia meta si cada discrepancia no se sanea de forma correcta de acuerdo a los intereses de España.

El texto más o menos definitivo del documento, al menos en lo que se refiere a la parte española, solo circula entre unas pocas manos, entre las de un grupo selecto de elegidos por el ministro Albares, diplomáticos y asesores de su confianza, a quienes condecoró por su labor el pasado mes de julio.

Tratado complementario

La tarea de verificación por parte de la AJI, a juicio de las mismas fuentes, debería comprender también si los asuntos contenidos en el tratado se ciñen a lo especificado estrictamente para un acuerdo internacional -por tanto, no sometido a la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados- o si sería un tratado complementario al firmado con Reino Unido sobre el Brexit.

“Se trata de identificar si el contenido afecta tan solo a competencias exclusivas de la UE, como sería la libre circulación de mercancías, o compartidas con los Estados, por ejemplo, las cuestiones migratorias”, apuntan las fuentes. “Es una cuestión técnica. Si se identifican temas de competencias compartidas”, añaden, “cada uno de los 27 Estados miembros tendría que proceder a ratificarlo individualmente de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, además del Consejo Europeo y la Comisión Europea, si esta estuviera autorizada”.

¿La decisión de considerar si el tratado es bueno para el conjunto del país puede quedar solo en manos del Gobierno?

Es decir y según esa hipótesis, en lugar de ceñirse a un tratado a dos bandas, entre la UE y Reino Unido, sería un acuerdo entre una treintena de actores, cada cual con su voz y con su voto, lo que previsiblemente alargaría los plazos más allá del mes de enero de 2026.

Un Estado puede formular “reservas” al firmar un tratado, que deben ser aceptadas por los demás Estados contratantes, a menos que el tratado disponga lo contrario. Esa reserva modificaría las disposiciones del tratado solo en relación con el Estado que la formula y el Estado que la acepta.

El papel del Congreso y también de Andalucía

Otra materia de debate es si el tratado pasará -o debe pasar- por las Cortes españolas en algún momento de forma previa a su aprobación para que el Gobierno explique su contenido, se debata y haya un posicionamiento al afectar de manera especialísima a una zona del territorio nacional como el Campo de Gibraltar.

Otro factor a tener en cuenta es que España logró reservarse el derecho de veto sobre el acuerdo si lo considerase lesivo para sus intereses. ¿La decisión de considerar si el tratado es bueno para el conjunto del país puede quedar solo en manos del Gobierno o debería ser competencia del Congreso de los Diputados tras un debate en profundidad?

Artículo 242 del Estatuto: “La Junta de Andalucía participará en los organismos internacionales en asuntos de singular relevancia para la Comunidad Autónoma, en el seno de la delegación española"

Y Andalucía. Como subrayó este periódico en diciembre de 2023, el Estatuto de Autonomía abre una puerta para que la Junta tuviera conocimiento de primera mano de las negociaciones, pero no ha sido así. Lo reivindicótarde y con escasa fuerza. ¿Alguien duda que los dirigentes de la Generalitat catalana o la Lehendakaritza no habrían estado sentados en la mesa de negociación -como integrantes de la delegación española, como oyentes- si tuvieran a la colonia británica como vecina?

Recordemos: El artículo 240 de nuestra carta magna autonómica, bajo el epígrafe de “Tratados y convenios”, indica en su punto 1: “La Junta de Andalucía será previamente informada por el Estado de los actos de celebración de aquellos tratados y convenios internacionales que afecten directa y singularmente a materias de su competencia. Una vez recibida la información emitirá, en su caso, su parecer y podrá dirigir al Estado las observaciones que estime pertinentes”. El 242, sobre la Participación en organismos internacionales, añade más contenido al respecto: “La Junta de Andalucía participará en los organismos internacionales en asuntos de singular relevancia para la Comunidad Autónoma, en el seno de la delegación española. Podrá hacerlo directamente cuando así lo permita la normativa estatal”.

Quizá el miércoles próximo tengamos, vía Londres, algunas nuevas pistas sobre lo pactado, aunque para conocerlo no bastará con declaraciones, sino con un texto por delante, negro sobre blanco, que será desvelado en el mes de octubre si nada se tuerce hasta entonces.