Corresponsabilidad fiscal. La expresión comenzó a manejarse con un velo de supuesta modernidad en 1993 a raíz de los acuerdos del PSOE y CiU para la gobernabilidad tras las elecciones generales celebradas ese mismo año. Con Pujol al frente, la Generalitat ansiaba desde hacía tiempo hincar el diente a los impuestos estatales y la victoria por mayoría simple de Felipe González le dio la oportunidad. Aquella “corresponsabilidad fiscal” se concretó con la cesión a las autonomías del 15% de la recaudación del IRPF, sin capacidad normativa.

Fue el primer paso de otros muchos que, tanto con Ejecutivos de PSOE como del PP, se han venido dando a trompicones y empellones nacionalistas en las últimas décadas en el desarrollo del Estado de las Autonomías. Estas últimas tienen ahora en sus manos el 50% del IRPF con margen normativo, además de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Juego, determinados medios de transporte y ventas minoristas de determinados hidrocarburos. A todos estos se suman el de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio. En el caso de Andalucía, el primero fue suprimido por el Gobierno de Juanma Moreno en la pasada legislatura y al segundo acaba de darle carpetazo con gran impacto mediático en el Foro Joly celebrado el pasado lunes en Madrid.

La Junta tiene sus expectativas en los 80.000 contribuyentes que pagan a la Generalitat no solo el impuesto sobre el Patrimonio, sino también el de Sucesiones y Donaciones

Es complejo hacer una estimación sobre el número de grandes contribuyentes que se animarán a trasladar su domicilio fiscal desde otra comunidad a Andalucía para pagar menos dinero, o sobre cuántos andaluces que huyeron en su día a la Comunidad de Madrid volverán a Andalucía para abonar sus tributos aquí. Si el llamamiento de Juanma Moreno a los empresarios catalanes -“aquí está su tierra”- surte efecto se verá a medio y largo plazo. La Junta tiene sus expectativas en los 80.000 contribuyentes que pagan a la Generalitat no solo el impuesto sobre el Patrimonio, sino también el de Sucesiones y Donaciones. “Además, aquí no os vamos a independizar nunca porque somos orgullosa parte de España”, interpeló a quien quisiera oírle el presidente andaluz. De momento, como poco, el Ejecutivo andaluz logrará frenar que más ricos andaluces se censen en Madrid para pagar menos.

Sobre la idoneidad del impuesto sobre el Patrimonio hay un largo debate y voces partidarias a su existencia o a su eliminación las hay entre la izquierda y la derecha: el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero lo suprimió en 2008, aunque lo recuperó en 2011, y ahora en el PP ha habido pocos aplausos al anuncio de Juanma Moreno. Quitar o rebajar impuestos a los ricos de forma unilateral como ha hecho Andalucía no es solo un paso que contrasta con el principio de progresividad fiscal -según el cual deben pagan más impuestos quienes más ganan- sino que atomiza el mapa impositivo español. Hasta hace bien poco -entiéndase en términos históricos- tan solo País Vasco y Navarra podían ejercer el dumping fiscal.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno central -con el ministro Escrivá abogando por una recentralización fiscal- pretende desactivar de alguna forma la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía y Madrid con la creación de una nueva figura impositiva para los más ricos, a aplicar a partir de 2023. Ahora bien, una consecuencia no menor es que los contribuyentes más acaudalados que residan en las comunidades autónomas que mantengan el impuesto sobre el Patrimonio corren el peligro de someterse con el nuevo impuesto estatal a una suerte de doble tributación. Caben dos posibilidades de aquí a enero: que el resto de gobiernos regionales copien el órdago de Juanma Moreno, prescindiendo de los ingresos por Patrimonio, o que la fuga de capitales hacia Madrid y Andalucía se acentúe.

Aparcado aparentemente el debate sobre la falta de cohesión territorial en España –la izquierda moerna jamás va a renegar del desarrollo autonómico que ella ha alentado y nadie en el Partido Popular de Feijóo va acusar de deslealtad a Isabel Díaz Ayuso o a Juanma Moreno– la veda en busca de los contribuyentes con rentas altas se ha abierto. Para bien o para mal, esto era y es la corresponsabilidad fiscal.