Campo de Gibraltar

El TSJA respalda la ampliación de Los Alcornocales para proteger La Almoraima

  • El tribunal rechaza el recurso interpuesto por el Gobierno contra el crecimiento del parque natural

  • La Junta lo tramitó después de que el Ejecutivo anunciase su intención de vender la finca estatal

Finca La Almoraima, en Castellar de la Frontera.

Finca La Almoraima, en Castellar de la Frontera. / andrés carrasco

La polémica en torno a la finca La Almoraima acaba de vivir su penúltimo capítulo. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla ha dictado una sentencia favorable a la Junta de Andalucía con relación a la ampliación del Parque Natural de Los Alcornocales, rechazando un recurso del Gobierno contra esa ampliación y avalando así un proceso de crecimiento planteado para garantizar la protección de la finca estatal frente a su posible venta a un particular.

El procedimiento se retrotrae a 2013, cuando el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció la intención del Gobierno de vender la finca La Almoraima, el latifundio de mayor tamaño de la comunidad autónoma (más de 14.000 hectáreas en Castellar de la Frontera), que llegó a manos estatales con la expropiación de Rumasa. La Junta reclamó inicialmente al Gobierno que le transfiriese la titularidad y después puso en marcha una ampliación de la superficie del parque natural de Los Alcornocales para incluir los suelos de la finca que aún no estaban protegidos, limitando así los usos que será posible efectuar en ellos.

El Gobierno planteó entonces un recurso contencioso-administrativo a través de la empresa Almoraima contra el acuerdo de 21 de enero de 2014 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la formulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de Los Alcornocales y del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Los Alcornocales.

Frente a los planteamientos esgrimidos por la Administración General del Estado, que el Tribunal Superior "considera injustificados", asegura la Junta, la sentencia estima acertados los argumentos de la Junta de Andalucía, en el sentido de que el acuerdo del Gobierno andaluz inició el proceso de revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y será el decreto que apruebe este plan el que proceda a aprobar o no la ampliación del parque natural.

Por otro lado el Tribunal Superior considera ajustado a derecho el régimen de protección preventiva con respecto a la finca La Almoraima y demás terrenos incluidos en la futura ampliación, de manera que no pueden realizarse en ella actos que supongan una transformación de la realidad física y biológica.

La empresa había aportado un informe pericial "con reiterado uso de términos despectivos y ofensivos contra la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y sus funcionarios", asegura la Consejería de Medio Ambiente, lo que la Junta de Andalucía consideró como totalmente innecesario con respecto a los fines perseguidos, al mostrar dicho informe una "belicosidad impropia con respecto al espíritu de coordinación y cooperación que debe presidir las relaciones entre las administraciones central y autonómica".

Con esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha avalado la legitimidad de la medida que adoptó el Consejo de Gobierno, tal como se recoge textualmente. En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Gobierno, el Decreto de ampliación del parque natural y de aprobación del PORN y el PRUG ha superado todas las etapas de tramitación administrativa y se encuentra muy cerca de su aprobación definitiva. Además, condena expresamente a costas a Almoraima.

Verdemar-Ecologistas en Acción mostró ayer su "enorme satisfacción" ante la sentencia del TSJA, que "blinda una zona de alto valor ecológico y la protege de la especulación urbanística". Así lo indicó a Europa Press Antonio Muñoz, portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, resaltando que la ampliación supone "no sólo proteger una parte de La Almoraima cuyos responsables decían que no tenía ningún tipo de valor ecológico, pero que sí lo tiene", sino que se extiende hasta Guadalquitón, que es "el último alcornocal que termina en la playa en todo el litoral mediterráneo oriental".

Recordó que Verdemar lleva "prácticamente 25 años luchando por ese corredor verde" para "librar" la zona de construcciones similares a las existentes en la Costa del Sol, pues "se pretendían hacer más de 2.400 viviendas, puertos deportivos y arrasar un alcornocal en perfectas condiciones y de un valor incalculable".

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