El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, recibirá el próximo 25 de noviembre en Madrid al presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, al subdelegado del Gobierno andaluz, Javier Rodríguez Ros, y a los ocho alcaldes de la comarca para abordar en qué punto se encuentran las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido sobre la futura relación de Gibraltar con la zona.

La última reunión de este tipo se celebró el 19 de octubre de 2021 y, en ella, Albares prometió que existía un "compromiso claro" de llegar a un pacto sobre el Peñón antes de finales de aquel año, algo que todavía no ha sucedido. Ante la posibilidad de que las negociaciones encallasen y volviera a emerger la sombra de un Brexit duro, el ministro de Asuntos Exteriores apuntó entonces que el Gobierno estaba preparado para cualquier eventualidad.

En aquella ocasión, a la reunión también asistieron el secretario de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, José Enrique Millo, el coordinador de la Administración General del Estado en la comarca, Francisco Gil, y el delegado del Ministerio de Exteriores en el Campo de Gibraltar, Juan José Sanz Aparicio. 

Trece meses de estancamiento

El tira y afloja entre la Comisión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar, más específicamente sobre la vinculación que, tras el Brexit, tendrá la colonia británica con la comarca, va ya por la novena ronda de negociaciones. Albares, que percibe voluntad política por ambas partes, continúa esperando un acuerdo con el Gobierno británico para crear una "zona de prosperidad" compartida que aún no se concreta.

La semana pasada, el titular de Exteriores pedía a la Comisión Europea que acelerara estas negociaciones tras la falta de avances después de trece meses.

Vista aérea de La Línea y Gibraltar.

El control de la frontera

Madrid y Londres anunciaron en diciembre de 2020 un acuerdo interino para Gibraltar que evitara el caos el 1 de enero de 2021, cuando se consumara el Brexit sin haber definido previamente un marco específico para la relación del territorio con la Unión Europea.

Entonces, España dijo haber llegado a un acuerdo con Reino Unido para suprimir las barreras terrestres y adelantó que agentes de la Agencia europea de control de Fronteras (Frontex) asumirían el control de las entradas y salidas por el aeropuerto y puerto de Gibraltar.

La Comisión Europea, sin embargo, en su propuesta de mandato negociador para los 27, dejó exclusivamente en manos de las autoridades españolas la responsabilidad de controlar esos pasos si se dejaba caer la Verja, algo que irritó al Gobierno británico que consideró ese extremo inaceptable.

Ante este escenario, el Gobierno de Fabián Picardo avisaba a principios de noviembre a las empresas asentadas en Gibraltar de las consecuencias que tendría para su operatividad un endurecimiento de los controles en la frontera, principalmente en el flujo desde España para trabajar en las compañías del Peñón.