El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para conocer las medidas previstas en los centros penitenciarios para prevenir los fallecimientos por sobredosis después de que en lo que va de año hayan muerto por esta causa en prisiones andaluzas 14 personas, cinco de ellas en la cárcel algecireña de Botafuegos.

La queja va dirigida al Ministerio del Interior (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) y a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. A las cinco muertes en la prisión de la ciudad se añaden otros tres fallecimientos en el centro penitenciario de Albolote (Granada), dos en el de Huelva y cuatro en el El Puerto de Santa María. El texto apunta que un elevado porcentaje de los internos en las cárceles son drogodependientes y, en muchos casos, cumplen condenas por delitos relacionados con los estupefacientes, por lo que el hecho de que tengan acceso a dichas sustancias es "una cuestión grave que dificulta, cuanto no imposibilita su reinserción".

"El ejercicio de las políticas destinadas a la prevención, tratamiento y superación de las drogodependencias exigen la coordinación en esta materia entre los distintos estamentos implicados, priorizando programas de prevención, desarrollando estrategias de intervención y agilizando el acceso a los recursos establecidos", señala el Defensor.

Maeztu reclama a Instituciones Penitenciarias que informe de los sistemas de intervención en materia de drogodependencia que se aplican en el ámbito de los centros penitenciarios en Andalucía y a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de los sistemas de intervención en materia de drogodependencia que se aplican en estos centros. A ambas, además, les solicita información sobre los acuerdos, convenios o instrumentos de mutua colaboración en vigor o que hubieran sido aplicados de mutua colaboración.

El sindicato Acaip alertó el pasado mayo, tras la cuarta muerte en Algeciras, de la posible influencia de la falta de personal sanitario suficiente para la prisión de Botafuegos como uno de los factores que podrían haber provocado las muertes. Según Acaip, la falta de médicos estaría provocando que no se pueda controlar adecuadamente el reparto de medicación a los reclusos y eso estaría facilitando un mal uso de la misma.

En la prisión había a finales de mayo cuatro médicos -según el sindicato- aunque la relación de puestos de trabajo prevé nueve facultativos y dos de apoyo. Enfermeros hay siete para doce plazas previstas y auxiliares de enfermería cinco o seis para nueve plazas. Una merma que se traduce en jornadas maratonianas de hasta 70 horas semanales para los médicos, que además de cubrir la asistencia diaria tienen que realizar guardias junto con los enfermeros.

En ese contexto se da la escasez de control sobre la medicación que denuncia Acaip. Ante la falta de personal suficiente, en lugar de repartirla de forma diaria se les da a los presos la medicación para dos o tres días (la metadona si es distribuida cada día e ingerida delante del personal sanitario por su peligrosidad). Los presos pueden así acumular medicación o ingerir más de la que debieran en un momento dado apunta Acaip.