Gil justifica el contrato de Iglesias porque quería abrir el castillo

El juicio por presunta prevaricación contra Juan Andrés Gil, exalcalde de Tarifa del Partido Popular, por la contratación de Cristóbal Iglesias, presidente de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Facinas, giró en torno a la legalidad de los dos contratos. Tanto del contrato que provocó el despido de Miguel Ángel Marín, técnico de Turismo que cumplía su tercer día de trabajo cuando recibió la notificación de que sería despedido, como del que llevó a Cristóbal Iglesias a ser empleado como albañil para, según dijo Gil, trabajar en el Castillo de Guzmán el Bueno.

El Ministerio Fiscal defendió la legalidad del proceso de selección y contratación del diplomado en Turismo, mediante convocatoria pública y basándose en criterios de méritos y capacitación; y acusó a Juan Andrés Gil de despedir de forma arbitraria y discrecional a Miguel Ángel Marín tan solo tres días después de tomar posesión como alcalde. El fiscal Jesús Cisneros preguntó a Gil si era tan urgente el despido del técnico asignado a la Oficina de Turismo "para contratar a su amigo", declaró. Los abogados de los dos acusados y Juan Andrés Gil defendieron durante toda la vista oral que los contratos no tienen relación alguna, que fueron realizados por entidades diferentes (la delegación de Turismo y el Patronato de Cultura), y para objetivos completamente distintos. Sin embargo, el asesor jurídico, Francisco Javier Ochoa, informó en contra señalando que la contratación no se ajustaba a las leyes de contratación pública, y que ni las funciones ni los cometidos de Cristóbal Iglesias fueron especificados.

Juan Andrés Gil declaró que cuando llegó al equipo de gobierno consideró que la delegación de Turismo estaba suficientemente dotada. Por tanto, y acogiéndose a que Miguel Ángel Marín estaba en su tercer día del período de pruebas, decidió rescindir su contrato. El exalcalde del PP mantuvo que en el municipio existía una presión social para la reapertura del castillo de Guzmán el Bueno, y que por ello decidió contratar a alguien que hiciera las labores previas a la reapertura del monumento. Gil, al intentar explicar cómo se llevo a cabo el procedimiento de contratación de Cristóbal Iglesias, señaló que, simplemente, se dio a conocer, aunque no detalló dónde, cuándo ni cómo; y que tras la aportación de varios currículos se optó por el del actual alcalde de Facinas, que había trabajado como monitor y restaurador en talleres de empleo anteriores.

Tanto los abogados defensores como Juan Andrés Gil se ampararon en la potestad de éste como alcalde para tomar decisiones administrativas, aunque tuviera en contra el informe del asesor jurídico; y defendieron el hecho de que no existió dolo alguno cuando se despidió a Miguel Ángel Marín porque tanto su contrato, como el que finalmente se hizo a Cristóbal Iglesias tenían el respaldo económico de la Intervención. Por tanto, el entonces alcalde podría haber mantenido a los dos, pero decidió que la delegación de Turismo estaba ya sobredimensionada. "Si el anterior gobierno le hubiese hecho el contrato 20 días antes no hubiese podido despedirle", comentó.

El el juicio, que duró más de tres horas y quedó visto para sentencia, el fiscal recordó que Cristóbal Iglesias fue militante y cargo destacado en el PSOE y que su contrato en el Ayuntamiento de Tarifa, que se prolongó durante cuatro años, pudo ser la recompensa por pasarse a las filas del Partido Popular en los meses previos a unas elecciones locales.