Los tres ex consejeros de la Junta de Andalucía que comparecieron ayer en la comisión de investigación de los ERE que se celebra hasta este viernes en el Parlamento andaluz coincidieron ayer en defender el procedimiento por el que se concedieron las ayudas a ex trabajadores y empresas frente a los "abusos" que, individualmente, pudieron cometerse. Como defensa para avalar la legalidad del sistema, los tres ex consejeros (Manuel Recio, de Empleo, y Francisco Vallejo y Martín Soler, de Innovación) se acogieron a la ausencia de "líneas rojas" por parte de organismos fiscalizadores, en especial, de la Intervención General de Hacienda, al que en el seno de la Administración se la conoce coloquialmente como el imperius. No se cruzó la "raya roja", no hubo "reparos" y los informes de 2005, de 2007 o de 2009 no eran vinculantes, aunque sirvieron para mejorar el sistema, compartieron los tres.

Precisamente hoy comparece una de las personas sobre la que están depositadas más esperanzas para esclarecer el fraude en los ERE y al que se interrogará por qué no elevó un informe de actuación. Se trata de Manuel Gómez, interventor general de la Junta de 2000 a 2010, el periodo investigado.

Manuel Gómez nunca compartió el criterio de que los ERE se financiaran mediante las llamadas transferencias de financiación por su escaso control, y así lo expuso en otros informes enviados a la Consejería de Hacienda entre los años 2005 a 2007, aunque nunca elevó el denominado informe de actuación.

Esto hubiera elevado la gravedad de los reparos, y habría obligado a la Consejería de Economía y Hacienda a actuar y, posiblemente, hubiera servido para hallar el fraude de colocar a personas que nunca habían trabajado en las empresas beneficiarias de las ayudas de los ERE (los intrusos). El informe de actuación se emite, según el decreto 9/1999 de 19 de enero, o bien cuando los responsables de la gestión controlada no adaptan las medidas que deben saldar las deficiencias que observa el interventor o porque éste aprecie un menoscabo de fondos públicos.

La Guardia Civil interrogó el pasado 20 de octubre en calidad de testigo a esta persona clave en el control presupuestario de la Junta, que aseguró que no despachó con el entonces consejero de Hacienda de 2004 a 2009 y hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El PP ha implicado a Griñán en esta trama porque, a su juicio, debía haber conocido estos informes.

En la ausencia de informes de actuación se escudaron los ex consejeros interrogados para defender la legalidad de un sistema que, reiteraron, nunca desató las alarmas de los organismos fiscalizadores. "Fue una opinión, no un reparo", dijo Recio sobre los informes de la Intervención.

"Que yo sepa la Intervención no hizo ningún informe contrario, ningún reparo tampoco en cuanto a la subvenciones excepcionales", afirmó Recio. "Si esto no se puso en duda, es que el sistema era legal", dijo en otro momento el ex consejero de Empleo en cuyo mandato se destapó el caso, a principios de 2011.

Ninguno de los ex consejeros acusó directamente a la Intervención de no hacer su papel: sólo se apoyaron en la ausencia de informes de actuación para defender la legalidad del procedimiento por el que la Junta ha otorgado estas ayudas durante diez años, por más que PP e IU insistieron en que algo más se podía haber hecho.

Así las sesiones cayeron en un debate jurídico-técnico sobre si ese procedimiento que los ex consejeros defendieron y los portavoces de PP e IU definieron de "mecanismo perverso" fue el adecuado o no. "Permítame que le diga que ese control financiero permanente es una porquería. Es de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. No se ejerce ningún control", le reprochó enérgica la portavoz de IU, Alba Doblas, a Recio en referencia a los mecanismos de fiscalización previa de la Junta.

Fue en la primera comparecencia de una jornada que superó las diez horas (con sesión extraordinaria incluida), Recio se aferró a las conclusiones de la investigación interna que ha realizado la Consejería de Empleo y que ha resuleto que, de los 5.982 ex trabajadores que recibe ayudas sociolaborales de la Junta, sólo hay sospechas de fraude sobre 200, el 3,3%.

El consejero se apoyó en estos datos para defender las garantías del sistema: "Nada tiene que ver la legalidad del sistema con los abusos en su aplicación, que siendo constitutivos de delito penal, deben ser investigados para que nadie que se haya lucrado se quede sin castigo y se recupere hasta el último céntimo", aseveró Recio en su exposición inicial.

Al igual que hicieran el viernes sus antecesores en el cargo, José Antonio Viera (2000-2004) y Antonio Fernández (2004-2010), el ex consejero Recio defendió que el procedimiento de concesión de ayudas fue "legal desde el principio", sometido a los "preceptivos controles", conocido por el Parlamento y los agentes sociales.

"¿Y si es un sistema tan bucólico, cómo se degrada hasta tener intrusos, empresas fantasma, conseguidores o comisionistas?", le espetó Doblas. "¿Cree usted que hay otra administración en la que el 97% de lo hecho esté bien?", respondió Recio con otra pregunta.

Las ayudas de Empleo se administraron a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que en 2004 se convirtió en la agencia IDEA y pasó a depender de la nueva Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, motivo por el que fueron convocados a comparecer los ex consejeros Francisco Vallejo (2004-2009) y Martín Soler (2009-2010). Ambos consejeros insistieron en que esta agencia, que presidían por ser consejeros, era un mero "instrumento pagador", es decir, administrativamente Empleo hacía los expedientes con su relación de beneficiarios e IDEA pagaba.

Por ello Vallejo y, por la tarde, Soler negaron tener conocimiento de las instrucciones de la agencia o del convenio por el que se pasó de IFA a IDEA. Soler incluso dijo que conoce estas informaciones desde hace una semana, cuando se puso a preparar la comparecencia. Vallejo expresó que su Consejería tenía más asuntos de los que ocuparse antes que un asunto "menor" como ése. Los portavoces de PP e IU no daban crédito a cómo se pudo hacer esa estructura y sugirieron que era premeditada para saltarse la fiscalización.

Vallejo, que ahora es diputado raso, admitió que es "extraño" que Idea sólo pague, y ni siquiera asesora a Empleo pese a que así lo recoge ese convenio. Pero no es ilegal. por ello Vallejo exculpó jurídicamente su actuación "por acción u omisión", aunque PP e IU consideraron que sí tiene responsabilidades políticas.

El ex consejero vinculó lo que pueda haber pasado exclusivamente a Empleo: "Si hay deficiencias graves, ésas no están en el sistema, ni en el modelo de financiación, sino en la transparencia con la que se han dado; aquí está el meollo". Vallejo, que calificó de "sagrada" a la Intervención, añadió que sus informes "no pusieron reparos jamás".

Martín Soler, que está retirado de la política tras las pasadas elecciones, sí respondió por el buen hacer de sus compañeros más allá de la que fueron sus atribuciones en Innovación. También relativizó los informes no vinculantes de la Intervención a los que sí dieron importancia Doblas y el portavoz del PP, Rafael Carmona. Aparte de que esos informes no fueron nunca dirigidos a Innovación, Soler dijo que también ha estado como concejal en un ayuntamiento "y los informes no dan paso a nada si no se cruza una raya roja, para suspender lo que se está haciendo o tomar medidas de coacción".

Muchas de las dudas se aclararán hoy, previsiblemente, en la comparecencia de Manuel Gómez.