Andalucía

La Junta niega que la venta de edificios y acciones de RTVA suponga privatizarla

  • Aguayo pide al PP que deje de enredar las informaciones, ya que el Gobierno pretende con esta medida incrementar los ingresos del servicio público.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha negado este jueves ante el Pleno del Parlamento que la posible venta de inmuebles o de acciones de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) -algo que se contempla en los presupuestos de la cadena para 2012- signifique privatización del ente.

En respuesta a una pregunta del PP-A, Martínez Aguayo ha manifestado que poner en valor inmuebles que son susceptibles de una mejor utilización es una vía adecuada y oportuna para incrementar los ingresos del servicio público de la RTVA. 

Ha pedido al PP-A que no enrede más, y ha explicado que en el texto articulado del proyecto de Ley de Presupuestos para 2012 se ha recogido la posibilidad de que RTVA pueda vender inmuebles y acciones que tiene en algunas empresas, lo que no significa, en modo alguno, privatización.

La consejera ha aconsejado a los populares que aclaren sus ideas en relación con la RTVA, y ha recordado que presidentes de comunidades del PP han anunciado la privatización de sus cadenas autonómicas y que, mientras no lo hacen, siguen "engordando" la deuda de esos entes. 

Por su parte, el diputado del PP-A José Luis Rodríguez ha manifestado que resulta llamativo que los que se autoproclaman como defensores de lo público y que se dedican constantemente a demonizar a la derecha liberal y la supuesta "motosierra" del Partido Popular, comiencen ahora una "privatización" de la RTVA. 

A su juicio, la política presupuestaria del Gobierno andaluz "pone en grave riesgo" la estabilidad financiera y laboral de la RTVA. Ha indicado que a 31 de junio, la Junta debería de haber transferido a Canal Sur 77,85 millones y, a fecha de hoy, 130 millones de euros, algo que no se ha producido. Ha insistido en que la "política tramposa y morosa" de un Gobierno "anestesiado pone en peligro los servicios públicos".

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