Andalucía

La Junta cambia la ley urbanística para incentivar al sector inmobiliario

  • Los cambios introducidos supondrán la agilización de trámites y pretenden reforzar los principios de participación pública, transparencia y publicidad en la elaboración del planeamiento urbano.

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El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que incluye cambios tendentes a incentivar al sector inmobiliario, especialmente en sus operaciones en la ciudad construida, y la agilización en la tramitación de los planes.

Los cambios introducidos, en el marco de la adecuación a la nueva legislación estatal de suelo, supondrán también una agilización de trámites y pretenden reforzar los principios de participación pública, transparencia y publicidad en la elaboración del planeamiento urbano, según la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón.

Tras el Consejo de Gobierno, la consejera ha explicado en rueda de prensa que los cambios responden a la "necesidad" de realizar una adaptación a la normativa estatal y que permitirán mejorar las ciudades en aspectos como "la habitabilidad y movilidad", así como avanzar en sostenibilidad.

Una de las principales medidas de agilización se refiere a la cesión de suelo para equipamientos y dotaciones que legalmente deben realizar los promotores a favor de los ayuntamientos.

La nueva LOUA permitirá sustituir esta entrega por una cuantía económica equivalente a su valor, cuando el terreno no alcance unas dimensiones mínimas exigibles. En estos supuestos, el municipio deberá crear un depósito específico que se destinará exclusivamente, y en un plazo máximo de tres años, a obtener suelo de mayor entidad para dotaciones compensatorias de calidad, lo que "evitará" la fragmentación de las áreas dotacionales y su localización en espacios residuales.

El proyecto de ley, que se tramitará por la vía de urgencia en el Parlamento, establece fórmulas para atribuir a los ayuntamientos modificaciones urbanísticas que hasta ahora eran competencia de la Administración autonómica, entre ellas las vinculadas a la obtención de estos espacios procedentes de la compensación por pago.

El municipio podrá fijar el número de viviendas de cada proyecto dentro de los tramos que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para aumentar el aprovechamiento de suelo o la edificabilidad en espacios ya construidos, la nueva LOUA permitirá a los municipios disminuir las cesiones obligatorias de terrenos desde el 10% hasta el 5% del incremento planteado. En los terrenos de uso residencial, y con el fin de dar respuesta a las necesidades actuales sin alterar el modelo de ciudad, se eleva el número máximo de viviendas permitido en un 20% respecto a la normativa ahora vigente.

En vivienda protegida, las directrices de la nueva ley estatal no alteran lo ya dispuesto por la LOUA, ya que se mantiene la obligación de realizar una reserva del 30 % de suelo residencial para VPO en cada planeamiento urbano.

No obstante, el nuevo documento vincula estas reservas a los planes municipales y autonómicos de vivienda y suelo, ajustándolas por tanto a la demanda previsible en cada municipio. En la elaboración del planeamiento urbanístico, la Junta habilitará un órgano colegiado que actuará como ventanilla única para facilitar a los ayuntamientos la tramitación de los informes sectoriales vinculantes que ahora emiten por separado las diferentes consejerías.

El proyecto introduce también medidas que permitirán acortar los plazos de tramitación y aprobación de los planes parciales y especiales (instrumentos de desarrollo de los PGOU). Cruz Villalón ha destacado que la norma reforzará los principios de participación pública, transparencia y publicidad en todos los trámites relativos al planeamiento urbano.

Entre otras novedades, se exigirá a los ayuntamientos la elaboración de un resumen ejecutivo de síntesis para hacer más comprensibles los objetivos y directrices de los PGOU en su fase obligatoria de exposición pública.

Las administraciones también deberán incluir en la documentación de estos planes un informe de sostenibilidad económica, con un análisis de los costes que para las haciendas públicas suponen tanto la ejecución como el mantenimiento de servicios y equipamientos.

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