Los propietarios del edificio Escalinata reclaman desde marzo al Ayuntamiento que asuma la demolición del bloque en ruinas
La comunidad solicita al Consistorio tres veces por escrito que expropie el edificio ante los numerosos obstáculos para ejecutar el derribo sin obtener respuesta
Uno de los propietarios, la empresa satélite de Nautagest, se opone al derrumbe
Los propietarios del edificio Escalinata de Algeciras negocian la venta a una promotora para que asuma la demolición
Los propietarios del edificio Escalinata de Algeciras llevan reclamando desde el pasado marzo al Ayuntamiento que se haga cargo del derribo del bloque de viviendas en estado ruinoso provocado por la construcción del parking Escalinata. Para ello, piden al Consistorio que expropie el bloque y les descuente los costes de la operación.
La comunidad de propietarios ha remitido a la entidad local al menos tres escritos este año -a través de su presidente y del representante legal de los vecinos- en los que exponen los numerosos obstáculos que se han encontrado para demoler las que fueran sus viviendas. El presidente de la comunidad, Emilio Romero, asegura a Europa Sur que la entidad local no ha respondido a ninguno de los escritos, por lo que el derribo se mantiene en un limbo.
El céntrico inmueble tuvo que ser desalojado en 2003 por los daños estructurales provocados durante la construcción del aparcamiento homónimo, que acabó siendo declarado ilegal en 2004 y demolido el pasado año. El Escalinata fue declarado en ruinas en 2007 y desde entonces se encuentra pendiente de ser derribado, con varios intentos infructusosos.
El Ayuntamiento de Algeciras concedió el pasado 29 de enero la licencia de obras para la demolición del inmueble con un plazo de solo dos meses para el inicio de los trabajos. Justo antes de que concluyese ese periodo, el 27 de marzo, la comunidad presentó el primero de los escritos en el que avisaban de los contratiempos y dificultades para hacer frente a la situación, pese a los numerosos trámites y desembolsos económicos efectuados.
Entre los motivos esgrimidos para pedir la intervención municipal, los propietarios destacan que la empresa constructora con la que se suscribió el contrato ha modificado el precio ofertado en su momento y que supera con creces la cantidad por la que fueron indeminizados por el Consistorio. "La nueva cuantía no puede ser asumida por la comunidad de propietarios", avisan los vecinos, que no han podido encontrar a otra empresa alternativa. "A ello se une el hecho que casi todos los vecinos son personas de avanzada edad, sin posibilidad de gestionar tal imprevista incidencia", apuntan. La comunidad tenía un prespuesto estimado de 80.000 euros, si bien Grupo Plaza (la misma empresa que construye la plaza vertical en las inmediaciones) solicita ahora más de 122.000, según los vecinos.
El plan b, vender el bloque a un promotor y que este asumiera el derribo descontándoles el importe del precio de la compraventa, tampoco ha cristalizado.
Bloqueo vecinal
Los vecinos avisan de otra situación en el seno de la comunidad que bloquea el derribo. Según consta en los escritos presentados al Consistorio, uno de los propietarios se niega a la venta de su propiedad (en ruinas) y al derribo. Se trata de la sociedad Strait Valdevaqueros SL.
Strait Valdevaqueros tiene vínculos con Nautagest, la promotora de la construcción y gestión del parking. Esta sociedad satélite compró uno de los pisos del Escalinata en 2011, cuatro años después de declararse la ruina del bloque, para tener así información directa de las decisiones y deliberaciones que la comunidad de propietarios tomaba contra la gestora del parking.
"Un vecino de este edificio ha comunicado expresamente -y por escrito- su voluntad de que su propiedad no sea demolida, informando que en caso contrario iniciará acciones penales contra quien corresponda. El resto de vecinos sin excepción está de acuerdo con acometer tal obligada demolición, como corresponde, mostrando su más plena colaboración con este Ayuntamiento y así lo comunicamos. Está bloqueada la posibilidad de derribo por parte de la comunidad de propietarios, por razón de la exigencia de unanimidad que se torna necesario para ello, y del correspondiente permiso de los comuneros para acometer tal derribo de inmueble de su propiedad y que no se obtiene por la citada posición de bloqueo de Strait Valdevaqueros SL", rezan los escritos.
La expropiación, una salida
Los vecinos plantean que el Consistorio expropie el edificio y asuma la demolición. Es una solución que ya se puso sobre la mesa por parte de Urbanismo para resolver el bloqueo en la rehabilitación de la céntrica Casa Millán.
Los propietarios del Escalinata sugieren a Urbanismo que expropie el edificio por la vía convencional, para acelerar los trámites, y así poder integrar la superficie del edificio en la plaza vertical que se construye sobre los restos del antiguo aparcamiento. "El futuro espacio alcanzaría mayor armonía al ser rectangular, eliminando el adosado que supondría un nuevo edificio de viviendas en una esquina. Además, eliminaría el antiestético túnel de la calle Murillo, auténtico foco de marginalidad histórico", exponen.
Además, de esta forma se podrían compaginar las tareas de construcción de la nueva plaza con la demolición de forma que se minimicen los riesgos de un derribo cuando el parque estuviera ya operativo o con sus obras terminadas.
Más 35.000 euros en gastos previos a la demolición
La comunidad del Escalinata asegura haber puesto ya sobre la mesa más de 35.000 euros para labores previas al derribo del bloque. Entre estos gastos destacan el proyecto de demolición visado por el Colegio de Arquitectos de Cádiz, y aprobado por los técnicos municipales de Algeciras, por el que se abonaron 13.636,25 euros.
A esta cantidad, los vecinos suman el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (3.800 euros) y la tasa de licencia urbanística (1.520 euros) pagados al Ayuntamiento, más el estudio del impacto acústico de la demolición (943,80 euros); el estudio de seguridad y salud (1.950 euros) y el proyecto de obra nueva (6.301,20 euros). Igualmente, depositaron una fianza municipal de 11.000 euros para hacer frente a los posibles daños a la vía pública y que ahora piden que se devuelva si se acomete una demolición subsidiaria.
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