El juicio por estafa y falsedad en los pisos de la Cuesta Real de Algeciras, para enero de 2023 tras 20 años de espera

Principio del fin de la espera para los afectados por el fallido proyecto inmobiliario del edificio Cuesta Real, situado en la calle Cánovas del Castillo del centro de Algeciras, que mantiene desde hace veinte años a una treintena de compradores sin pisos y sin dinero.

La Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial ha señalado para el próximo mes de enero de 2023 el juicio contra la promotora Obranda SL por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental.

Los compradores denunciaron al estimar que se les aumentó el precio de la hipoteca de manera unilateral, con la supuesta connivencia de la entidad bancaria que les había concedido el préstamo, la Caja General de Granada.

El caso tiene su origen en el año 2002, cuando se suscribieron los contratos de compraventa de las viviendas y garajes, mientras que las primeras denuncias se remontan a los años 2008 y 2009. Los letrados Enrique Del Águila González-Outón y Felipe Parrilla Tejuca, del despacho Viñas de Roa Abogados, ostentan la defensa de 14 denunciantes y coinciden en señalar el mismo modus operandi de la promotora y de la entidad bancaria. El inmueble nunca se llegó a habitar y ha sufrido problemas de ocupación.

En los escritos de acusación, los abogados entienden que los acusados cometieron presuntamente un delito de estafa impropia y otro de falsedad en documento público y mercantil, por lo que solicitan para ellos tres años y seis meses de prisión y a que indemnicen a los afectados con devolver las cantidades que fueron abonadas en su día, el interés legal del dinero, la diferencia entre el valor de los inmuebles a fecha actual y con su precio de adquisición, además de una cantidad en concepto de daños morales al haber adquirido inmuebles que no han sido usados en más de 15 años. La cuantía se estima millonaria.

Según los escritos de acusación, la promotora había obtenido presuntamente unos ingresos iniciales por las cantidades entregadas a cuenta “pero teniendo la voluntad clara de no cumplir los contratos”. Estos préstamos los consiguió la promotora "por una cantidad superior a la que previamente había pactado con los compradores" y, “sin conocimiento ni consentimiento de estos, gravaron los inmuebles con la anuencia y conocimiento de diversos responsables de la entidad por un importe muy superior al realmente asumido por los compradores en sus contratos privados”. De esta manera, los afectados perdieron las cantidades entregadas a cuenta y nunca les han sido devueltas. Algunos incluso comenzaron a pagar las hipotecas, pero dejaron de hacerlo al ver que no iban a recibir sus viviendas.

Un posible acuerdo

Semanas antes de la vista judicial también se ha señalado una sesión para una posible conformidad entre las partes que evite el desarrollo del juicio, para el que se han previsto un total de ocho sesiones, según explican los letrados de Viñas de Roa Abogados.

La actual entidad bancaria que asumió la cartera de la caja granadina está personada como responsable civil subsidiaria. Es decir, tendría que asumir las posibles indemnizaciones resultantes del proceso judicial en caso de sentencia condenatoria dado que Obranda SL se declaró insolvente y en concurso de acreedores en su momento.

Enrique Del Águila y Felipe Parrilla detallan que todos los abogados de la acusación particular se han coordinado para buscar un acuerdo con la entidad bancaria. "El posible acuerdo consiste en que nuestros clientes, los afectados, renuncian a un porcentaje de las cuantías que les corresponderían en una hipotética sentencia y solicitan una reducción de las penas de cárcel a imponer mediante la modificación de los escritos de acusación, a cambio de ser indemnizados ya, de manera inmediata, tras casi 20 años desde que sucedieron los hechos y tras 14 años de procedimiento judicial", detallan los letrados.

Así fue la presunta estafa

Los contratos de compraventa se suscribieron en 2002 y el plazo previsto para la entrega de las fincas era de 20 meses a partir del inicio de las obras. La subrogación en el préstamo hipotecario se realizaría a la fecha de otorgamiento de la escritura pública de compraventa. Sin embargo, según relatan los afectados en los escritos de acusación, los responsables de la promotora, que dependían de los importes entregados a cuenta para construir los pisos, fueron retrasando el inicio de las obras hasta enero de 2004. En una reunión celebrada en 2005, Obranda comunicó a los compradores unas “supuestas dificultades económicas” por las que estaba atravesado y se les anunció que se les iba a remitir una nueva propuesta con un nuevo plazo de entrega de los inmuebles, como máximo el 30 de diciembre de 2006, y un aumento del precio.

Ante la oposición de los compradores, los acusados idearon una "compleja trama" para "obtener fondos de forma fraudulenta" y años después, el 2 de mayo de 2008, los responsables de la promotora “procedieron a elevar a escritura pública los contratos privados de compraventa en una notaría de forma fraudulenta, sin conocimiento ni consentimiento de los compradores, elevando notablemente el precio de los inmuebles vendidos y aumentando la cantidad que tenían que asumir los compradores al subrogarse en el préstamo hipotecario que pesaba sobre las fincas”.

El escrito de acusación señala que uno de los responsables intervino como mandatario verbal de los compradores “a pesar de que en ningún momento había recibido ningún mandato ni autorización para ello por parte de ninguno de los adquirentes, que habían manifestado de forma expresa su oposición a ese aumento de precio de los inmuebles adquiridos”. De ese modo, los acusados “obtuvieron unos fondos extra a costa de los compradores, a los que se les coaccionó, planteándoles que o aceptaban el aumento del precio o, en caso contrario, podían desistir de la venta, lo que también les suponía un perjuicio económico porque el valor de los pisos había aumentado considerablemente desde el momento en que inicialmente se había pactado su precio”.

Los abogados afirman que toda esta trama se pudo llevar a cabo con la presunta colaboración de los empleados de la entidad bancaria acusados.