Una treintena de personas lleva años esperando a poder recuperar el dinero que entregaron para comprar una vivienda o un garaje en el edificio Cuesta Real, situado en pleno centro de Algeciras, en la calle Rafael de Muro. Los afectados denunciaron a la promotora Obranda SL por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental por aumentar el precio de la hipoteca de manera unilateral, con la supuesta connivencia de la entidad bancaria que les había concedido el préstamo. Ahora están pendientes de que la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz señale fecha para el juicio, previsto para finales de este año o principios de 2022

En el auto de apertura de juicio oral, con fecha de 7 de junio de 2018, el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras requiere a los procesados a que abonen fianzas millonarias. A las dos personas consideradas por los abogados de los afectados como autores directos de los presuntos delitos de estafa y falsedad documental se les solicita una fianza de 11.990.809,60 euros, a los autores por cooperación necesaria (empleados de la entidad bancaria) 8.998.009,60 euros y otros 11.990.809,60 a Obranda S.L y Caja General de Granada (hoy Bankia), en calidad de responsables civiles subsidiarios. Hasta ahora las fianzas no han sido depositadas o han sido recurridas, aunque el responsable civil sería Bankia, entidad solvente que respondería ante una hipotética sentencia condenatoria, toda vez que el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha declarado la culpabilidad del concurso de acreedores en el que cayó Obranda. A pesar de esta sentencia, los afectados no han conseguido cobrar nada de los montantes estafados y todas sus esperanzas están puestas en una sentencia condenatoria de la Sala de lo Penal de la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Los contratos de compraventa se suscribieron en 2002 y las primeras denuncias se empezaron a interponer entre 2008 y 2009. Los letrados Enrique Del Águila González-Outón y Felipe Parrilla Tejuca, del despacho Viñas de Roa Abogados, ostentan la defensa de 14 de los estafados, que coinciden en señalar el mismo modus operandi de la promotora y de la entidad bancaria.

En los escritos de acusación, los abogados entienden que los acusados cometieron presuntamente un delito de estafa impropia y otro de falsedad en documento público y mercantil, por lo que solicitan para ellos tres años y seis meses de prisión y a que indemnicen a los afectados con devolver las cantidades que fueron abonadas en su día, el interés legal del dinero, la diferencia entre el valor de los inmuebles a fecha actual y con su precio de adquisición, además de una cantidad en concepto de daños morales al haber adquirido inmuebles que no han sido usados en más de 15 años.

Según los escritos de acusación, la promotora había obtenido presuntamente unos ingresos iniciales por las cantidades entregadas a cuenta “pero teniendo la voluntad clara de no cumplir los contratos”. Estos préstamos los consiguió la promotora "por una cantidad superior a la que previamente había pactado con los compradores" y, “sin conocimiento ni consentimiento de estos, gravaron los inmuebles con la anuencia y conocimiento de diversos responsables de la entidad por un importe muy superior al realmente asumido por los compradores en sus contratos privados”. De esta manera, los afectados perdieron las cantidades entregadas a cuenta y nunca les han sido devueltas. Algunos incluso comenzaron a pagar las hipotecas, pero dejaron de hacerlo al ver que no iban a recibir sus viviendas.

Los contratos de compraventa se suscribieron en 2002 y el plazo previsto para la entrega de las fincas era de 20 meses a partir del inicio de las obras. La subrogación en el préstamo hipotecario se realizaría a la fecha de otorgamiento de la escritura pública de compraventa. Sin embargo, según relatan los afectados en los escritos de acusación, los responsables de la promotora, que dependían de los importes entregados a cuenta para construir los pisos, fueron retrasando el inicio de las obras hasta enero de 2004. En una reunión celebrada en 2005, Obranda comunicó a los compradores unas “supuestas dificultades económicas” por las que estaba atravesado y se les anunció que se les iba a remitir una nueva propuesta con un nuevo plazo de entrega de los inmuebles, como máximo el 30 de diciembre de 2006, y un aumento del precio.

Ante la oposición de los compradores, los acusados idearon una "compleja trama" para "obtener fondos de forma fraudulenta" y años después, el 2 de mayo de 2008, los responsables de la promotora “procedieron a elevar a escritura pública los contratos privados de compraventa en una notaría de forma fraudulenta, sin conocimiento ni consentimiento de los compradores, elevando notablemente el precio de los inmuebles vendidos y aumentando la cantidad que tenían que asumir los compradores al subrogarse en el préstamo hipotecario que pesaba sobre las fincas”.

El escrito de acusación señala que uno de los responsables intervino como mandatario verbal de los compradores “a pesar de que en ningún momento había recibido ningún mandato ni autorización para ello por parte de ninguno de los adquirentes, que habían manifestado de forma expresa su oposición a ese aumento de precio de los inmuebles adquiridos”. De ese modo, los acusados “obtuvieron unos fondos extra a costa de los compradores, a los que se les coaccionó, planteándoles que o aceptaban el aumento del precio o, en caso contrario, podían desistir de la venta, lo que también les suponía un perjuicio económico porque el valor de los pisos había aumentado considerablemente desde el momento en que inicialmente se había pactado su precio”.

Los abogados afirman que toda esta trama se pudo llevar a cabo con la presunta colaboración de los empleados de la entidad bancaria acusados. “Esta entidad bancaria facilitó la entrega de cantidades a Obranda otorgándole un préstamo con garantía hipotecaria en fecha 2 de marzo de 2006, gravando los inmuebles de la promoción por un importe superior al pactado inicialmente a pesar de que el banco tenía conocimiento del contenido de los contratos privados suscritos anteriormente con los compradores y sin advertir en ningún momento a los mismos, a pesar del importante perjuicio que ello les iba a causar y utilizando la existencia de esos contratos de compraventa como garantía para la devolución del importe prestado”, indica el escrito de acusación, que señala que esta actuación fue previamente rechazada por otra entidad bancaria.

Los afectados tuvieron conocimiento de ello en una reunión a la que les convocaron los representantes de Obranda celebrada el 20 de mayo de 2008, en la que informaron a los compradores de que si no llevaban a cabo una ratificación inmediata de las escrituras con esas nuevas condiciones y aceptando esa mayor carga hipotecaria, “se trabarían embargos sobre las fincas o se ejecutaría el préstamo hipotecario por la entidad bancaria sobre los inmuebles”. Por esa fecha aún no habían finalizado las obras ni se había concedido la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento, por lo que los inmuebles adquiridos no se encontraban habilitados para ser ocupados, y por tanto, tampoco podían ser entregados físicamente.