La conexión de Pedro Maza con los Pantoja, clave desde el primer día del juicio del Rúa Mar

La conexión del clan de los Pantoja y el armador del Rúa Mar, Pedro Samuel Maza Ruiz, se ha convertido desde la primera sesión en la gran clave del juicio que este lunes ha comenzado en la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz para determinar las causas y la responsabilidad de este último en el naufragio que le costó la vida a los seis tripulantes el 23 de enero de 2020. Según la Fiscalía, el pesquero venía de recoger un cargamento de hachís de Marruecos cuando se hundió a unas 28 millas de Cabo Espartel. Esa fue la causa, entiende, de que Salvamento Marítimo no pudiera localizar a tiempo a los seis marineros para salvarlos. Jesús Heredia, El Pantoja, considerado uno de los principales capos del tráfico de droga en el Campo de Gibraltar, está acusado de organizar el alijo junto a Maza Ruiz, pero ni siquiera ha comparecido este lunes ante la justicia. La sesión se ha celebrado con su silla vacía.

El Pantoja ha sido declarado en rebeldía. Sobre él pesa una orden de búsqueda y detención desde que el 21 de marzo no se presentó para su reingreso en la prisión de Castellón, a la vuelta de un permiso penitenciario. El tribunal que juzga la tragedia del Rúa Mar ha rechazado la nulidad de las escuchas telefónicas que, supuestamente, le vinculan con el operativo que montó Maza Ruiz para traer la droga. Son siete llamadas de un teléfono del armador (se le intervinieron ocho terminales, pero sólo uno tuvo actividad). También grabaciones realizadas de forma clandestina con un dispositivo oculto en un coche que la defensa de los acusados ha intentado invalidar. De momento, estas pruebas -encargadas por la Audiencia Nacional para una investigación anterior- siguen dentro en la causa, aunque la presidenta del Tribunal, Nieves Marina, ha explicado que no hay que descartar que se eliminen en las sesiones posteriores a las declaraciones de los distintos testigos. "Podemos cambiar de criterio", ha advertido.

Los abogados defensores confían en que así lo hagan, aunque este lunes han argumentado que no hay en esos audios indicio alguno que pueda tener carácter incriminatorio para los acusados. Además, sostienen que el escrito del Juzgado Central de Instrucción número 6, que previamente ya investigaba en una causa secreta al palangrero, se limitaba a lanzar acusaciones sin especificar qué vinculaba a Maza Ruiz y otros acusados con actividades que puedan relacionarles con una organización dedicada al narcotráfico.

Para el principal procesado, la Fiscalía reclama 114 años de prisión. El escrito de acusación imputa al empresario seis delitos de homicidio (15 años por cada uno), dos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa en grado de tentativa y delitos contra los derechos de los trabajadores. A estas penas privativas de libertad se suman cuantiosas multas: 12 millones de euros, otros 1,9 millones a Salvamento y Seguridad Marítima e indemnizaciones de entre 200.000 y 400.000 a las esposas e hijos de los seis fallecidos.

Tras enumerar la lista de perjudicados (viudas e hijos de las víctimas) y las indemnizaciones que deberían recibir, la fiscal antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, ha solicitado que se incluyan en la causa nuevos testigos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que intervinieron en operaciones en las que se vieron involucrados barcos pesqueros de Maza Ruiz anteriores al naufragio. El armador fue detenido en junio de 2020 en el marco de la operación Matraca, relacionada con una red de tráfico de hachís que empleaba varios barcos de pesca. La primera fase de dicha operación tuvo lugar el 17 de octubre de 2019, con la intervención de 1.180 kilos de hachís en un pesquero, el Felipe Maruja, amarrado en el puerto de Algeciras. El patrón, el armador y los cinco tripulantes del pesquero, fueron detenidos. Tras salir de la cárcel en libertad provisional por la muerte en 2020 de los seis tripulantes del barco algecireño y tráfico de drogas, Maza Ruiz fue detenido de nuevo en 2023 como responsable de las 2,4 toneladas de droga halladas en el Arcángel San Rafael. La defensa ha intentado también, sin éxito de momento, invalidar la geolocalización que se realizó por parte de las Fuerzas de Seguridad de estas embarcaciones. Como en el caso de las escuchas y la grabación en el coche, entienden que no se ajustaron a lo que dice la ley. El tribunal admitió también la inclusión de un informe pericial presentado por la defensa.

Tras admitir todas estas nuevas pruebas, Nieves Marina dio por suspendida la sesión de este martes, que estaba reservada para las declaraciones de los acusados, ya que todos ellos se acogieron a su derecho a hacerlo en la recta final del juicio una vez oigan los detalles que se expongan en su contra.