Juicio por narcotráfico en Algeciras

Viviendas, parcelas y coches: el rastro que sentencia a un narco y sus seis testaferros

  • La sección algecireña de la Audiencia condena por blanqueo a siete personas a penas que suman 14 años de cárcel, a entregar bienes valorados en 517.000 euros y a multas por 930.000

La sección algecireña de la Audiencia Provincial. La sección algecireña de la Audiencia Provincial.

La sección algecireña de la Audiencia Provincial. / Erasmo Fenoy

Viviendas en Algeciras y Marbella, un local comercial y varios vehículos de alta gama usados indistintamente. La vida que llevaban N. H. M. y varias personas de su entorno llamó la atención de la Guardia Civil, que no encontraba una correlación entre los ingresos percibidos y los bienes de los que hacían ostentación. Especialmente los de N. H. M., narcotraficante condenado y considerado jefe de una organización criminal por la Audiencia Nacional. El Instituto Armado tiró del hilo que ha llevado a la condena de siete personas por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La suma total de las condenas dan como resultado catorce años de cárcel, bienes que deben entregar por valor de 517.000 euros y multas por 930.000.

La ostentación que N. H. M. hacía de sus coches fue su perdición y el primer indicio de que tenía un patrimonio procedente de una actividad delictiva desconocida hasta el momento. Un Mercedes, un BMW, dos Audi y un Mini Cooper conformaban su particular flota a nombre de otras personas, pero en la que el condenado figuraba como tomador del seguro y en la que, según comprobaron los investigadores, las revisiones y reparaciones necesarias eran abonadas por el condenado principal.

No era el único bien que estaba disfrutando sin estar vinculado legalmente a él. La Guardia Civil comprobó que su domicilio habitual, en Getares, no estaba a su nombre, sino al de su tía, que lo había comprado por 54.000 euros, 10.500 de ellos en efectivo. Pero era el condenado el que la usaba y quien había pagado las reformas hechas en la vivienda. Sí constaba en la escritura de otra vivienda, adquirida junto a la que era su esposa en Marbella con una garantía hipotecaria de 180.000 euros.

Un local en el edificio comercial Las Palomas, figuraba a nombre de su hermano, aunque después se comprobó que el condenado había pagado los 72.121 euros que costó su adquisición. También abonó los 60.000 euros en efectivo de una finca en San Roque que puso a nombre de su pareja, aunque dos meses después esta finca fue vendida.

Tras realizar diferentes indagaciones, periciales y documentales, los investigadores se encontraron con este patrimonio en manos de personas que carecían de los recursos económicos suficientes para su adquisición.

Tampoco los tenía N. H. M.: tenía un lavadero de coches y un negocio de hostelería de "escasa actividad" que no justificaba los pagos que había realizado. Estos se habrían hecho con las ganancias obtenidas con el tráfico de drogas por este, que había sido condenado en varias ocasiones: por dos delitos de tráfico de drogas, por falsificación de documento público y por tenencia de arma prohibida. Los restantes acusados accedieron a figurar como titulares de los bienes enumerados para evitar que pudieran ser decomisados como efectos procedentes de un delito.

El juicio llegó los pasados días 8 y 9 de mayo. En la primera de las sesiones, N. H. M. negó ser el propietario de los bienes o haberlos pagado. Varios acusados restantes reconocieron que el primero había abonado los bienes, pero negaron saber que el dinero provenía de actividades ilícitas. Su hermano se negó a declarar y su tía sí que admitió que sabía la procedencia del dinero.

En la segunda de las sesiones, la historia cambió por completo. Todos y cada uno de los acusados reconocieron los hechos que se les imputaban después de una conversación de las defensas y el fiscal para intentar en la medida de lo posible reducir las penas. La investigación, muy completa, les encaminaba a la condena. Precisamente, hace unos días el ponente del caso y presidente de la sección algecireña, Manuel Gutiérrez Luna, remarcaba "lo importante que es reforzar la investigación en los casos de narcotráfico, ir más allá de las detenciones, investigar en profundidad para llegar hasta la condena por blanqueo".

La sala condenó a los siete acusados por el delito de blanqueo de capitales con la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por el retraso sufrido en la fase de instrucción, al estar paralizadas las actuaciones sin justificación entre febrero y noviembre de 2017. Para N. H. M., se impone una pena de 2 años y 9 meses de prisión y multa de 600.000 euros, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Para los otros seis condenados, las penas de prisión para cada uno son de 1 año y 9 meses de prisión. Además, M. A. G. R., deberá pagar una multa de 100.000 euros; H. A. B., 80.000 euros; M. P. B. G., 50.000 euros; A. F. M., 30.000 euros; R. A. M., 90.000 euros y Y S. F. H. M, 60.000 euros. En total, los 930.000 citados. Los cinco últimos han sido condenados también a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

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