Para cuando aún estaba pendiente el supuesto reparto provincial de las cantidades expresadas en el capítulo anterior, así como la construcción de los tan necesarios puentes sobre los ríos más caudalosos de la comarca, el consistorio algecireño había procedido durante aquel tercer trimestre del segundo año liberal a realizar el reparto de tierras dentro de su jurisdicción, como así recoge en siguiente documento: “La representación hecha por el Ayuntamiento de Algeciras, sobre el acuerdo [...] de 4 de enero, con motivo del reparto que hizo de la Dehesa de Las Abiertas, se acuerda se tenga dicho acuerdo para cuando el Gobierno devuelva el expediente remitido por dicho Ayuntamiento”. Por su parte, los munícipes algecireños, ante posibles exigencias de la administración, tras el susodicho reparto resuelven comunicar a las instancias liberales de la provincia: “Se acuerda pase a la Comisión de Justicia [...] que darán parte de los abusos que noten en la Administración de las rentas públicas y de las infracciones de Constitución”.

De regreso al siempre controvertido asunto del control sobre las propiedades eclesiásticas, desde el juzgado de nuestra ciudad se informa: “El juez de primera instancia de Algeciras manifiesta que practicará las más exquisitas diligencias para averiguar las propiedades de las monjas de Santa Clara de Gibraltar”. También por aquellos días en los que se realizan desde instancias judiciales “exquisitas diligencias” para averiguar los bienes eclesiásticos de la monjil orden domiciliada en la colonia británica, también se recibe el siguiente comunicado de gran importancia para el ya por entonces fondeadero local: “Según oficio del Comandante de Marina avisa que ha dado las disposiciones necesarias para que no permitan la salida de buques extranjeros con carga de sal para puerto alguno del Reino”. Demostrando la gran actividad de nuestro futuro puerto a pesar de sus, por entonces, pobres infraestructuras y poco calado. Recordemos como en capítulos anteriores se recogía: “El Ayuntamiento de Algeciras a través de sus síndicos solicitan al jefe político del Partido la habilitación del Puerto para la entrada de buques de América y del extranjero”.

En otro orden de asuntos y relacionado con el contingente de quintas, el jefe subalterno del Partido recibe el siguiente escrito para ser remitido a la Comisión que trataba de afrentas y vilipendios: “A la de Agravios. La solicitud de Gaspar Amaya, quinto del contingente de Algeciras, pidiendo se obligue a su hermano Antonio a servir en el ejército, respecto á que á él le cupo la suerte de soldado que el exponente tomó sobre sí bajo condiciones que aquel no ha cumplido”. Enfrentamientos familiares aparte, en aplicación de la figura de “la sustitución” en el servicio de las armas, comentar que por aquellos días el algecireño y liberal Lorenzo Parra fue elegido diputado provincial por la circunscripción del Partido de Algeciras en sustitución del conocido progresista Joaquín Abreu.

Gaspar Amaya, quinto del contingente de Algeciras, pide que se obligue a su hermano Antonio a servir en el ejército

Este nuevo diputado era familia de Diego Parra, persona muy conocida en los ambientes marineros cercanos a la zona de La Marina por patronear el místico Sn Joaquín y Sta. Ana, cuya propiedad ostentaba Diego María Cueto, avecindado como el anterior, en nuestra ciudad. Este barco, como se recogió en entregas anteriores, estuvo envuelto en el pasado en un abordaje que protagonizaron “24 individuos armados, cada uno con un par de pistolas, un trabuco y un sable [...] llevándose 70.000 rv que traía en efectivo”.

Al mismo tiempo que el político local Parra se hacía con un escaño en la liberal institución provincial, en el Ayuntamiento de la calle Ancha se registra el siguiente escrito: “Instancia de Juan Garrido Ramírez que solicita establecer una Academia de dibujo en esta ciudad”. El Ayuntamiento acordó en sesión plenaria, siguiendo las directrices emanadas de órganos superiores: “Que debe protegerse todas las artes, siempre que tenga medios de hacerlo; más para promover la felicidad pública deberá fijarse, esencialmente, en proteger la industria que facilite y aumente los productos de nuestro privilegiado suelo”. Al parecer, la actividad artística no gozaba de la misma protección política liberal que otro tipo de actividades, como por ejemplo, la promoción de la agricultura, “primero comer, luego filosofar”.

Juan Garrido Ramírez solicita establecer una Academia de dibujo en esta ciudad

Una vez observado el bajo aprecio, en aquel momento de penuria, a la actividad artística por parte de los liberales de la provincia, un espinoso tema vuelve a ponerse sobre la mesa del subjefe político del partido de Algeciras: “En vista de la representación dirigida al Augusto Congreso relativa a la división de terrenos de las poblaciones de Los Barrios, Algeciras y Sn Roque, se recuerda lo acordado en fecha 5 de Mayo del presente”.

En aquel acuerdo, reseñado en anteriores capítulos, estableciéndose: “Examinado detenidamente el informe evacuado por el jefe Político de Algeciras, sobre división de términos entre Algeciras, San Roque y Los Barrios, y mediante a que el artículo tercero del decreto de las Cortes de 4 de Enero de mil ochocientos trece, previene que en la enajenación de los terrenos serán preferidos los vecinos de los pueblos en cuyos términos existan y los comuneros en el disfrute de los mismos baldíos [...] pues no especificándose si los términos han de ser jurisdiccionales o territoriales, y no habiendo más que una clase de ellos entre los tres pueblos [...] no es dado a decidir otra cosa que la prescrita en el mencionado artículo; esto es que por los términos jurisdiccionales se habrán de guiar los Ayuntamientos para la formación de los expedientes [...] acordándose se manifieste al Sr. jefe Político de Algeciras, para que lo haga cumplir á los respectivos Ayuntamientos”. Las altas instancias liberales se vuelven a colocar de perfil ante la renovada reivindicación de los únicos consistorios del Partido que en aquella época se asomaban a la bahía.

Extracto que hace referencia al barrio de la Concepción en Algeciras.

Dejando de lado las plurales reivindicaciones municipales, el consistorio algecireño singularmente solicitará ayuda económica mediante oficio para: “Satisfacer los gastos que se ocasionan en las funciones nacionales de Iglesia”. Obteniendo como respuesta de las altas instancias liberales provinciales: “Los gastos hechos o que se hagan por disposiciones civiles deben ser costeados del caudal de Propios en las funciones de Iglesia; los que podrá datar legalmente, siempre que sea de reglamento o mandadas ejecutar por la superioridad”.

También, y dentro de la limitación competencial del cabildo algecireño, se volverá a solicitar: “Permiso con el que establecer un arbitrio con el que cubrir 15.648 rv. que se adeudan a Dn Manuel Miciano, Regidor que fue en el año 1819 por los suplementos en la construcción del puente en que estuvo comisionado para abrir paso sobre el río de la Miel entre la ciudad y el barrio llamado de La Concepción (banda sur del río, dentro de la popular Villa Vieja), no existiendo competencias para convenir arbitrio indeterminado, y en caso de que la Corporación municipal proponga alguno admisible [...] se elevará a las Cortes para que con su aprobación pueda establecerse”. Manuel Miciano era padre de la algecireña Rosa Miciano, rica heredera de 25 años, soltera y “honesta” (sic), que a los bienes de su padre sumó los recibidos, años antes, de quién fuera su padrino bautismal, el presbítero de la Iglesia Parroquial de la Palma, Dn Francisco Miguel, quién a su vez los había recibido de Esteban Huguet, vecino que fue de Buenos Aires, quedando la hija del regidor que propició el citado puente como única propietaria de toda aquella gran fortuna.En otro orden de asuntos, dentro de las competencias del jefe subalterno del Distrito, se encontraban las periódicas visitas de inspección como la que sigue: “El jefe Político Subalterno del Partido de Algeciras, informa sobre las escuelas de aquel Partido que ha visitado, su estado de adelantamiento, reforma que necesitan y justos motivos para suspender al maestro de la de San Roque [...] Remitiéndose al jefe Superior Político el oficio y certificación que acompaña, para que si lo tiene a bien, lo remita al Gobierno para su resolución”.

Y mientras los colegios del partido esperan la respuesta del Gobierno central para la resolución de sus grandes problemas de subsistencia, en nuestra ciudad y en el ámbito del orden público se documenta judicialmente: “Dn Sebastián de Tapia, de esta vecindad, dice que se principió causa criminal de oficio contra Dn Francisco de León por heridas leves a Miguel y Juana Corrales, también de esta vecindad, y habiendo formado instancia para que lo excarcelen se accedió a ella debiendo de pagar, juzgado y sentenciado, la expresada fianza, y recibe en fiado al citado como su carcelero comentariense, en quién desde ahora se constituye [...] obligándose cuando se le requiera a restituirlo a la cárcel Nacional de donde lo recibe”.

Al mismo tiempo que el algecireño Sebastián de Tapia se convertía en garante del presidiario Francisco de León, un simple oficio del Yntendente (sic) acompañado del original que le pasaron los secretarios de las Cortes, tendrá una gran importancia para el desarrollo económico y control entre la colonia británica y la comarca: ”Proposición que hizo el Sr. Diputado José Moreno Guerra para que se declare a Ceuta puerto franco pasando su Aduana delante de Gibraltar [...] acordándose pasará a la Comisión de Comercio para su dictamen”. Por aquellos días durante los cuales se pretende aumentar el control sobre la verja gibraltareña, el juez interino de primera instancia del Partido de Algeciras, envía oficio a la Audiencia Territorial para participarle: “El perjudicial atraso que sufren las causas criminales de este juzgado”.

El diputado José Moreno Guerra solicita que se declare a Ceuta puerto franco pasando su Aduana delante de Gibraltar

Siguiendo con temas judiciales, el jefe subalterno del Partido algecireño, propone a su inmediato superior mediante oficio: “La necesidad de que se nombre Juez de primera instancia para este Partido y que se separe la cárcel de dicha ciudad”. Esta última sugerencia, de ser aprobada liberaría al consistorio local del mantenimiento de la hasta entonces como era habitual en el resto de poblaciones prisión municipal. La propuesta reseñada nace de los ayuntamientos del distrito, entre ellos lógicamente el algecireño, como lo demuestra otro oficio que la misma autoridad emite semanas después, cuando: “Los Ayuntamientos de Algeciras, San Roque y Castellar, exponen la imposibilidad en que se hallan para suministrar socorros a los presos de sus jurisdicción”. Aunque el centro carcelario de referencia era el de Algeciras, colaboran cuando pueden el resto de los consejos en el sufrido gasto del mantenimiento de los reos, tal como lo expresa el siguiente oficio donde los Ayuntamientos expresados informan de: “Imposibilidad de suministros a los presos de la Ciudad cabeza de Partido”. De regreso al contexto judicial, se remite a las autoridades liberales provinciales solicitudes para ocupar plazas de procuradores en nuestra ciudad presentadas por: “Dn Manuel Delgado, Dn Diego Carrasco, Dn José María Ortíz, Dn Lorenzo Arata, Dn Manuel Ruíz, Dn Antonio Blanco, Dn Juan de Dios Puche, Dn Francisco Romero, Dn Francisco Gómez y Segura, Dn Joaquín Barrones, Dn Francisco Adalid Fortolero y Dn Cristóbal Conejo y Romero.

Acompañado de los informes dados por el Ayuntamiento de Algeciras, y que ha evacuado el Juez de primera instancia de aquel Partido, y que en concepto a lo que resulta de ellos y a las noticias que ha adquirido acerca de las calidades que concurren en dichos individuos se acuerda se prefieran para los cuatro oficios de procurador que únicamente debe haber en aquella ciudad á Dn José María Ortíz, Dn Lorenzo Arata, Dn Joaquín Barranco y Dn Cristóbal Conejo y Romero; y en su consecuencia se remita al Gefe Superior Político las solicitudes de los expresados individuos con los informes del Ayuntamiento y el que sobre todo dio el Juez de primera instancia a fin de que se sirva dirigir a la Audiencia Territorial para que este negocio tenga el curso que corresponde”.

Y tras comprobarse la afinidad correspondiente, observada a través de la documentación enviada por las instituciones reseñadas, se prosiguió con “el negocio en el curso que corresponde”. La limpieza ideológica, como en el pasado ocurriese con la de sangre, se había verificado.