Algeciras

Luis Ángel Fernández declarará como investigado por el fraude en la estiba

  • El presidente de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar comparecerá ante la juez el 2 de abril

  • Anticorrupción se aparta al no apreciar vínculos entre los delitos y la actividad política del número dos del PP algecireño

Luis Ángel Fernández, en un Pleno municipal. Luis Ángel Fernández, en un Pleno municipal.

Luis Ángel Fernández, en un Pleno municipal. / Fran Montes (Algeciras)

La investigación por el presunto fraude en la estiba de Algeciras tuvo ayer dos novedades importantes. La primera fue que el presidente de la Mancomunidad Municipios del Campo de Gibraltar y teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de Algeciras, Luis Ángel Fernández, fue citado a declarar junto a otras diez personas en calidad de investigadas por su presunta vinculación con el supuesto cobro de comisiones a cambio de puestos de trabajo en los muelles.

Esta decisión fue tomada por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, que instruye las diligencias correspondientes sin el concurso ya de la Fiscalía Anticorrupción -segundo hecho relevante- que se ha apartado del caso al no apreciar por el momento la comisión delitos relacionados con el ámbito de sus actuaciones. Es decir, los indicios delictivos existentes en relación con el presidente de la Mancomunidad serían ajenos a su actividad en las administraciones públicas. Luis Ángel Fernández comparecerá ante la juez el próximo 2 de abril

Como adelantó esta redacción, la Policía Nacional detuvo en la tarde del pasado 28 de diciembre a Ángel Fernández, hijo del político, por su presunta implicación en una trama fraudulenta de venta de empleos en el Puerto de Algeciras, unos hechos que desde 2017 viene investigando el cuerpo policial.

La red habría venido ofreciendo a más de un centenar de personas la posibilidad de lograr puestos de trabajo como estibadores a cambio de mordidas que, por lo general, oscilaban entre 15.000 y los 30.000 euros. El sindicato Coordinadora, mayoritario en la estiba española, alertó en marzo de 2018 públicamente de la existencia de una trama de estafadores en Algeciras.

La detención de Ángel Fernández se produjo después de que la Policía Nacional acumulase multitud pruebas incriminatorias, tanto a través de pinchazos telefónicos como de seguimientos físicos, y tras tener la certeza de que se disponía a abandonar el país de forma urgente ante las amenazas que estaba recibiendo por parte de muchas personas que, pese a haber pagado la comisión, no habían logrado el empleo prometido.

En dos de las grabaciones en poder de la Policía, Ángel Fernández aseguró a sus respectivos interlocutores que, en el caso de que no poder facilitar un trabajo en la estiba, su padre le colocaría en la empresa municipal de basuras de Algeciras, Algesa, de la que Luis Ángel Fernández es consejero delegado en calidad de segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras y responsable del área de Limpieza de la ciudad.

Ahora la juez llama a declarar como investigado al también presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Su hijo sigue en prisión, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por su defensa contra la prisión sin fianza. El juzgado ha citado también como investigada a la madre del joven y ex esposa de Luis Ángel Fernández, una reputada abogada algecireña.

Anticorrupción se aparta

La retirada de la causa de la Fiscalía Anticorrupción es un dato no menor porque indica que las investigaciones policiales realizadas hasta el momento no han hallado vínculos entre el fraude en la estiba y la actuación política de Luis Ángel Fernández. Es decir, no existen pruebas de que las promesas de colocación en Algesa hechas por Ángel Fernández a sus interlocutores fuesen reales o estuviesen amparadas o fueran conocidas por su padre.

Tanto fuentes de la Fiscalía como de la Policía corroboraron ayer a esta redacción esta tesis, si bien el procedimiento judicial sigue adelante. En cierto sentido, las tareas de investigación policial después de dos años han llegado a un punto muerto y la jueza ha decidido poner sobre la mesa las cartas boca arriba llamando a declarar a los presuntos pagadores de las comisiones para que expongan en sede judicial su versión de los hechos.

Estos últimos lo harán en calidad de investigados, como copartícipes del presunto delito, no como víctimas, consideración esta última que la Policía quería darles para tratar de obtener así testimonios incriminatorios contra los responsables directos del fraude. La diferencia es clave: como investigados pueden negarse a declarar o incluso mentir para su defensa, mientras que como víctimas comparecerían como testigos y, por tanto, obligados a decir la verdad.

Al retirarse la Fiscalía Anticorrupción, el caso ha pasado a ser llevado directamente por el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros.

La citación de Luis Ángel Fernández como investigado, al igual que la de su ex esposa, tiene al menos una doble lectura. La primera y más trascendente es que la juez, de quien ha partido la decisión de tomarle testimonio al margen de la Fiscalía, considera que existen indicios suficientes para vincularle a un delito, ya sea corrupción entre particulares o quizá de encubrimiento.

La lectura más benévola para el veterano político sería que la juez quiera mantener ante todo las garantías procesales y evitar que, caso de declarar como testigo y decir verdad, no se le pueda imputar a posteriori por haber forzado una suerte de autoinculpación.

La citación de Luis Ángel Fernández llega en un momento más que complejo para quien es, de facto, el número 2 del Consistorio algecireño. Su declaración judicial se producirá en plena elaboración de las candidaturas para las elecciones municipales, lo que compromete su inclusión en la lista del PP. De hecho, la juez lo ha citado a declarar el mismo día que se convocarán las elecciones municipales del 26 de mayo.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, con la colaboración decisiva del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional y la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco).

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