Algeciras

Interior no renueva el convenio sanitario con la Junta desde 2014

  • Institutiones Penitenciarias admite que no cumple el cupo de sanitarios en la cárcel, pero cree que la atención está "normalizada"

La Guardia Civil controla a los visitantes en el Centro Penitenciario de Botafuegos en una imagen de archivo.

La Guardia Civil controla a los visitantes en el Centro Penitenciario de Botafuegos en una imagen de archivo. / e.s.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) ha admitido en un escrito remitido al Defensor del Pueblo Andaluz que no cumple con el cupo de sanitarios establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Centro Penitenciario de Botafuegos, pero entiende que -con los que hay- "se puede dar una asistencia médica normalizada a los internos".

La oficina de Jesús Maeztu cerró hace unos días una queja, formulada a instancias de un sindicato penitenciario, sobre la falta de cobertura de recursos personales y materiales para la prestación de servicios sanitarios en la prisión algecireña. En ella muestra su confianza en que el Ministerio del Interior cumpla con medidas "para la puesta efectiva de personal necesario para atender los servicios sanitarios que le competen". Instituciones Penitenciarias afirma que Botafuegos cuenta con un subdirector médico y cinco médicos. Según la RPT debería haber nueve. La SGIP explica que hubo un médico interino de cupo nombrado hasta el pasado 16 de mayo. Además, subraya que tramitó procedimiento de nombramiento de tres médicos por acumulación de tareas, por un periodo de seis meses, pero la primera convocatoria de julio de 2017 quedó desierta. A continuación, manifiesta que en la actualidad la prisión algecireña dispone de un supervisor de enfermería y doce enfermeros. También explica que contrató un enfermero interino por cupo que estuvo nombrado hasta el pasado 26 de enero. "Con dicho personal se puede garantizar el funcionamiento normalizado de la asistencia sanitaria", continúa.

La RPT de Botafuegos no contempla un especialista en PsiquiatríaLa oficina de Maeztu cree que la situación en Algeciras es reflejo de un modelo caduco

Respecto a los auxiliares de enfermería reconoce que faltan tres puestos por cubrir. Dos plazas vacantes, argumenta, fueron ofertadas en concurso de traslados de personal laboral convocado por la Resolución de 20 de junio de 2017 de la Dirección General de la Función Pública. Una de las vacantes quedó desierta y la otra está en plazo posesorio para su ocupación.

La SGIP matiza que la mayoría de los centros penitenciarios, como es el caso del de Algeciras, no tienen en su Relación de Puestos de Trabajo un psiquiatra. Dicha atención corre a cargo de los servicios de salud de la Comunidad Autónoma. En Botafuegos, relata, hay psiquiatras externos en calidad de consultores como apoyo a los profesionales penitenciarios, que atienden a los enfermos mentales sobre las bases de un programa de atención integral.

En el expediente del Defensor del Pueblo Andaluz, la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía explica que desde enero de 2014 no existe un convenio con Instituciones Penitenciarias "por causa imputable al Ministerio del Interior". Por esto, los internos con derecho a asistencia del Sistema Sanitario Público de Andalucía quedan en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. "Sin embargo se están manteniendo las formas especiales de actuación y colaboración que se recogían en el convenio firmado en 1995, aunque no esté en vigor".

La Junta explica que está atendiendo siempre que puede, dentro de las cárceles, aquellas especialidades con más alta frecuentación, como es el caso de Psiquiatría y Medicina Interna. "Estos desplazamientos se realizan con carácter voluntario, especialmente complejo de desarrollar al no existir convenio que permita la regularización de este tipo de asistencia".

Según la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, las carencias de Botafuegos corresponden a una "situación más general y previa, cual es el modelo caduco y agotado del sistema de sanidad penitenciaria" que denunció en el Informe Especial sobre las Unidades de Custodio Hospitalaria, presentado en el Parlamento de Andalucía.

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