Vecinos de Tarifa denuncian el vallado de un paso público a la playa de Los Lances usado durante 50 años

La plataforma ciudadana Tarifa no se vende ha denunciado públicamente el cierre de un acceso histórico a la playa norte de Los Lances. El motivo de la controversia es el vallado de la antigua parcela del Ministerio de Defensa situada junto al barrio Don Juan de Austria, frente al paseo marítimo, un espacio que durante más de medio siglo ha sido utilizado por residentes y visitantes como paso peatonal y aparcamiento vecinal.

La parcela en cuestión —con una superficie de 670 metros cuadrados— fue adjudicada en subasta pública por el Invied (Instituto para la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa) en marzo de 2025 a una empresa privada. Desde entonces, los nuevos propietarios han comenzado las obras de cerramiento, impidiendo el acceso directo a la playa y generando un profundo malestar entre la población local.

Un uso público consolidado durante décadas

Para los vecinos del barrio Don Juan de Austria, este acceso no es un simple atajo: forma parte de la memoria urbana del barrio y del día a día de quienes viven en la zona. Durante décadas, este espacio ha funcionado como punto de tránsito natural hacia el mar y como área de aparcamiento para residentes.

La plataforma ciudadana considera que el vallado supone un ataque frontal a un derecho consolidado por el uso y al principio constitucional de acceso libre al litoral. "Convertir un espacio público de hecho en un recinto privado sin información ni transparencia supone una vulneración del interés general", han declarado desde Tarifa no se vende en un comunicado.

Dudas sobre la legalidad del cierre

Uno de los puntos centrales de la denuncia se refiere a la posible existencia de servidumbres públicas de tránsito que deberían proteger el paso peatonal. La Ley 22/1988 de Costas establece que el acceso al mar es un derecho público y que deben respetarse las servidumbres de paso, especialmente cuando existe un uso histórico documentado.

Tarifa no se vende reclama tanto a la Demarcación de Costas como al Ayuntamiento de Tarifa que aclaren si, antes de autorizar el vallado, se han revisado los informes técnicos correspondientes y si se han tenido en cuenta las obligaciones legales en materia de dominio público marítimo-terrestre.

"Exigimos saber si se ha evaluado el impacto del cierre sobre el acceso al litoral y si se han respetado los derechos vecinales acumulados durante décadas de uso ininterrumpido", señalan desde la plataforma.

Exigencias de transparencia y revisión inmediata

La organización ciudadana ha formulado tres peticiones a las administraciones competentes:

• Revisión inmediata de la legalidad del vallado, con suspensión cautelar del cerramiento hasta que se esclarezca la situación jurídica de la parcela.
• Publicación de los informes urbanísticos y de Costas que hayan servido de base para autorizar la obra, garantizando la transparencia del proceso administrativo.
• Garantía de mantenimiento del tránsito peatonal mientras se resuelve el conflicto, asegurando que los vecinos puedan seguir accediendo a la playa por esta vía histórica.