La Policía Local de Tarifa ordena apagar la música en varios chiringuitos por exceso de ruido en la playa

Tarifa intenta bajar el volumen. El pasado martes, 22 de julio, en plena temporada alta y con las playas repletas, la Policía Local intervino en varios chiringuitos de Los Lances y Valdevaqueros para exigirles que apagasen la música o suspendieran las actuaciones en directo al superar los límites de ruido permitidos. En uno de ellos, situado en el paseo marítimo, y en una terraza del polígono de La Vega incluso precintaron los equipos de reproducción.

La medida se enmarca dentro del cumplimiento de la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica, pero ha caído como un jarro de agua fría entre los empresarios del sector, que ya han solicitado una reunión urgente con el Ayuntamiento para aclarar la situación y tratar de mantener a flote sus negocios.

La Policía Local ha informado en sus redes sociales de que durante este mes de julio ha procedido al precinto de los equipos de reproducción musical de cuatro establecimientos del por cometer "infracciones reiteradas" al emitir música careciendo de autorización administrativa. Además de los dos precintados el martes, hay otros dos locales situados en el centro que también se han quedado sin música.

La actuación policial no es puntual ni anecdótica. Se produce en un contexto de creciente presión sobre el litoral tarifeño, donde la música amplificada se ha convertido en protagonista de las tardes y noches de verano. La denuncia presentada por Agaden-Ecologistas en Acción el pasado 24 de junio ante la Dirección del Parque Natural del Estrecho, difundida por Europa Sur, ha vuelto a poner el foco en un fenómeno que se repite cada año: conciertos y sesiones de DJ en la misma franja de costa protegida donde anidan especies amenazadas y donde, en teoría, rige la ley del silencio ambiental.

Música sin papeles

Según el colectivo ecologista, varios establecimientos en las playas de Bolonia, Los Lances y Valdevaqueros ofrecen música amplificada “perfectamente audible a larga distancia” sin contar con la preceptiva autorización. Recuerdan que la mayoría de estos chiringuitos disponen de licencia como bar o restaurante, pero no como sala de fiestas ni bar musical, por lo que para instalar altavoces o contratar actuaciones deben tramitar permisos específicos que, en muchos casos, brillan por su ausencia.

“La normativa es clara, aunque a veces la música la tape”, ironiza un portavoz de Agaden. Lo cierto es que la legislación vigente —desde la ordenanza municipal hasta el Plan de Ordenación del Parque Natural— prohíbe expresamente las actividades que alteren “las condiciones de sosiego y silencio” en estos enclaves protegidos. La infracción no es menor: según el Decreto 155/2018 de la Junta de Andalucía, celebrar espectáculos públicos sin permiso puede conllevar sanciones de más de 30.000 euros.

Tensión entre el ocio y la ley

El conflicto se sitúa en el corazón mismo de la identidad veraniega de Tarifa: cómo equilibrar la diversión que busca el turista con la conservación del medio ambiente y el respeto a la legalidad. El teniente de alcalde y concejal de Turismo, Jorge Benítez, admitía recientemente en declaraciones a este periódico que “un año más, nos ha pillado el toro”. Reconocía no saber si los chiringuitos implicados han solicitado los permisos pertinentes, porque “eso depende de otra oficina”, y proponía como solución a medio plazo que Tarifa elabore su propia ordenanza para regular la actividad específica de estos negocios, como ha hecho el Ayuntamiento de Rota.

“Deberíamos poner el debate sobre la mesa”, dijo Benítez. “Tarifa es un destino turístico y la gente quiere diversión. Pero también estamos en un Parque Natural. Todos tendremos que ceder”.

Las competencias municipales

La actual ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica otorga al Ayuntamiento amplias competencias para velar por la salud pública y el derecho constitucional a la intimidad personal y familiar, adoptando medidas de control y sanción. Según este marco legal, el Consistorio puede ordenar inspecciones, imponer restricciones, exigir medidas correctoras y revisar licencias. Incluso puede suspender temporalmente los objetivos de calidad acústica si existen circunstancias especiales que lo justifiquen.

Pero los empresarios reclaman certezas. Piden al Ayuntamiento una reunión aclaratoria que les permita conocer con exactitud qué está permitido y qué no, y bajo qué condiciones. Sobre la mesa está también la promesa incumplida de la Junta de Andalucía de organizar un encuentro informativo con la Federación de Empresarios de Tarifa, planteado en febrero y nunca celebrado.

En los papeles, la norma es clara: en las playas de Tarifa, la música no entra en el guion. En la práctica, cada atardecer suena como una fiesta. Desde los altavoces, el chill-out se mezcla con las gaviotas. Desde la arena, los carteles de conciertos florecen como margaritas mientras el expediente sancionador espera en el cajón. Y en medio de todo, la disyuntiva: cumplir la ley o dejar hacer el agosto.