Parte de la malagueña Sierra Bermeja ha ardido por segunda vez en apenas diez meses. En un escenario casi calcado al del primer incendio: jornada con fuerte viento de terral que propicia temperaturas extremas y dos focos iniciales distintos en zonas de difícil acceso. Las llamas se propagan a gran velocidad y el abrupto paraje impide a los efectivos forestales controlarlas con rapidez. Las consecuencias: miles de personas desalojadas y un paisaje de hectáreas calcinadas en unos terrenos de alto valor ecológico. Además del riesgo para los servicios de extinción. Tres bomberos han resultado heridos en esta ocasión. Uno pereció en el del pasado mes de septiembre. Y unos costes millonarios para las cuentas públicas que rara vez la Junta da a conocer con exactitud. Si se confirma, como en la primera ocasión, la autoría intencionada de la catástrofe, en teoría, resulta casi imposible evitar que cualquier desalmado se adentre en un monte y le prenda fuego. Es cierto que Andalucía alberga la mayor masa forestal protegida de España. Terrenos públicos y privados. Este último incendio se desencadenó en una finca del fallecido ex líder libio Muamar el Gadafi. Había proyectadas casi dos mil viviendas. Pero hay que preguntarse qué labores de prevención se han realizado para reducir el riesgo de que pudiera repetirse un siniestro similar al del año pasado. En este caso, antes incluso de comenzar el verano. No se trata de anunciar refuerzos al Plan Infoca, aunque tratar con justicia a unos trabajadores que exponen sus vidas es una reivindicación necesaria. En un incendio de esta magnitud, si la meteorología no ayuda, la suma de efectivos no implica una rápida extinción. Los expertos ya vienen advirtiendo de que hay que compensar la reducción de las labores de pastoreo y la ganadería para evitar que el monte andaluz acumule una ingente masa de combustible vegetal. En caso contrario, el bosque arde con facilidad. Apagar no es sinónimo de éxito sino de fracaso.