Al sur del sur

Javier Chaparro

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Grande-Marlaska y el principio de autoridad

El ministro del Interior ignora que la gangrena invade buena parte del cuerpo social del Campo de Gibraltar

Fernando Grande-Marlaska, durante la entrevista, ante los carteles de diversos colectivos ciudadanos en la asociación de vecinos Los Toreros, en Algeciras.

Fernando Grande-Marlaska, durante la entrevista, ante los carteles de diversos colectivos ciudadanos en la asociación de vecinos Los Toreros, en Algeciras. / Erasmo Fenoy

El primer e inexcusable paso para afrontar cualquier patología es realizar un diagnóstico acertado sobre lo que le ocurre al paciente para, a continuación, aplicar el tratamiento adecuado. Sorprendentemente, y pese a sus visitas y relación con el Campo de Gibraltar, el ministro Grande-Marlaska ignora que una buena parte del cuerpo social de la comarca más al sur de Europa sufre una severa gangrena por la actividad creciente e imparable de las mafias del narcotráfico. Por más que las autoridades policiales y judiciales hayan descabezado una y mil veces esas redes, una y mil veces han renacido como una hidra maldita.

Los asesinatos en Barbate de los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel Gómez son el penúltimo ejemplo de que las autoridades no pueden dar por ganado el pulso ante las bandas criminales, empezando por el ministro del Interior. ¿Alguien puede dudarlo después de que dos grupos de salvajes tratasen el pasado viernes de echar literalmente abajo la puerta del cuartel de la Guardia Civil en Barbate? Mientras el titular de Interior niegue que el problema no va a más y no actúe en consecuencia de acuerdo al diagnóstico real, las bandas criminales seguirán creyendo que pueden campar a sus anchas.

La receta la sabemos de memoria porque la repiten desde hace años los jueces y fiscales; los mandos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de Aduanas que pisan el terreno y que ven cómo los suyos se juegan el tipo; los sindicatos y las asociaciones vinculados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los colectivos antidroga de la comarca: leyes más contundentes, refuerzos de las plantillas policiales, más y mejores medios para que estas puedan hacer su labor, dotar a la Justicia de nuevos juzgados, incentivos... Y recuperar la autoridad, perdida por el ministro desde la fatídica noche del 9 de febrero.

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