El ministro de Fomento se ha visto forzado a dar marcha atrás en su intento de sacar adelante por las bravas el decreto-ley de reforma de los servicios de estiba. En un primer momento dijo que la aprobación de la norma se retrasaba una semana, pero a los pocos días guardaba el texto en el cajón. Hasta nuevo aviso. Con escasa capacidad de persuasión, Íñigo de la Serna ha hecho mutis por el foro y ha dejado que la papeleta se la resuelva alguien mucho menos bisoño que él en materia de diálogo social como es la ministra de Empleo, Fátima Báñez, una veterana con peso específico en el Gobierno de Rajoy, al que llegó hace cinco años.

El escenario de la negociación ha cambiado por completo. La fuerte contestación al proyecto de decreto-ley provocó no solo el rechazo de los estibadores, con la ralentización de la actividad en los muelles y la convocatoria de tres jornadas de huelga que hubieran tenido unas consecuencias nefastas, sino también de buena parte del empresariado -disconforme con las formas empleadas-, de los partidos de la oposición y de los responsables de las autoridades portuarias, a quienes se ha mantenido inexplicablemente al margen de todo el proceso.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) obliga a liberalizar los servicios de carga y descarga de mercancías y eso impide que el decreto-ley, tal y como pedían los estibadores, garantice la continuidad de sus contratos, pero cuestión aparte es si empresas y trabajadores alcanzan acuerdos particulares para dar estabilidad a los empleos. Y esa parece ser la solución. El primer compromiso mutuo en este sentido se alcanzó con las dos terminalistas de Algeciras y se extendió posteriormente a otras 44 empresas. Falta que se sumen el resto y el compromiso formal de la patronal Anesco con los estibadores. Obviamente, la ministra Báñez carece de competencias para forzar a que unos y otros se pongan de acuerdo, pero su autoridad puede y debe ser clave para actuar como mediadora y alejar por completo la sombra de la inestabilidad en los puertos.

De la Serna, entre tanto, deberá trabajarse el respaldo de los grupos parlamentarios para poder convalidar el decreto-ley en el Congreso antes de que el TJUE dicte una segunda sentencia que suponga sancionar a España con 134.000 euros diarios por mantener la estiba como el único sector profesional que funciona como un coto cerrado. Las legislaciones aprobadas en otros países de la UE que han pasado por parecidas circunstancias le pueden servir de ejemplo. Las leyes se presentan y aprueban con el fin de poner solución a los problemas de un país, no para empeorarlos o generar otros nuevos. Que tome nota el ministro. A buen fin no hay mal principio.