HAY motivos sobrados para estar expectantes en este arranque de 2020, por no decir intranquilos. El acuerdo de mínimos firmado por PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez como presidente deja muchas incógnitas y no gusta a nadie, entre los que incluyo en cierta medida a sus firmantes: por mucho que se diga lo contrario, los independentistas no han conseguido garantía alguna para la celebración de un referéndum por la independencia, mientras que el PSOE está obligado a buscar la cuadratura del círculo a fin de compaginar su compromiso de respeto a la Constitución con su promesa de un diálogo bilateral con Cataluña. Hay también, con todos los matices que se quieran, tres buenas noticias a raíz de la investidura: se evita el bochorno de unas terceras elecciones generales, se abre una mesa de diálogo que apaciguará durante un tiempo la algarada catalana y el bloque independentista queda fracturado de forma seria, puede que definitiva, con la ruptura de ERC y JxCat, con los radicales de la CUP como tercera fuerza.

No es ajeno el Partido Popular a todo lo que está ocurriendo, como no lo fue tampoco Ciudadanos en el inexplicable bloqueo en la pasada legislatura, que acabó precipitando el adiós a la política de Albert Rivera. Pablo Casado ha confiado su futuro político a hacer una oposición frontal al PSOE, aunque como partido con experiencia de Gobierno y ante las tensiones nacionalistas, se hubiera agradecido por parte del líder de los populares un rol más activo que el de mero espectador desde la barrera, esperando el hundimiento definitivo de Cs y a que los socialistas caigan también víctima de un derrote.

Por lo que se refiere a Andalucía, a partir de ahora será clave el papel que juegue el Gobierno de Juanma Moreno como muro de contención ante decisiones que puedan dañar los intereses de la comunidad autónoma. Igualmente relevante será la tarea de los diputados y senadores socialistas, con hilo directo con el Ejecutivo para alertarle de los posibles desequilibrios territoriales. En estas semanas hemos escuchado las demandas de autogobierno de los catalanes, de los vascos para elevar su grado de competencias, de los gallegos para frenar la despoblación, de los valencianos para que la inversión estatal se equipare a su peso poblacional y de los cántabros para que el AVE llegue al Sardinero. Hasta las peticiones de Teruel, con 130.000 habitantes, han logrado más consideración en los medios de comunicación nacionales que las de los 8,4 millones de andaluces. Qué decir de las del Campo de Gibraltar...

En el caso de la comarca, los retos que tenemos por delante son inaplazables. Paliar los efectos del Brexit, agilizar las obras de la Algeciras-Bobadilla, mejorar las conexiones del Puerto de la Bahía de Algeciras y reforzar el Plan Especial de Seguridad exigen del compromiso del Gobierno de la nación. El PSOE y Unidas Podemos tienen la oportunidad y la obligación de demostrar en los próximos Presupuestos Generales del Estado que los compromisos alcanzados con sus múltiples aliados en el Congreso son equiparables al que tienen con Andalucía, siempre decisiva y pieza clave desde aquel 28-F de 1981 en la construcción de un Estado de las autonomías con café para todos. Les conviene no olvidarlo.