Una comisión enviada por el Gobierno español examinará la próxima semana en Tampa (Florida, Estados Unidos) el cargamento que la empresa Odyssey Marine Exploration extrajo en la operación denominada Cisne Negro, la del polémico tesoro valorado en unos 370 millones de euros. Con las conclusiones y los resultados que puedan conseguir los miembros de este grupo de expertos España podría hacerse una idea exacta del origen del botín para confirmar o no que se trata de patrimonio nacional.

El director del Museo de Arqueología Submarina y Centro de Investigaciones Subacuáticas (Arqua), Rafael Azuar, será uno de los representantes de España en la comisión, según indicó ayer La Opinión de Murcia. Azuar, que participará en la misión en su doble condición de presidente del Consejo Nacional de Patrimonio y como director del Arqua, formará un grupo en el que figura un equipo jurídico experto en patrimonio que encabeza el abogado James Goold; la directora del gabinete de Numismática y Medallística del Museo Nacional de Arqueología, Carmen Alfaro; y la subdirectora adjunta de la dirección general de Patrimonio, Elisa del Cabo.

Una de las hipótesis con las que viaja la comisión es que Odyssey recuperó el tesoro de aguas internacionales, como siempre ha defendido la compañía, pero de un galeón español, en concreto el Nuestra Señora de las Mercedes, hundido frente a las costas del Algarve portugués en 1804.

El juez federal de Florida Mark A. Pizzo ordenó en enero a la empresa cazatesoros revelar a España toda la información concerniente a la operación Cisne Negro. El Gobierno, a través de su letrado, precisamente James Goold, reclamó hace tres semanas que la compañía no había proporcionado todos los detalles que exigía, por lo que el tribunal dictó un nuevo requerimiento a la empresa de exploración submarina.

Mark A. Pizzo pidió a las partes litigantes que resolvieran sus diferencias sobre las pruebas compartidas relativas al pecio hallado supuestamente en aguas del Atlántico. Fuentes del Ministerio de Cultura español precisaron en su día que estas diferencias se referían al tipo de formato de la información que Odyssey debía entregar al Gobierno español.

En plena enésima polémica, la de comienzos de marzo, Odyssey garantizó que ya obraba en manos del Estado español las coordenadas exactas del tesoro y las listas de objetos recuperados por la compañía, así como numerosas fotografías y vídeos de los yacimientos arqueológicos descubiertos.