¿Cuál diría que es la clave en este anteproyecto?

–Una de las cuestiones esenciales de esta propuesta, que ha procurado aplicar los parámetros del Convenio de Estambul, es que cambia la perspectiva. El Convenio de Estambul pone el acento en el hecho de que los actos de contenido sexual se llevan a cabo sin el consentimiento: mientras que, hasta ahora, se subrayaba la violencia, la intimidación, el engaño... En este aspecto, es completamente distinto. Pero vaya, que esta actualización es una obligación que asumió un gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy. Hay que poner en valor el hecho de que estamos en un país con una Pacto de Estado contra la Violencia de Género, apartado del cual se pueden considerar una modalidad específica la violencia sexual.

–Un Pacto de Estado del que se desmarcó Podemos, que ahora desarrolla esta ley.

–Y es legítimo preguntarse por qué. Ocurre que la abstención de Podemos no fue porque estuviera en contra de la unidad contra la violencia de género, sino porque consideraba que la partida presupuestaria era insuficiente para todo lo que se planteaba en ese momento.

–Lo que se ha dado a conocer de este anteproyecto de Ley de Libertad Sexual ha causado gran polémica, por diversas razones.

–Al volver a casa este martes, todas las radios hablaban del tema sin conocer de lo que se hablaba, aunque luego algunos fueron matizando. Es señal de que el texto se estaba usando como arma arrojadiza contra el actual gobierno de coalición. Yesto es lo que me causa más alarma:quiero pensar que se observe el mismo celo y revuelo cuando se revisen el delito de sedición o los delitos medio ambientales, que son otras parcelas que se van a reformar. Si no es así, es para pensar qué estamos haciendo con las libertades sexuales.

–Se destacaba que el texto contempla la reducción de las penas por el delito de violación, ¿es así o hay malinterpretación?

–En el fútbol, el central puede ser todo lo bueno que quieras que, si los demás no apoyan, es como si nada. Me explico:esta Ley pone en marcha políticas de tratamientos y de sensibilización que pretenden reducir la violencia sexual. Para los casos en los que se cometan atentados contra la libertad sexual, con penas que van hasta los diez años. Si vas sumando agravantes, pueden llegar a veinte. Veinte años es la pena que tiene el delito de homicidio. Venimos de un ordenamiento heredero de los códgigos penalesdel siglo XIX, en los que la libertad sexual, realmente, era la honra: se focalizaba en la penetración. Por eso están tan castigadas determinadas modalidades en la Ley de la Libertad Sexual. Pero hay un montón de delitos que ven aumentar sus penas: y que, de hecho, son los más frecuentes y los que menos se denuncian. Las penas en estos casos han sido elevadas considerablemente. Nos tenemos que mover en una sociedad moderna. en resumen, hay una bajada mínima en una de las penas contra la libertad sexual, frente a un batallón de medidas que pretenden coartar la cultura del abuso.A mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo respecto a este tema el pin parental. Creo que cualquiera puede estar de acuerdo en que, para luchar contra la violencia de género y sexual, las políticas de prevención son esenciales, que un adulto pueda darle a una tecla y evitar que un niño y una niña pueda participar en conocer preceptos esenciales sobre igualdad o de prevención de violencia minimiza lo que cualquier ley pueda hacer.

–Desde el PSOE, se señalaron fallos técnicos en el texto entregado –choque competencial, por ejemplo, con la Ley del Menor–. Desde Podemos, se dijo que esto no era más un intento de “torpedear” el proyecto.

–Ni soy político ni he estado en la reunión entre partidos. Desde el punto de vista de la técnica penal, no hay errores:yo soy catedrática, tengo cuatro sexenios de investigación. Ni Patricia Faraldo ni yo somos novatas en esto. De hecho, no es la primera vez que entramos a hacer una propuesta. Hemos respetado escrupulosamente los principios. Nuevamente, espero que cuando se presenten otras propuestas de reforma del código penalencontremos el mismo escenario.

–Uno de los puntos que más se ha discutido es el del acoso callejero, que pasa a ser delito leve. “Ya no se va a poder decir ni un piropo”.

–Esta propuesta regula la libertad sexual de todas las personas, hombres y mujeres. No se está hablando de coartar, sino de que no nos damos cuenta de que hay comportamientos en la calle que son comportamientos muy graves. No es un “guapa”:estamos hablando de comportamientos persecutorios o frases soeces que, sin ser constitutivas de coacción o de trato degradante, hacen que muchas mujeres tengan miedo cuando van por la calle. Hay mujeres que también dicen que les alegra el día un piropo, pues muy bien, no estamos hablando de eso. Se está ridiculizando un poco el problema real. El código penal tenía fisuras delictivas a las que se podía recurrir: ahora, probablemente, lo que se hace es poner de manifiesto que el Código tiene instrumentos para proteger a las mujeres que van solas por la calles.

–Esta es una semana en la que se ha conocido que las denuncias por violación han aumentado significativamente en la provincia de Cádiz, por ejemplo.

–Llevo mucho tiempo resaltando la importancia de contar con una encuesta de victimización. Dentro de las agresiones sexuales, un gravísimo problema es que no existe una estadística policial coherente. Una de las partes de este anteproyecto que probablemente será muy eficaz es aquella que intenta coordinar los estudios estadísticos. Es necesario que haya balances sobre criminalidad que incluyan las agresiones sexuales colectivas y las analicen, porque esta tipología precisamente no ha sido objeto de atención para las estadísticas oficiales. Además, aunque mejoremos la estadística, siempre va a haber hechos constitutivos de agresiones sexuales, de amenazas de contenido sexual que no se denuncian: una cifra oculta de criminalidad donde las entrevistas te pueden dar muchos más datos que las denuncias. Toca ahora hacer una macroencuesta al respecto. Datos como los que comentas vienen a subrayar -justo después de la sentencia del Arandina, además– que la amenaza penal no funciona, en la línea que comentaba, mientras sigamos frenando políticas preventivas, como ocurre con el pin parental.