La Junta de Andalucía acompañará finalmente al Ayuntamiento de Chiclana en el recurso de casación frente a la sentencia del TSJA que anulaba el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad el pasado mes de febrero. Así lo ha anunciado la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al letrado del Ayuntamiento, Carlos Jesús Pérez, y al jefe de la Asesoría Jurídica de la Delegación Municipal de Urbanismo, Francisco José Roncero. “El pasado 15 de julio este Ayuntamiento presentó el escrito de preparación del recurso de casación y solo dos días después hizo lo propio la Junta de Andalucía”, ha expresado Ana González, quien ha recordado que “la anulación del PGOU, que se nos notificó el pasado mes de marzo, no es firme, por lo que el Plan General sigue vigente en la actualidad”.

“Tras recibir la notificación de la sentencia del TSJA, tanto equipo redactor, como técnicos municipales y Junta de Portavoces llegamos a la conclusión de presentar, por un lado, este recurso de casación y, por otro, el inicio de un nuevo Plan General para mayor seguridad”, ha recordado la delegada de Urbanismo, quien ha indicado que, “en el caso del recurso de casación, éste fue adjudicado a la Universidad Carlos III de Madrid, a través de su Estudio Jurídico, que se ha encargado de su redacción”.

Asimismo, la delegada municipal de Urbanismo ha recalcado que “hablamos de un documento de planeamiento con todos los informes favorables y con un procedimiento de evaluación ambiental que nos marcó la Junta de Andalucía”. “Por ello, nos alegra que finalmente la Junta de Andalucía haya decidido acompañar al Ayuntamiento de Chiclana en el recurso de casación y, por tanto, todos vamos a una”, ha manifestado Ana González. A este respecto, cabe recordar que, según han explicado fuentes municipales en varias ocasiones, la Junta había dejado clara su postura de no acudir al recurso de casación de la mano del Consistorio, una decisión que, finalmente, parece haber reconsiderado.

Por su parte, Carlos Jesús Pérez ha destacado que “el PGOU de Chiclana tiene una aprobación bifásica y que termina con la aprobación definitiva por parte de la comunidad autónoma de Andalucía”. “Una vez se aprobó definitivamente, se presentaron 20 recursos contra el Plan, de los que actualmente están en trámite 12, y se han producido nueve sentencias”, ha explicado el letrado del Ayuntamiento, quien ha aclarado que “ahora estamos en la voluntad de la Corporación Municipal de defender el Plan y de acudir a la vía del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que primero debe admitir el recurso y posteriormente tomar una decisión al respecto”.

“Tenemos la importante noticia de que la Junta de Andalucía también defiende la resolución que aprueba el Plan y, por tanto, también acude al recurso de casación”, ha expresado Pérez, quien ha añadido que, “como letrado, me sabe muy mal que se hable de que el Plan ha sido tumbado, porque al no ser firme la resolución, lo único que expresa es la opinión de una sala y eso requiere más debate. Además, solo tenemos la primera resolución y solo esperemos que el Tribunal Supremo ahonde más en esa reflexión jurídica tan importante”. “La Junta y nosotros también entendemos que no debe caer un Plan entero por una sola parte, teniendo que volver a la casilla de salida”, ha comentado el abogado municipal, quien ha mostrado su confianza “en tener una resolución favorable. Aún queda mucho por delante e iremos informando al respecto”.

Finalmente, Francisco José Roncero ha destacado que “esta sentencia es una manifestación de la crisis del derecho urbanístico que existe, lo que no significa que haya que tener miedo a esta cuestión”. “El Ayuntamiento ha tramitado el Plan General siguiendo la legislación aprobada por el Parlamento de Andalucía, por lo que no somos nosotros quienes pueden determinar qué Ley es aplicable o no, para eso están los jueces”, ha expresado el jefe de la Asesoría Jurídica de la Delegación de Urbanismo, quien también se ha mostrado partidario de que “haya una modificación legislativa, con el objetivo de que un Plan General no sea anulado en su totalidad por una sola parte, sino que se pueda corregir esa única parte”.