Prejubilados de Navantia del grupo de técnicos superiores reclaman que la empresa reconozca su condición de personal afecto al convenio colectivo y les abone el complemento de jubilación. La Justicia en distintas instancias, entre ellos el Tribunal Supremo (TS), les ha dado la razón y confirma que están amparados por el convenio.

En torno 25 de antiguos trabajadores de los astilleros de San Fernando están inmersos en esta situación y esta mañana parte de ellos se han concentrado en las inmediaciones del Navantia Training Centre, en el polígono de Puente de Hierro, para exigir que la compañía cumpla. Son empleados que accedieron a la empresa como aprendices o en las categorías de operarios, técnicos de oficina y técnicos titulados de grado medio y ascendieron a técnicos superiores, y que salieron anticipadamente de sus puestos en una medida ligada al plan estratégico. En total, también con los que siguen en activo, suponen unas 160 personas entre Ferrol, Cartagena, las oficinas centrales de Madrid y San Fernando. En La Isla son unas 45, hasta 24 despedidos al cumplir los 61 años antes del 31 de diciembre de 2022.

"Pertenecemos al convenio, cosa que la empresa nos ha negado tras el ascenso a la categoría de técnico superior", explica uno de los afectados, Juan Antonio Pecci. "En 1999 cuando se hizo el primer expediente de regulación de empleo que afectaba a técnicos superiores como nosotros la empresa llegó a un acuerdo. En el siguiente expediente en 2004 se presentó una demanda en Ferrol porque la empresa en principio tampoco quería negociar con ellos aunque se alcanzó a un acuerdo antes de llegar a juicio", expone. 

El colectivo considera, y así les ha dado la razón los tribunales, que no forman parte de los trabajadores excluidos del convenio que se refiere a "ingenieros, arquitectos y técnicos superiores contratados como tales", lo que no es su caso que ascendieron durante su carrera profesional. Con el paso a este grupo profesional la empresa los excluyó de la póliza que garantiza el complemento de jubilación.

Madrid, Ferrol y San Fernando han recibido el apoyo del Supremo, y se sigue pendiente de la sentencia sobre Cartagena, después de que los juzgados de lo social dieran la razón a los afectados en las distintas provincias, así como los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad.

El grupo lamenta que la empresa siga negándose en este caso a pagarles el complemento de jubilación con distintos argumentos. Por un lado, replica que estos trabajadores no tienen contrato en vigor, algo que se señala en el convenio colectivo para percibir este capital. Sin embargo, no lo ha exigido para abonarlo a los trabajadores de otras categorías, operarios, técnicos de oficina y técnicos titulados de grado medio, solo a los demandantes (técnicos superiores ascendidos). Tampoco a quienes de su categoría salieron prejubilados en los ERE de 1999 o 2004. Por otro, arguye que a estos trabajadores no se los incluyó en los expedientes de regulación de empleo como beneficiarios de este derecho. 

El presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta -que los acompañaba en su protesta junto a otro responsable sindical-, puntualiza que en las negociaciones se optó por dejar a este grupo fuera de esas garantías al estar judicializado el tema. "La empresa ha actuado de manera torticera, con mala voluntad. Pero viene de más atrás. En 2012 los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prohibieron la aportación a pólizas de seguros de jubilación, pero ya en 2014 lo permitió y la empresa siguió sin hacer esas aportaciones. En diciembre de 2018 en la firma del plan estratégico tuvieron que librar 138 millones de euros a cuenta de esas pólizas que siguen en remanente para ir cubrir las garantías de todos los trabajadores. La empresa busca una solución con una propuesta para los que estamos en activo para racionalizar, es decir, restar e ir a peor y nos hemos negado en rotundo", explica.

"Se estaba negociando el plan estratégico, siempre se dice que se negocia con buena fe de las dos partes, la empresa y la parte social, y no se incluyó nuestro grupo en el acta de finalización del ERE del 30 de abril de 2019 porque no querían interferir en el proceso judicial. Pero tampoco se ha recogido en el acta de la segunda fase del ERE cuando ya había sentencias del Supremo a nuestro favor. Entendemos que ha habido mala fe por parte de la empresa", afirma Pecci.

Por eso, se ha pedido a la comisión de seguimiento que se reuniera y tratara este asunto, pero no se ha llegado a ningún acuerdo ni siquiera a través del servicio de mediación gallego. La empresa ha vuelto a recurrir a los tribunales para no abonar el complemento y por el momento un Juzgado de lo Social de Madrid le ha dado la razón al remitirse a la literalidad del acta del ERE. "En las reuniones se habló y la empresa decía que estaba judicialmente en curso, por eso se decide retirar. En ningún ERE se incluyen los prejubilados, ni en 1999 ni en 2004. Se firmaba otro acta posterior para dar el complemento de jubilación a estos compañeros. Ahora la empresa ve que el montante económico es superior y no quiere hacerle frente", aclara Jesús Peralta.

"Le pedimos a la nueva directora de Recursos Humanos que a la vista de las sentencias que tenemos a nuestro favor den una solución al colectivo, frente al gasto de dinero público en abogados y procesos que están haciendo", finaliza el portavoz del colectivo.