La diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, ha registrado una moción en la Diputación Provincial de Cádiz por la que solicita a esta institución que se adhiera a la Declaración de Emergencia Climática, que implique “compromisos políticos reales y vinculantes”, así como “un plan de acción vinculante capaz de garantizar las reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, de cara a limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 grados centígrados”. Álvarez entiende que la Diputación de Cádiz “se debe comprometer a iniciar un proceso de transformación económica y social” para lograr una serie de objetivos en materia de sostenibilidad energética.

 En este sentido, la moción que defenderá IU contempla un extenso paquete de medidas encaminadas a lograr resultados de ahorro y de un consumo energético sostenible en la provincia de Cádiz y tiene como pilar la concienciación de la ciudadanía.

De esta manera, la proposición contempla acciones como que “se establezcan los compromisos políticos, dictar las normativas y desplegar los recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero de al menos el 40 % no más tarde de 2030, para poder conseguir el balance neto de cero emisiones en 2040”.

De igual forma, plantea que se trabaje en el abandono progresivo de los combustibles fósiles, llegando a un 42% de cuota de energías renovables en el año 2030. Para ello, la moción demanda a la Diputación la “elaboración, aprobación y ejecución de un Plan Provincial Contra el Cambio Climático, al que está obligado por la Ley Andaluza de Medidas frente al Cambio Climático”. Propone IU el fomento del autoconsumo eléctrico con renovables, así como una movilidad sostenible lo ante posibles, creando espacios peatonales, además de “conservar y proteger la naturaleza especialmente en la franja litoral y poner en marcha campañas de reforestación, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, asegurar el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones renovables, crear espacios educativos y de información a la población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo y vertido cero, afianzar la compra pública sostenible o evitar los bancos con los que trabaja la Diputación que financien proyectos basados en combustibles fósiles”.

La diputada de IU solicita, asimismo, que se avance, entre otras medidas, hacia “una economía local y de proximidad, que impulse la soberanía alimentaria, la agricultura y ganadería ecológicas y evite el derroche de alimentos” y se inicie “la necesaria adaptación de los municipios a la crisis climática, con las consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la escasez de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y otras manifestaciones del calentamiento global”.

 Álvarez entiende que “la Diputación Provincial de Cádiz puede desempeñar un papel clave en la formación, educación, sensibilización y acción sobre el necesario freno a las emisiones, realizando una obligada adaptación a las consecuencias más nocivas del incremento de la temperatura global”, para lo que debe “asumir compromisos de reducción de CO2 de al menos un 40% para la próxima década, como han acordado ya ayuntamientos de la provincia como los de Cádiz, Puerto Real o San Fernando, algo que además, es un imperativo ético”, concluye.

Un convenio para el arreglo del Camino de Rijerta que une Sanlúcar y Chipiona

Izquierda Unida defenderá también en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz una moción en la que advierte de la peligrosidad del Camino de la Rijerta o Reyerta entre los términos municipales de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, por lo que solicita que se inste desde la institución provincial a la Junta de Andalucía a la elaboración de un convenio con los ayuntamientos implicados para el arreglo y reasfaltado de dicho camino.

Carmen Álvarez, apunta que el camino en cuestión es “una vía pecuaria que hace tiempo que dejó de cumplir su función, usada a diario por los agricultores y los residentes de la zona que no dejan de alertar sobre el estado lamentable e intransitable que presentan algunos tramos de los 2.200 metros que van desde la playa hasta la carretera A-480”. Así, la diputada y portavoz municipal de IU en Sanlúcar, afirma que se trata de una importante vía de comunicación entre las dos poblaciones y el diseminado que existe en el entorno” y detalla que “en la zona de la rotonda del Cojo Frascuelo, que es donde se encuentra la conexión de la A-480 con el camino de la Reyerta, existe un tramo de 4,5 m de ancho donde han tenido lugar numerosos accidentes”.

Según detalla la proposición, los regantes y los vecinos han formulado todo tipo de peticiones y acciones ante el Grupo de Desarrollo Rural de la Costa Noroeste hoy ya disuelto, así como ante la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, “sin obtener noticias positivas del arreglo de este camino a pesar de las promesas de distintos responsables políticos”.

Señala además, que la Disposición Adicional Segunda del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su primer párrafo que las vías pecuarias afectadas por obras públicas ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, establece que estas vías no deben considerarse como suelo de especial protección, y por ello necesitan exclusivamente una autorización de la Consejería competente en esta materia para acometer el reasfaltado de un camino que transcurre por dominio público pecuario, por lo que IU entiende que “es el único requisito para que se lleve a cabo esta demandada obra que dificulta la tarea diaria de vecinos y agricultores de la comarca”.